España

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos pactan el Estatuto del Becario sin los empresarios

Desde la CEOE avisan que "el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto"

  • El secretario general de CCOO, Unai Sordo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

El Ministerio de Trabajo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CC.OO y UGT para la creación del Estatuto del Becario, sin contar con el apoyo de la patronal CEOE-Cepyme. La norma lleva negociándose desde mayo de 2022 y ha pasado por numerosos debates y reuniones.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, detalló este lunes que no iban "a apoyar ninguna ley" con las Cortes disueltas por el adelanto de las elecciones generales, por lo que se daba por supuesto que el estatuto del becario, destinado a regular las condiciones de los estudiantes en prácticas, quedaría paralizado.

La norma regularía las prácticas extracurriculares de los alumnos, ya que los sindicatos entienden que estas prácticas aumentan el riesgo de fraude de los conocidos como falsos becarios, estudiantes que lejos de hacer labores de formación cubren tareas de un trabajador asalariado sin recibir sus prestaciones.

El catálogo incluye desde una compensación de los gastos de transporte y dietas; vacaciones, festivos y seguros como el resto de la plantilla. También introduce límites en el número de becarios -hasta cinco, aunque podrán ser tres en caso de empresas con menos de 30 empleados, es decir, un 20% del total- y que cuenten con la figura de un tutor.

Reacción de CEOE

Fuentes de CEOE han remarcado este viernes su posición contraria al estatuto del becario, primero por la forma, la cual consideran que "no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad; y en segundo lugar por el fondo, ya que critican que "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre entre la formación teórica y el mundo del trabajo".

Desde la CEOE critican, además, que existen discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada y apuntan que "el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto".

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