Parece que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido uno de los primeros sorprendidos con las nuevas revelaciones en torno a su antiguo tesorero Luis Bárcenas, el mismo al que mantuvo contra viento y marea durante meses mientras le acorralaban las sospechas por el "caso Gürtel". De esa sorpresa deberá reponerse para dar respuesta a los interrogantes que muy probablemente le plantee Alfredo Pérez Rubalcaba en la primera sesión de control al Ejecutivo tras las largas vacaciones parlamentarias. Por lo pronto, los socialistas han formalizado una petición de comparecencia urgente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique los efectos de su amnistía fiscal, entre otras cosas, si es verdad que el ex tesorero del PP se ha beneficiado de ella, como dice su abogado, para regularizar nada más ni nada menos que 10 millones de euros de una cuenta en Suiza.
Ayer mismo, el líder del PSOE denunció que no ha habido, a su juicio, una "explicación mínimamente coherente por parte de ningún dirigente de peso del PP de lo que es un hecho gravísimo que está creando una enorme alarma social". Al hilo de esta reflexión exigió a Rajoy que dé "explicaciones públicas y convicentes sobre qué sabía el PP de ese dinero, de su origen y de su uso, en su caso", petición que trasladará a sede parlamentaria.
Las vacaciones parlamentarias no terminan hasta el 12 de febrero, pero antes, los días 28 y 29 de este mes, la Cámara Baja celebrará un pleno extraordinario para tratar cuestiones referidas a la subida de la tarifa eléctrica, a la nueva cotización de las empleadas del hogar o la jubilación parcial. No esta contemplado incorporar para esas fechas una sesión de control al Gobierno, petición que van a formular los socialistas el próximo martes en la reunión de la Junta de Portavoces. De no aceptarse, la primera sesión de control tendrá que esperar a mediados de febrero, pero Bárcenas es una pieza demasiado valiosa como para que el PSOE la deje escapar por mucho tiempo que pase.
De momento, ayer Génova inisistía en mantener distancias con su antiguo tesorero y senador por Cantabria. Las revelaciones en torno a él "nos han pillado desnudos y sorprendidos" afirmaba a Vozpópuli de manera harto gráfica un alto dirigente de la dirección nacional. La consigna ayer pasaba por trasnmitir el mensaje de que entre esos 22 millones de euros "no hay un céntimo del PP". El partido "presenta sus números al Tribunal de Cuentas y estamos completamente fiscalizados" y eso se hace extensivo a todas las partidas económicas, incluida la que se creó "ad hoc" hace años para pagar seguridad privada a los concejales del País Vasco en plena arremetida de los asesinatos de ETA, puntualizó.
Frente a la tibieza de Génova, otros dirigentes del partido como Aguirre, Feijóo, Alonso o Cifuentes quieren que la justicia llegue "hasta el final"
La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer que las cuentas en Suiza del ex tesorero son "un tema particular" que "nada tiene que ver" con el PP, aunque asumió que hechos como éstos provocan indignacion ciudadana. Precisamente fue Cospedal, contra el sentir de buena parte del organigrama del partido, la que en su día defendió la adopción de medidas inmediatas contra Bárcenas en cuanto se conoció su supuesta implicación en el "caso Gürtel". Fue también muy combativa en su día contra Francisco Camps, pero en los dos casos se impuso el criterio de Mariano Rajoy de ralentizar dos situaciones que acabaron con ambos dimitidos y con Bárcenas hasta sin carné del partido.
Pero a la tímida respuesta de la dirección nacional del partido se contrapone la que han tenido otros dirigentes del partido, muy especialmente la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se ha declarado "indignada" por los casos de corrupción que manchan a los "políticos honrados" y ha exigido que se investiguen "a fondo, con celeridad y caiga quien caiga". Le han seguido otros como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, o la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, han pedido que la justicia investigue "hasta el final" y actúe en consecuencia. Feijóo denunció que se trataba de una caso lo "suficientemente grave para investigar y aclarar. Un caso grave requiere respuestas contundentes y clarificadoras", y aunque recordó que Bárcenas ya no está en el PP, admitió lo evidente, que "tuvo responsabilidades, eso sí". Alonso indicó que no van a atacar al juez, sino "animarle para que siga la investigación, salga todo lo que tenga que salir y todo el mundo asuma su responsabilidad". Además, Cifuentes cree que "Bárcenas tendrá que explicar de dónde procedía ese dinero y qué es lo que ha ocurrido con él".
