La decisión del magistrado del Tribunal Supremo que investiga el ‘procés’, Pablo Llarena, de no activar la euroorden de detención del expresidente catalán Carles Puigdemont en Dinamarca, en contra del criterio de la Fiscalía, ha puesto de manifiesto, una vez más, las discrepancias de criterio que han mantenido durante la investigación los diferentes instructores del caso y el ministerio público.
El auto de este lunes en el que Llarena rechaza la pretensión de la Fiscalía de activar la euroorden tras la salida de Puigdemont de Bélgica a Copenhague para participar en una charla de la Universidad de la capital danesa supone, en concreto, la duodécima ocasión en la que el magistrado no hace caso del criterio del ministerio público, tanto con el fallecido José Manuel Maza, como con su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Julián Sánchez Melgar.
Sin embargo, en ninguno de los casos la Fiscalía General del Estado ha presentado un recurso en contra de la decisión de los magistrados que han participado en la investigación.
La primera vez que Llarena se desmarcó de la Fiscalía fue al rechazar decretar la prisión sin fianza contra la expresidente del Parlament Carme Forcadell, y otros tres integrantes de la Mesa de la cámara autonómica: Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó.
Llarena también decisión excarcelar, en contra de la Fiscalía a los seis exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Meritxell Borrás, Josep Rull y Jordi Turull, que habían ingresado en prisión tras ordenarlo la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
El instructor también hizo caso omiso de la petición de la Fiscalía de que la investigación de la jueza Lamela sobre los exconsellers se mantuviera en la Audiencia Nacional, ya que el ministerio público consideraba que de mandarla al Tribunal Supremo se acumularía en una macrocausa que ralentizaría el caso.
También Lamela
Por el contrario sí coincidió con la reclamación del ministerio público en relación a que no ingresaran en prisión los integrantes de la Mesa Ramona Barrufet y Josep Nuet, y la petición de mantener en la cárcel al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Form, y los 'Jordis' (Cuixart y Sánchez).
Además, si se tienen en cuenta las decisiones de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, las colisiones entre jueces y Fiscalía son todavía mayores, ya que la magistrada también rechazó en dos ocasiones el ingreso en prisión del 'exmajor' de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y de la Intendente de la Policía autonómica catalana Teresa Laplana.
