Pedro Sánchez acaba de anunciar una "gran" empresa pública para la gestión y construcción de vivienda. Una medida que pretende rebajar los precios del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda y que se convierte en la enésima propuesta del presidente del Gobierno para aliviar la tensión en torno al alto coste de los pisos en España. Una intención heredada de José Luis Rodríguez Zapatero, quien creó la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) en 2005, una entidad dependiente de Vivienda que acabó cerró por quiebra: le costó al Estado 54,17 millones de euros.

La SPA estuvo abierta durante ocho años y se dedicó a gestionar alquileres seguros: pagaba a los arrendadores una cantidad por debajo del precio de mercado, pero era un dinero seguro, ya que abonaba el precio acordado al dueño independientemente de que hubiese inquilinos en la vivienda. Una medida que causó expectación pero que acabó convirtiéndose en una ruina: entró en quiebra técnica en 2008 con un déficit de 21 millones de euros.

El Ministerio de Vivienda tuvo que rescatar a la empresa inyectándole 8,5 millones de euros. Después, la gestión no mejoró, ya que hasta su cierre en 2012 -con 174 pleitos sin resolver- acabó dejando un agujero superior a los 54 millones de euros. "Los recursos se agotaron rápidamente y Sepes tuvo que realizar aportaciones y préstamos participativos para mantener su equilibrio económico y financiero", desveló el Tribunal de Cuentas.

La empresa, una de las medidas estrella de Zapatero, no solo fue una ruina, sino que estuvo repleta de polémicas. Por ejemplo, 105 familias denunciaron que la SPA le subió, de forma unilateral, un 18,5% el alquiler por los "nuevos precios de mercado" que estimó la propia entidad. Después, dejó de pagar a los dueños que tenían los pisos desocupados en 2009 por decisión unilateral del Ministerio de Fomento -quien asumió la competencia en la segunda legislatura de Zapatero- debido a que la propia SPA reconoció que era "un gasto que no se podía mantener".

Una circunstancia que molestó a los propietarios, quienes vieron como el Estado cambió las condiciones de los contratos pese a que estos estaban en vigor, una ilegalidad que acabó en los tribunales. Hasta 2018, según el Tribunal de Cuentas, no se cerró la liquidación de la empresa y su extinción en el Registro Mercantil no se oficializó hasta 2019.

Ahora, Pedro Sänchez recupera la idea de una empresa pública para gestionar y construir vivienda. Con ella quizá podría acelerar la entrega de las 186.000 viviendas prometidas en la campaña de las últimas elecciones autonómicas de 2023. Año y medio después de aquello, el Estado tan solo ha entregado un 5,5% de aquellos pisos, siendo la gran mayoría procedentes de la Sareb, según cifras del Ministerio de Vivienda. Además, la iniciativa del organismo de ofrecer vivienda a los ayuntamientos para su compra se tornó en fracaso, ya que los municipios tan solo adquirieron 350 viviendas sociales de las 21.000 ofertadas.

Vivienda tampoco ha avanzado a la hora de movilizar las viviendas prometidas:en mayo de este mismo año, Isabel Rodríguez dijo haber movilizado 80.000, una cifra que no llega a la mitad del objetivo final y que son tan solo 9.000 más que las que ya movilizó el Gobierno en verano de 2023. Por lo tanto, este proceso va mucho más despacio de lo prometido -Sánchez quería llegar al objetivo al final de la legislatura- para consolidar la vivienda como "el quinto pilar del Estado de Bienestar". 

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