Abandonado por el partido, señalado por sus subordinados, involucrado en la guerra entre el CNI y el Ministerio del Interior que se vivió en tiempos del PP. Estos ingredientes han convertido al ex número dos de Interior Francisco Martínez en una figura central para aclarar la trama Kitchen. Su esperada declaración ante el juez se atisba como una bomba de relojería cuya onda expansiva amenaza con recorrer las más altas instituciones del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy.
Lo que dice la investigación es que el presunto plan para arrebatar a Barcenas información comprometedora de espaldas a los jueces fue mucho más allá de un grupo de comisarios descontrolados como hasta ahora se han querido etiquetar todas las actividades en las que estaba inmerso el polémico mando José Manuel Villarejo. La llave para despejar la X sobre las responsabilidades en el Ejecutivo popular la tiene Francisco Martínez. “Si yo tengo que declarar, también irán Jorge Fernández Díaz y probablemente Mariano Rajoy”, le llegó a avisar hace ahora un año a otro de los mandos policiales investigados en el caso.
Martínez -el único político en la lista de decenas de investigados que acumula el caso Villarejo- tenía contacto con muchos comisarios, como es habitual en su cargo. A veces esa relación le ha hecho aparecer en otras de las investigaciones que han rodeado al clan que integraba Villarejo. Fue el caso de una pieza separada abierta en torno a la detención del pequeño Nicolás. Se analizó su tráfico de llamadas y el de algunos de los mandos investigados ahora en Kitchen como el entonces responsable de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Tenía al secretario de Estado guardado en su agenda de contactos como “Paco Bomba”. Un alias que ahora, pasado el tiempo, se ve como una premonición.
En aquellas pesquisas también afloraron numerosas llamadas entre Martínez y Villarejo. Dos de esas llamadas se produjeron el mismo día de la detención del pequeño Nicolás. Luego se sabría que el joven tenía una anotación con el nombre de Villarejo al que aludió también en su declaración ante la Policía. Se da la circunstancia de que este comisario no dependía de Martínez, sino del director adjunto operativo, Eugenio Pino, también entre los investigados en Kitchen.
De jefe de Gabinete a verse ministro
Francisco Martínez llegó al puesto de secretario de Estado de Seguridad por accidente. Su ascenso vino provocado por la espantada repentina del magistrado Ignacio Ulloa, la primera opción para un Ministerio dirigido por Fernández Díaz y construido desde el partido a base de colocar en puestos de responsabilidad a las personas que siempre le habían sido leales a Rajoy. Pero con Ulloa, letrado del Tribunal Constitucional, quisieron dar a la cartera un perfil legalista para marcar diferencias con el oscurantismo que le afeaban a Rubalcaba.
El mensaje del PP era que se iba a poner fin a las escuchas indiscriminadas mediante SITEL o las investigaciones con fines políticos contra partidos. Pero Ulloa duró apenas un año. Se le buscó un cómodo destino lejos, concretamente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Nunca ha dado entrevistas ni ha explicado las razones de su marcha, pero en el Ministerio siempre dieron por hecho que aquello fue una huida al atisbar lo que venía.
Francisco Martínez era el jefe de gabinete de Fernández Díaz. Letrado de las Cortes de brillante curriculum, no era un hombre de partido y el tiempo ha demostrado que el partido tampoco le consideró de los suyos. Conoció a Fernández Díaz cuando el exministro era vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados y él ocupaba el cargo de director de relaciones internacionales de la Cámara. Compartieron viajes a lo largo del mundo y largos trayectos de avión. Cuando Rajoy hizo su gabinete, Fernández Díaz se llevó con él a este joven letrado de entonces 36 años.
Su perfil era más bien técnico y pronto se sumergió en las complicaciones de un cargo clave en la seguridad del Estado. El ministro es siempre una figura política, pero su número dos es el que de verdad gestiona operativamente un departamento especialmente sensible. El teléfono del secretario de Estado es el primero que suena cuando hay una complicación y la luz de su despacho es la última en apagarse. Martínez se vio cómodo en el puesto hasta el punto de que unos años después aspiraría a suceder a Fernández Díaz al frente del Ministerio.
