El asesoramiento verbal prestado por el exministro de Defensa Federico Trillo y el diputado popular Vicente Martínez Pujalte a una constructora ha abierto de nuevo el debate de la regulación de las reuniones que mantienen los parlamentarios con agentes de influencia. Este escándalo, por el que Trillo y Pujalte cobraron -según desveló Hacienda, y sin que exista justificante- 354.000 y 75.000 euros respectivamente, pone de manifiesto la necesidad urgente de avanzar hacia una mayor transparencia en los encuentros que celebran los diputados y senadores, así como una mayor exigencia en la solicitud de las compatibilidades. ¿El objetivo? Evitar los ‘conflictos de interés’.
Cuando parecía que el Gobierno de Mariano Rajoy se ponía las pilas para regular la agenda de los diputados, se rompieron las negociaciones y todo se quedó en agua de borrajas. En su propuesta lanzada a finales de 2014, en un intento por mostrarse más transparente, el Grupo Parlamentario Popular planteó “dotar de plena publicidad y transparencia a los encuentros de los diputados con los denominados grupos de interés” reformando el Reglamento del Congreso de los Diputados.
En su momento, el proyecto fue tildado de insuficiente y de “medida de mínimos” tanto por la oposición como por los expertos en el sector de los lobbies, dado que, aunque se consideraba un avance, se limitaba únicamente al poder legislativo, con lo que no se conocería la actividad de los lobbies desarrollada frente al Ejecutivo. Al final, ni siquiera esta propuesta salió adelante.
Pujalte: "Si tuvieran que salir informaciones de todas las reuniones que he tenido, se caería el ordenador"
Aunque entonces se mostraron optimistas y aplaudieron a medias el avance parcial, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) no cree ahora que la regulación de lobbies sea una materia que se vaya a abordar en esta legislatura. Sin embargo, la presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, confían en que en el futuro se acometa. “No creo que sea un problema de partidos políticos, sino de cultura”. Una opinión que también comparte Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid e investigador del fenómeno de los lobbies: “¿Por qué no se regulan? No es un tema prioritario. No hay un rechazo real de los partidos para regular el lobby, pero tienen la sensación de que el lobby no es un problema prioritario dentro del funcionamiento de la política en España”.
España suspende en la regulación de lobbies
En esta asignatura de los grupos de presión, nuestro país tiene un “merecido suspenso”: España tiene una puntiación de 21 puntos sobre 100. En su último informe Una evaluación del lobby en España: Análisis y propuestas, presentado esta semana, la organización Transparencia Internacional ha concluido que España suspende en tres aspectos cruciales del lobby: transparencia (10%), integridad (35%) e igualdad de acceso (17%). El estudio desentraña las prácticas del lobby y analiza los riesgos de corrupción asociados a la poca transparencia e inadecuada regulación de la actividad.
Según esta ONG, un 81% de los ciudadanos europeos cree que los vínculos excesivos entre negocios y política generan corrupción en su país. Transparencia Internacional también pide que se regulen las incompatibilidades de los diputados y senadores, así como los conflictos de interés. ¿Se conseguirá por fin una agenda pública? El pasado jueves el propio Pujalte ironizaba y reconocía que “si tuvieran que salir informaciones de todas las reuniones que he tenido estos cinco años, se caería el ordenador”.
