El Gobierno estudia todos los escenarios que puedan producirse ante la posibilidad de que el juez Ruz y la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, decidan la puesta en libertad de Luis Bárcenas en fecha inminente, de acuerdo con fuentes próximas al caso. Se trataría de una resolución que producirá repercusiones políticas importantes, en unos momentos en los que la corrupción ha vuelto a ocupar la primera línea de la actualidad.
La opinión del Ejecutivo es que la Audiencia no podrá mantener a Bárcenas entre rejas durante demasiado tiempo a la espera de juicio. Por cinco veces se le ha negado la excarcelación desde que entró en prisión, en junio del pasado año. Ruz ha rechazado una y otra vez las demandas de la defensa del ex tesorero del PP ante el riesgo evidente de fuga del imputado, así como la poca colaboración que ha venido prestando a lo largo de la instrucción.
Apoyo de la Fiscalía
La última solicitud de excarcelación se produjo el 17 de septiembre de este año, ya que la Sección correspondiente de la Audiencia, encargada de revisar estos recursos que afectan al supuesto entramado de corrupción en el partido en el Gobierno, además del consabido riesgo de huida del país, añadía que en caso de ser puesto en libertad "le resultaría fácil seguir manejando otros negocios, cuentas o sociedades todavía desconocidas". Este mismo criterio es el que ha venido sosteniendo la Fiscalía, que tampoco se ha mostrado favorable a la posible salida de la cárcel a la espera de que se celebre el juicio. Hace unos días, precisamente, se descubrió una nueva cuenta secreta de Bárcenas, esta vez oculta en Bermudas y a la que se habrían transferido 175.000 euros.
Pero en el Gobierno se da por hecho que la instrucción del caso 'Gürtel', con su pieza específica sobre el ex tesorero y la contabilidad en B del PP, ha experimentado un acelerón en las últimas fechas que pueden traducirse en un cambio de criterio del magistrado. Ruz ha movido varias piezas esta semana última con decisiones importantes en el caso que salpica directamente al PP. Decidió imputar a Ángel Acebes por su responsabilidad en el pago en B en la compra de unas acciones de un grupo de comunicación. Horas más tarde hizo lo propio con José Manuel Molina, presuntamente relacionado con la supuesta adjudicación irregular de una contrata de limpieza a cambio de unos fondos por parte de la empresa seleccionada. Una decisión que se adentraba en el territorio de Dolores Cospedal, la secretaria general del partido ya que supuestamente esta aportación se utilizó para sufragar los gastos de su campaña electoral, algo que el partido siempre ha negado en forma radical. Finamente, el instructor reveló en un auto emitido el pasado viernes que el PP había pagado las obras de remodelación de otras dos plantas de su sede en Génova con dinero negro en cantidad que asciende a 750.000 euros.
La instrucción avanza
El juez Ruz avanza en sus trabajos sobre el caso. En el Gobierno se da por hecho que plantea ultimar la instrucción que ya se ha prolongado durante cinco años, antes de que tenga que abandonar el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia, donde se encuentra en comisión de servicios desde mayo de 2010, a la espera de que la plaza sea ocupada por un nuevo titular. Cabe la posibilidad de otra prórroga, decisión que habría de tomar el CGPJ, o que Ruz retorne a su juzgado en Móstoles.
Al margen de lo que ocurra con el juez que más titulares acapara informativamente en las últimas semanas, dada la importancia de los casos que instruye, en fuentes del Gobierno se plantea la posibilidad de que entre los pasos próximos que dará el magistrado esté conceder finalmente la pronta excarcelación a Luis Bárcenas, habida cuenta del tiempo que ya ha pasado en el centro penitenciario y ante la próxima conclusión de la fase de instrucción de este asunto.
En medios gubernamentales se trabaja con esta tesitura, que seguramente se concretaría antes de fin de año y que provocaría sonoras reacciones en el ámbito político. Una variable que, sin duda, se sumaría a las numerosas incidencias de índole judicial que alteran la actividad del partido en el Gobierno, sacudido por la evolución de unos sumarios sobre diversas actuaciones que tuvieron lugar en el pasado.
