Un juzgado de Móstoles ha imputado Guillermo Celeiro (PP), alcalde de Aldea del Fresno (Madrid), y a dos concejales, uno del PSOE y otro de un grupo independiente, por un delito de prevaricación pasiva tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente por las irregularidades existentes en la urbanización Caravan Garden. En ese terreno hay más de 300 casas en suelo destinado a un camping.
Hace algunos meses un ciudadano denunció al Ayuntamiento por permitir la situación que se viene produciendo en ese suelo que había sido propiedad del Marqués de Griñón. Intervinieron agentes del Seprona y posteriormente se produjeron denuncias de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Cientos de ciudadanos construyeron desde hace años chalets en parcelas en las que sólo estaba autorizado tener una tienda de campaña o una caravana
Cientos de ciudadanos construyeron desde hace años chalets en parcelas en las que sólo estaba autorizado tener una tienda de campaña o una caravana. El Ayuntamiento de anteriores legislaturas parece que hizo la ‘vista gorda’ y se llegaron a construir cerca de trescientos chalets, piscinas, y barbacoas en una zona con gran protección medioambiental.
El alcalde declaró hace unos meses a Vozpópuli que desde su llegada a la corporación ha mantenido decenas de reuniones para intentar legalizar la situación. Guillermo Celeiro dijo a la revista A21 recientemente: “Que me caiga a mí un muerto que no es mío es alucinante”.
Ya hubo hace meses una primera sentencia contra un ciudadano que fue condenado por un juzgado a cuatro años de prisión y al pago de las costas por haber construido en un terreno calificado como no urbanizable y protegido. En la sentencia se decía que la zona donde se había levantado la construcción es un lugar de especial protección de aves, lugar de interés comunitario, espacio natural protegido… añadía que se habían destruido puntos de nidificación, cría y se ha producido impacto visual.
La amenaza de una sentencia similar se cierne sobre otras más de trescientas familias que construyeron a pesar de que era una zona solo de camping. El juez ha imputado ahora al alcalde actual, que es también concejal de Urbanismo, y a los otros dos ediles. El Ayuntamiento aprobó en un pleno que sea la Corporación la que asuma la defensa de los acusados que lo deseen.
Cambio en el Presupuesto
Pero para ello, se ha tenido que aprobar una modificación del presupuesto y se ha retirado una partida de alumbrado y otra de reparación de aguas y viales para poder hacer frente a los honorarios de los abogados con los 38.000 euros que se ahorran.
Iván Gutiérrez, representante de un grupo de la localidad llamado Centro Reformista Democrático, ha solicitado la dimisión del alcalde y del resto de los ediles imputados, así como la destitución de los dos técnicos municipales imputados.
Este grupo señala que los hechos tienen su origen en una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente y añade que también estarían implicados otros altos cargos del Ayuntamiento desde el año 2004. Añade que el juzgado le ha solicitado un aval de 40.000 euros a cada uno de los imputados.
