Los nuevos responsables de la empresa pública Mercasa no están escatimando esfuerzos a la hora de levantar las alfombras y colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de la presunta corrupción cometida por los anteriores responsables del ente. Además de la documentación ya aportada a la Audiencia Nacional, la compañía ha contratado los servicios de una empresa especializada en el rastreo de servidores en busca de nuevos indicios. Según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación, estos especialistas llevan ya meses peinando todos los archivos informáticos de la casa.
El objetivo es poner a disposición de la Justicia hasta el más mínimo detalle que pueda servir a los investigadores, centrados especialmente en las operaciones de Mercasa en el extranjero, principalmente en Angola, Panamá y República Dominicana. Este departamento dependía hasta el año pasado del investigado Pablo González como responsable de Estrategia y Operaciones. El hermano del expresidente de la comunidad de Madrid Ignacio González perdió su puesto al verse implicado en la operación Lezo por la que fue arrestado y en la que también está imputado.
El juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha reconocido en un auto reciente la actitud de los nuevos responsables de Mercasa cuya cúpula fue renovada por la Administración tras la imputación de sus anteriores dirigentes. El propio juez instructor, José de la Mata, se hace eco de estos trabajos de rastreo interno en un auto firmado la semana pasada: “está colaborando (Mercasa) a la consecución de los fines de esta instrucción mediante la contratación de una empresa especializada que está revisando servidores y correos electrónicos”.
Añade el auto que Mercasa ha entregado evidencias que no detectaron los agentes en su registro de la sede. El edificio en el que se encuentra Mercasa fue objeto de un robo de información aprovechando las pasadas fechas navideñas. Los autores del asalto sabían exactamente dónde buscar por lo que se sospecha que tenían información de dentro y se llevaron varios ordenadores. En cualquier caso, fuentes de la investigación indican que existe copia de toda documentación sustraída en el asalto.
Investigan a los jefes de Incatema
A pesar de la reconocida colaboración, el juez todavía no ha aceptado la personación de Mercasa como parte afectada por la presunta corrupción que anidó en sus estructuras. El grueso de las pesquisas de la UCO se centran en la estrategia llevada a cabo por el consorcio que integraba la compañía junto a la empresa Incatema. Con la colaboración de otras sociedades, comisionistas e intermediarios obtenían contratos con instituciones en otros países mediante la entrega de dinero, regalos o viajes a altos funcionarios relacionados con su adjudicación. Pablo González explicó en la Audiencia Nacional que la ley les permitía pagar un 5% en comisiones en las operaciones en el extranjero.
Pero, según el juez De la Mata, estas dádivas eran descontadas de los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representación o servicios inexistentes con comisionistas, intermediarios o con algunas de las mismas sociedades involucradas. El magistrado añade que los sobreprecios o comisiones, por su parte, también pudieran haber ido destinados al lucro de los responsables de Mercasa e Incatema. Por ello están imputados también varios de los responsables de esta empresa, los hermanos Javier, José Manuel y Marta Pardo de Santayana, entre un total de 19 investigados.
En el sumario del caso Lezo se recogen conversaciones entre Pablo González y su hermano en las que el exdirectivo de Mercasa empleaba apelativos como “tejemanejes” o “contubernios” para definir algunos de los negocios de Mercasa en los que reconocía que un prófugo de la Justicia española como el comisionista portugués Guillerme Taveira seguía cobrando “bajo cuerda”. “El consorcio esto lo hace en todas partes y si no es Taveira va a ser otro”, le reconoció Pablo González a su hermano en esas conversaciones interceptadas por la UCO.
Taveira, según consta en las investigaciones, fue pieza clave en una de las ramas del caso. Mercasa llegó a un acuerdo con una sociedad dependiente del Ministerio de Comercio de Angola para construir un mercado mayorista en Luanda. Para ello contó con la participación del comisionista Taveira que, a través de sus empresas, se embolsó 20 millones de euros. Según el juez, ese dinero fue por "la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes para las finalidades antes descritas".
