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La red de Moreno vació 1,5 millones del banco tras los arrestos para "mantener la operativa"

El estallido de la operación Titella para desarticular la red de estafa bancaria en la que está implicado José Luis Moreno no frenó los planes de sus integrantes. Las escuchas

  • José Luis Moreno llegando a los juzgados acompañado de su abogada. Europa Press.

El estallido de la operación Titella para desarticular la red de estafa bancaria en la que está implicado José Luis Moreno no frenó los planes de sus integrantes. Las escuchas telefónicas que se mantuvieron tras el macrooperativo del pasado 29 de junio han permitido verificar cómo algunos de sus protagonistas se movilizaron para evitar que la Audiencia Nacional bloqueara las cuentas bancarias donde tenían parte del dinero. Para ello, extrajeron de una de las entidades 1,56 millones de euros en un margen de apenas ocho días.

Así se desprende de un oficio policial incorporado al sumario de esta causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 2 por delitos de blanqueo, contra la Hacienda, insolvencia, asociación ilícita o estafa, entre otros. En el informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes recogen más de una treintena de transferencias bancarias que efectuó uno de los protagonistas de la trama, Luis Dueñas. La Policía le sitúa detrás de la creación y gestión de Olive Ville Capital, mercantil que atribuyen a Moreno. El productor buscaba traspasar los activos de otras de sus sociedades y evitar el embargo de Hacienda y pago a deudores.

El oficio acredita que los traspasos de dinero se produjeron entre el 5 y 13 del mes de julio, ya que un día después el instructor ordenó el cese de las escuchas telefónicas. Aunque en un principio las cuantías menores, el 13 de julio transfirió 301.095 euros en cinco operaciones y al día siguiente 400.000 euros en un total de ocho. Los cabecillas de la trama sospechaban que, una vez desarticulada la red, el magistrado Ismael Moreno acordaría el embargo de dichos fondos.

Cuentas en Lituania "o en cualquier sitio"

Por ello centraron sus conversaciones en los movimientos a llevar a cabo para resguardar el dinero de la trama en otras entidades e incluso en otros países. Los agentes explican que, en conversación entre Dueñas y uno de sus socios llamado Óscar, este primero le habla de que "no está demás abrir cuentas", a lo que su interlocutor replica que como bloqueen los fondos de la entidad "van a tener un problema". "Dice que tienen que tener una cuenta operativa aunque sea en Lituania, donde tienen a alguien que puede abrir una... o en cualquier sitio", recoge el oficio policial.

Del mismo modo, consultaron con una abogada para consultarle con este asunto y ésta le contestó que hicieran las transferencias normales evitando sacar "pasta a socios ni nada". También apuntaron que habían hecho copia de todos los documentos que sustrajo la Guardia Civil durante los registros. La mayoría de ellos guardaría relación con los contratos que la red suscribió con entidades bancarias de la que obtuvo cheques, pagarés y hasta créditos revolving que cobraron a través de empresas pantalla y en connivencia en muchas ocasiones con los directivos de dichas sucursales.

Las llamadas también llegaron al entorno del empresario argentino Alejandro Roemmers. El productor fue identificado por los investigadores como una de las víctimas de Moreno tras haber invertido 35 millones en la producción de una serie que nunca vio la luz. Al respecto destaca una conversación mantenida entre Dueñas y Joseph Fay, un gestor vinculado a Roemmers. El entonces administrador del humorista le mostró su apoyo y le dijo que el "jefe de la banda" le reveló cómo sacaron financiación a los bancos y que ésta fue a parar a los bolsillos de Moreno. Antonio Luis Aguilera, uno de los líderes de la trama, así lo confesó en sede policial y judicial.

También trasladó al gestor que a "éstos" (en referencia al resto de integrantes de la red) les "cayó todo" cuando Moreno no pagó. En relación a los fondos invertidos por Roemmers para la realización de una serie sobre la vida de Francisco de Asís, Dueñas explica que sería una pena "tirar lo que hay" pero que el también presentador de televisión ahí no podía volver a "meter ni un pincel". Por ello le aconsejó que hiciera una ampliación de capital de la empresa que tienen Roemmers y Moreno a Medias (Dreamlight Productions) para dejar a Moreno con el "0,000%".

Dueñas siguió intentando convencer al gestor de que había que "echar una mano" al argentino hasta el punto de que si éste quería los estudios, que contara con ellos porque los tenía a su nombre y estaban libres de carga. Días antes del estallido de esta operación -que estuvo coordinada entre la Guardia Civil y la UDEF-, el propio productor conversaba con otros miembros de la trama sobre la necesidad de disolver algunas de las sociedades que tenía a su nombre para trasladar el capital a otras de sus firmas. Sin embargo, dio indicaciones de que no se hiciera a nombre de Dueñas (administrador de Olive Ville) por la desconfianza que le tenía.

"Hay que quitarse a Moreno"

El estallido de la red y el arresto de todos ellos cambió el escenario. Ahora Dueñas ofrecía a los argentinos continuar con el proyecto televisivo pero quitándose "de en medio" al humorista, considerado por los investigadores como cabecilla del grupo. Moreno, aunque se acogió a su derecho a no declarar en su pase ante el magistrado, sí se ha pronunciado en un escrito remitido al juzgado. En el mismo negó que estafara al productor argentino y defendió que, lejos de desviar el dinero canalizado, lo invirtió en grabar 2.000 minutos de la serie que se encontraba ya en postproducción.

Pese a ello, la Policía Judicial mantiene en su oficio que la trama -que ya se investigaba desde 2018 en un juzgado de Plaza Castilla- integraba una "organización criminal" compuesta por células independientes y que operaba dentro y fuera de nuestras fronteras. Al hilo apunta a la estafa bancaria y añade que se crearon estructuras para blanquear los fondos y, posteriormente, reintegrarlos en el circuito financiero legal. Para la fase previa se apoyaron en mulas, una de las cuáles fue interceptada por la Policía el 14 de enero mientras transportaba 1,3 millones de euros en el maletero del coche.

El oficio concluye que el entramado (que también habría contado con una red de narcotráfico) se valió de decenas de sociedades pantalla (a nombre de testaferros) y que al menos cinco directores de cinco entidades diferentes estaban implicados en la estafa al dar luz verde a operaciones de financiación sin reunir los requisitos. A cambio recibieron dádivas y regalos llegando uno de ellos a ingresar un millón de euros de la trama en un fondo de pensiones de su madre.

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