Un grupo político de Aldea del Fresno, Centro Reformista Democrático (CRD), ha presentado una demanda contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un presunto delito de prevaricación administrativa por no haber abierto expediente disciplinario por infracción urbanística muy grave contra Ibercamp S. A., la propietaria del camping Caravan Garden. La denuncia también incluye la falta de obras previas para recibir la licencia de funcionamiento, como una depuradora de aguas residuales, y por no haber ejecutado la Declaración de Impacto Ambiental.
El escrito presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) señala que se han entregado en el registro de la Puerta del Sol diversos documentos denunciando la situación y ha habido una pasividad de la Administración local y autonómica que podría entenderse como una presunta infracción del Código Penal tipificada y penada. Consideran que la falta de acción del Gobierno regional ha sido "deliberada y pertinaz en el tiempo por estar dentro de sus funciones la persecución de las infracciones administrativas". Considera que los dos gobiernos, local y autonómico, deberían haber puesto en conocimiento de la Justicia las irregularidades medioambientales que se vienen produciendo en este terreno desde hace años.
Depurar responsabilidades
Iván Gutiérrez, en representación del CRD, presento la denuncia ante el TSJM y pide que se restablezca la legalidad vigente en esa zona y que se depuren responsabilidades por los presuntos delitos contra el medio ambiente que se han venido cometiendo en el camping. Gutiérrez explica que el 10 de enero de 2017 presentó en el Registro de la Comunidad de Madrid un escrito para la obtención del certificado de acto presunto sin que se haya dado contestación a este petición.
Considera que la carencia de obras e infraestructuras necesarias para la declaración de Impacto Ambiental impide que se le de al citado camping la licencia de actividad. Y sin embargo, el negocio sigue funcionando. "Esta actitud supone que una actividad de 470 parcelas de camping esté funcionando sin la obligatoria depuradora de aguas residuales en un punto declarado Zona Especial de Protección de Aves (Zepa)".
Añaden los denunciantes que esta circunstancia se ha hecho saber con varios escritos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y a la alcaldía de Aldea del Fresno sin que hayan evitado que continúe la ilegalidad.
"Esta posición -añade la denuncia- supone una presunta infracción al Código Penal tipificada y penada deliberadamente y pertinaz en el tiempo, por estar dentro de las funciones de persecución de las infracciones administrativas y si éstas fueran de índole penal, dar traslado de las mismas a la Justicia".
Consideran que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde de Aldea del Fresno tienen conocimiento de estos hechos sin que se haya hecho nada en los últimos 18 meses para que se realice la Declaración de Impacto Ambiental. Tampoco se ha abierto expediente de disciplina urbanística "a pesar de que los hechos están tipificados como una infracción muy grave en la Ley del Suelo, lo que sanciona con multas de 600.001 a tres millones de euros".
Recuerda la denuncia que no se ha producido tampoco ningún embargo a la empresa Ibercamp, que es la que gestiona el camping. La declaración de impacto ambiental y un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga, según los denunciantes, a realizar obras en el camping que a fecha de hoy no se han iniciado.
El autor del documento insiste en que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento "han hecho dejación de funciones en cuanto a sus labores de vigilancia y control".
Imputados
Por otra parte, la Justicia mantiene imputados a casi una veintena de propietarios y al actual alcalde pues han construido en el camping casetas con ladrillo, piscinas y otras edificaciones prohibidas en un terreno protegido.
