La consejera andaluza de Presidencia e Igualdad y próxima jefa del Ejecutivo autonómico, Susana Díaz, ha recalcado estos días, a la espera de ser investida el próximo 7 de septiembre, que su primera gran tarea será elaborar el Presupuesto regional para el próximo año, algo cuya dificultad ha calificado de “evidente" por cuanto el Gobierno de Mariano Rajoy, a su juicio, “nos ha sometido a un reparto injusto del objetivo de déficit en 2014”. Sin embargo, a la vez que pronunciaba estas palabras y se reunía con el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, para trazar las líneas maestras de unas cuentas andaluzas que deberían ser austeras, su mismo Ejecutivo las engordaba, evidentemente, por el lado del gasto, con otro polémico desembolso.
En concreto, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo acaba de iniciar la contratación de un servicio de viajes y alojamiento para personal de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), entidad pública que coordina las embajadas o delegaciones comerciales de la Junta en el extranjero. Según reza en la letra pequeña del contrato, éste consistirá en la “gestión de reserva, emisión, modificación, anulación en su caso y entrega de billetes de transporte aéreo, terrestre y marítimo, alojamiento y alquiler de vehículos, que resulten necesarios con motivo de los desplazamientos y estancias que Extenda considere conveniente”.
El Gobierno andaluz también suele contratar a empresas de publicidad para que presten cobertura a determinados actos organizados en el extranjero por su Agencia de Promoción Exterior (Extenda)
El importe del contrato, cuya duración es de dos años, asciende a 1,5 millones de euros (IVA excluido), una cantidad cofinanciada en un 80% por Bruselas a través del FEDER (Fondeo Europeo de Desarrollo Regional) y el FSE (Fondo Social Europeo) para Andalucía en el periodo 2007-2013. Asimismo, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que enmarca esta operación en la idea de “favorecer el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, asistiéndolas de forma integral hasta consolidar su presencia en los mercados internacionales”, no sólo requiere la contratación de viajes y alojamiento, sino también la preparación de eventos.
Bajo el epígrafe “Servicio Complementarios”, también advierte a la futura empresa adjudicataria de que puede ser instada a proporcionar a Extenda la “organización de congresos, conferencias, seminarios, reservas de salas, contratación de catering, contactar con los ponentes para la reserva de alojamientos y billetes en función de sus necesidades, recibirlos en sus puntos de llegada y acompañarlos”. La firma candidata que resulta ganadora del concurso tendrán que esmerarse en esta última obligación, ya que la celebración de ferias y actos promocionales es una de las prácticas habituales de las embajadas andaluzas en el extranjero. Además, la Junta también suele contratar a empresas de publicidad (no agencias de viajes) para que presten cobertura a determinados actos en sedes de su diplomacia paralela.
En asientos VIP, excepcionalmente
Dejando la puerta abierta a vuelos privados y a la reserva de billetes en clase VIP, business o preferente, el Gobierno andaluz establece que “el viaje se realizará, de ser posible, y con carácter general, en vuelos, líneas o recorridos que tengan la condición de regular; para los desplazamientos en avión se utilizará, en todo caso, la clase turista o asimilada, salvo que excepcionalmente se autorice una clase superior”.
La Junta que Susana Díaz hereda de José Antonio Griñán, presidente saliente acorralado por la trama de los falsos expedientes de regulación de empleo, cuenta actualmente con embajadas en 14 destinos diferentes (México, Miami, Nueva York, Panamá, Santiago de Chile, Sao Paulo, Dubai, Shangai, Tokio, Casablanca, Bruselas, Londres, Moscú y Varsovia) y dos antenas de consultoría en Nueva Delhi y Argel. Andalucía es una de las comunidades autónomas que, a diferencia de otras, aún se resiste a integrar todas sus oficinas comerciales en el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) para ahorrar costes. La propuesta del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, sólo ha sido aceptada a medias por la Junta, que ha accedido a la reubicación de tres sedes (México, Tokio y Londres) en dependencias de las correspondientes embajadas españolas.