La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandri, instructora de la denominada operación Grizzly, tiene claro que los amaños en las certificaciones de obra de tres adjudicaciones de la línea del AVE a su paso por Barcelona han causado un "notabilísimo perjuicio a las arcas públicas". Así lo puso de manifiesto la magistrada en el auto donde abrió una investigación penal por estos hechos –al admitir a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción- y que forma parte del sumario de esta causa de corrupción, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
La magistrada explica que fue en noviembre de 2014 cuando la propia entidad pública ADIF Alta Velocidad presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, órgano que junto con la Guardia Civil llevaron a cabo una "minuciosa" investigación preliminar, antes que se judicializa el caso en su juzgado.
Anticorrupción sostuvo que "existen sólidos" indicios de que el exceso de medición consignados en las certificaciones de obra investigados "es intencional"
En el auto, la instructora Aixandre sostiene que "el resultado de las diligencias de investigación de la Fiscalía constata que las certificaciones de obra confeccionadas en los tres expedientes de obra pública con un sobrecoste de más de 82 millones –en concreto, las obras de la estación de La Sagrera referente a los accesos al recinto y la estructura del mismo así como el tramo La Sagrera/Nudo la Trinidad en el sector Sant Andreu- contienen datos mendaces, pues reiteradamente dan por realizados más trabajos que los efectivamente llevados a cabo por las empresas contratistas".
Además, la juez recuerda que la Fiscalía Anticorrupción sostuvo en su querella que "existen sólidos indicios de que el exceso de medición consignados en las certificaciones de obra es intencional y responde a la connivencia de los empleados públicos encargados de firmarlas y autorizarlas con los responsables de las empresas contratistas y de las asistencia técnicas, con la finalidad evidente de favorecer económicamente a los entes privados adjudicatarios de los contratos, pues se certifican como efectivamente realizados más trabajos que los realmente llevados a cabo por empresas contratistas".
Un "elevadísimo" sobrecoste
La instructora continúa explicando en su auto que "gracias a esta conducta dichas empresas privadas adquirían cada mes el derecho líquido a una suma dineraria, fraudulentamente hinchada, que iba siendo satisfecho por la Administración. Con ello se generó un elevadísimo sobrecoste en perjuicio del erario público y en beneficio de las mercantiles adjudicatarias de los contratos de obra".
En esta causa se investigan delitos de malversación de caudales públicos, falsedad continuada en documento oficial y prevaricación
"En definitiva, los empleados públicos y privados, que tenían a su cargo la recta ejecución de la obra pública de la alta velocidad de las contratas a las que se refiere la presente querella se habrían concertado con los representantes de los contratistas privados para beneficiar económicamente, de forma sistemática y pertinaz, a las empresas adjudicatarias con notabilísimo perjuicio a las arcas públicas", subraya la instructora.
En este procedimiento se investigan delitos de malversación de caudales públicos, falsedad continuada en documento oficial y prevaricación "sin perjuicio de la acreditación de otros delitos contra la Administración Pública como el cohecho".
