Luis Medina ha puesto a disposición de la Justicia la herencia de su abuela, la fallecida duquesa de Medinaceli, para hacer frente a la fianza que se le reclama por el caso Mascarillas. El empresario, que declaró ante el magistrado este mismo lunes tras su imputación en el procedimiento, ha ofrecido los derechos hereditarios de su abuela para cubrir la caución de 891.427 euros impuesta por el juzgado.
Así lo indica en un escrito de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y con el que responde al auto del magistrado del pasado 20 de abril en el que se le requería el abono de una fianza para cubrir su responsabilidad ante una posible estafa con la comisión de un millón de dólares que cobró del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Madrid. El magistrado Adolfo Carretero, le dio un plazo de tres días tras constatar que en sus cuentas bancarias solo había 247 euros.
"Para cubrir esta cantidad, esta representación procesal ofrece los derechos hereditarios que el señor Medina tiene en la herencia de su difunta abuela doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, fijados por la sentencia dictada en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla donde mi principal es heredero y parte demandante y al que el juzgado instructor ya ha oficiado", reza su escrito.
La respuesta de Medina
De esta forma, la defensa letrada de Medina da respuesta al auto del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en el que explicaba que se procedería al embargo de "todos sus bienes, muebles e inmuebles" si no abonaba la caución en el plazo otorgado. El magistrado explicó que, hasta el momento, solo habían podido asegurar el yate que compró con parte de las comisiones repartidas con el pelotazo de las mascarillas por importe de 325.515 euros, de manera que, del total de 1,2 millones de euros de fianza, quedaba todavía por asegurar 891.427 euros.
De hecho, Carretero explicó que si Medina no prestaba la caución se debería oficiar al Punto Neutro Judicial para averiguar todos los bienes a su nombre, así como a la Agencia Tributaria para que aportasen información de los mismos tanto en España como en el extranjero. También avisó que se remitiría de nuevo oficio a su entidad para que informase "con el mayor detalle posible" de las operaciones de venta de los títulos que compró con su parte de las comisiones.
En dicho auto el magistrado acordó además su imputación por delito de alzamiento de bienes, el cual se suma al de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil que ya le impuso el juez tanto a él como a su socio en este contrato, Alberto Luceño. Según argumentó, Medina había hecho disposiciones de estos bonos después de declarar en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2021 por estos hechos.
Declaración ante el juez
Ello, unido al hecho de que no se localizase liquidez suficiente en sus cuentas cuando se procedió al embargo preventivo, llevó al juez a amagar con requisar sus bienes. No obstante, el hijo del fallecido Duque de Feria ha dado respuesta en plazo a la alternativa planteada por el juez para cubrir su fianza en la causa. En la querella interpuesta en el juzgado, Anticorrupción explicó que Medina adquirió un yate llamado 'Feria' y registrado en Gibraltar además de dos bonos por importe total de 400.000 euros.
En lo que respecta a Luceño, que cobró una comisión de 5 millones de dólares, el Ministerio Público explicó que los invirtió en tiempo récord en la compra de una docena de coches de alta gama, tres Rolex, una vivienda de lujo en Pozuelo de Alarcón y unas vacaciones en Marbella. Tanto Luceño como Medina negaron este mismo lunes en su cita en los tribunales que quisiera ocultar su patrimonio a la Justicia o que el dinero obtenido con este contrato con el Ayuntamiento de Madrid fuera ilegal.
Preguntado por este asunto concreto, el hijo de Naty Abascal dijo que ya había prestado su fianza y que no tenía ninguna intención de evadirse de la Justicia. Del mismo modo explicó que se había presentado cuantas veces se le había requerido en el marco de estas diligencias; esto es, ante Anticorrupción en abril de 2021 y en sede judicial este 25 de abril. Sin embargo, al término de su interrogatorio el magistrado les impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante un elevado riesgo de fuga.
La próxima cita judicial tendrá lugar el 9 de mayo, fecha en la que está citada a declarar como testigo Elena Collado, la responsable de compras del Consistorio. El PSOE, personado como acusación popular en el procedimiento, ha solicitado al juez que se le impute por su gestión con este contrato para el suministro de material sanitario. A falta de que el juez se pronuncie sobre esta solicitud, Anticorrupción ya ha respondido que se opone a la diligencia.