En su cuenta personal destacan los cinco años sin atentados terroristas y decenas de detenciones. También el mantenimiento de la paz social en la calle luego de una profunda crisis económica, un mérito compartido si acaso con la irrupción de Podemos que canalizó en forma de votos buena parte del malestar contra la clase política. Martínez se implicó también en la defensa de las expulsiones en la valla con Marruecos o la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por el PSOE como Ley Mordaza. Es la misma norma que ha empleado este año el Gobierno de Pedro Sánchez para levantar más de un millón de propuestas de multa durante el confinamiento.
Sin carnet de militante, se fue aproximando al partido. Entró en las listas del PP por Madrid y consiguió un escaño en el Congreso en las elecciones de junio de 2016. Entonces sí, se afilió. Concretamente su acceso fue el entorno de Soraya Saenz de Santamaría, a quien había conocido en sus tiempos como letrado de las Cortes, concretamente en un viaje a la India tras la muerte del misionero español Vicente Ferrer. Luego esa relación se materializó especialmente con la jefa de gabinete de la vicepresidenta, María Pico, con la que despachaba semanalmente en Moncloa al inicio de la legislatura.
Interior y el CNI
Esta cercanía marcó su paso por un Ministerio que dirigía Fernández Díaz, integrante de la facción del gabinete enfrentado a Saenz de Santamaría a medida que avanzó el mandato de Rajoy. A su vez, la vicepresidenta tenía el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyo director, Felix Sanz Rolán, era el enemigo número uno de Villarejo, protegido de Fernández Díaz y Eugenio Pino. En medio de esa guerra estaba Francisco Martínez, señalado ahora por sus exsubordinados en las investigaciones que se siguen en la Audiencia Nacional.
Villarejo remitió el año pasado un escrito al juez que le investiga en la Audiencia Nacional. Según decía, en 2014 le planteó su jubilación al secretario de Estado, pero se la negó. “Lejos de aceptarla el secretario de Estado me convenció para que siguiera adelante ya que graves problemas como el separatismo y el terrorismo internacional amenazaban a España y necesitaba que siguiera trabajando en muchos campos”. Consultado a este respecto, el exsecretario de Estado de Seguridad eludió valorar estas declaraciones que enmarcó en informaciones falsas.
Pero quien de verdad le puso en el disparadero fue el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, otro habitual del caso Villarejo e investigado en Kitchen. Le dijo al juez que él personalmente le había entregado al secretario de Estado el volcado de unos dispositivos móviles de Bárcenas. Las revelaciones de este comisario sumado a otros indicios que obran en poder de los fiscales es lo que llevó al juez Manuel García Castellón a imputar al ex número dos de Interior.
Petición de ayuda
El exsecretario de Estado defiende en todos los foros que lo que hicieron fue legal, pero en cualquier caso deja claro que aquello no se hizo a iniciativa suya ni él es el último peldaño del escalón. “Recibí instrucciones muy concretas. Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía”. Esta reflexión la dejó por escrito en un texto titulado “Mensajes para trasladar” en el que establecía una serie de pasos que iban desde “dormir” el caso un tiempo a contactar con el juez y los fiscales o parar informaciones en prensa. “Es importante que no se desclasifique nada en Interior”, añadía en este documento de octubre del año pasado.
El texto es como un grito de auxilio en el que aborda su situación personal desesperada o los 12.000 euros que lleva gastados en abogados. Arranca lamentando que “en todo este tiempo, nadie del partido (del equipo anterior o del actual) ha mostrado el más mínimo interés” en ayudarle. Le escribió a Rajoy para que no le dejasen “tirado” y a Teodoro García Egea “prometiendo lealtad”. El levantamiento del sumario permitirá conocer qué le contestaron. Pero de cara a las elecciones del pasado abril y su repetición en noviembre fue borrado de las listas y desprovisto de la condición de aforado a las puertas su imputación.
Falta por fijar la fecha de su esperada declaración ante el juez. Antes ha sido necesario recibir el permiso del Consejo de Ministros para poder revelar secretos de Estado. Él apunta en sus escritos al CNI. Dice que también investigaron a Bárcenas. Por el momento ya quiso dejar constancia ante notario de los mensajes que el ministro le mandó en plena operación Kitchen. “Tengo todo claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que querría hacer”, dejó dicho a modo de advertencia en otras de sus conversaciones privadas a través de WhatsApp.
