Como un auténtico jarro de agua fría y una zancadilla para Yolanda Díaz que puede poner en peligro el pago de las prestaciones de desempleo y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): así describen desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la decisión adoptada ayer por los ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, ambos controlados por el PSOE, de no renovar a los 1.500 trabajadores interinos contratados por el SEPE como refuerzo durante la pandemia (casi un 20% de la plantilla).
“Las direcciones generales que han dado cobertura a esta barbaridad son del PSOE. Hay una especie de guerra abierta y a cada paso que va dando Yolanda Díaz le van poniendo barreras. Vemos claramente que hay rencillas internas y dos colores distintos en el Gobierno y, al final, lo acabamos pagando nosotros”, señala Pilar Seoane, secretaria general de la sección sindical de CCOO ante el Ministerio de Trabajo y directora de la oficina del SEPE en Boiro (La Coruña).
Como adelantó Vozpópuli, Trabajo y Política Territorial mantenían un pulso sobre la continuidad de estos trabajadores interinos de refuerzo que terminaban contrato el 30 de junio. El departamento de Yolanda Díaz había solicitado renovarlos a todos, frente a las reticencias del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Miquel Iceta, inmerso en un proceso para reducir la temporalidad y el número de empleados interinos en la Administración General del Estado.
Finalmente, ha sido el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, a través de la Dirección General de Costes, que tenía la última palabra, el que decantó este martes la balanza en favor del departamento de Iceta por razones presupuestarias. El 1 de enero de 2022 no quedará ninguno de los 1.500 interinos del SEPE que concluían contrato dentro de siete días. De ellos, 500 se irán a la calle el 30 de junio, otros 500 concluirán su relación con el SEPE el 30 de septiembre y los 500 restantes renovarán solo hasta el 31 de diciembre. Los únicos interinos del SEPE que podrían continuar más allá de esa fecha son los 635 contratados temporalmente en 2018 y que están adscritos a la oferta del Plan de Estabilización de Empleo Temporal (PEET) que el Gobierno publicó en el BOE el pasado mes de mayo.
Los Ministerios del PSOE consideran que la situación de los ERTE se encuentra "estabilizada", a pesar de que 450.000 trabajadores siguen en ERTE
Una decisión que ha supuesto todo un revés para el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, mientras que desde el departamento de Iceta describen como "un esfuerzo importante" haber prorrogado hasta el 30 de septiembre el contrato a 1.000 de los 1.500 interinos contratados durante la pandemia.
"La petición del Ministerio de Trabajo y Economía Social era la de renovación total y así lo trasladamos. Los interinos han hecho una labor extraordinaria durante todo este tiempo en el SEPE. La decisión corresponde a los ministerios competentes", señalan a Vozpópuli fuentes del Ministerio de Trabajo.
"Se trata de trabajadores contratados dentro de un programa COVID, para reforzar la plantilla durante la crisis del coronavirus ante el aumento de carga de trabajo. Se está haciendo un esfuerzo importante y se renovarán los contratos de 1.000 trabajadores durante tres meses más (hasta el 30 de septiembre)", responden a este diario, por su parte, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Carta de CCOO a Iceta y Montero
Mientras, los sindicatos ponen el grito en el cielo. CSIF entiende que la decisión pone "en serio riesgo" la viabilidad del SEPE ante la carga de trabajo "que se tendrá que repartir sobre las espaldas de los trabajadores", y avisa de la "alarmante" carencia de recursos en el organismo que tramita el paro y los ERTE. “Si esto fuera un ERE en una empresa privada, este Gobierno estaría poniendo el grito en el cielo”, indica Pilar Seoane, de CCOO.
Precisamente, Comisiones Obreras envió anoche una contundente carta a los ministerios de Hacienda y Política Territorial y Función Pública en la que advierte de que "propiciar la pérdida de más de un 12% de la plantilla", en referencia a los mil interinos que serán cesados antes del 30 de septiembre, "colocará al organismo en claves de colapso y de fracaso ante los requerimientos de la ciudadanía".
"Si desde la valoración de la gestión no se puede entender el recorte comunicado, más difícil resulta hacerlo si lo que manejamos son criterios económicos. Se han destinado más de 35.000 millones
de euros a prestaciones por desempleo en este último periodo y por lo tanto no puede asumirse que
el coste de la prórroga de los mil efectivos que se pretenden amortizar (30 millones de euros, un
0,08% del gasto) sea un objetivo de ahorro que justifique destrozar el funcionamiento de un
organismo que sigue siendo vital para dar salida a los problemas de una parte significativa de la
población del país", añade la misiva dirigida a María Jesús Montero y Miquel Iceta.
450.000 personas siguen en ERTE
Fuentes conocedoras de la situación señalan que Hacienda y Función Pública han alegado que estos 1.500 interinos del SEPE fueron contratados como refuerzo durante la pandemia por razones de "urgencia y necesidad", pero ahora los Ministerios del PSOE consideran que la situación de los ERTE se encuentra "estabilizada" a pesar de que 450.000 personas siguen acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.
Ante los "problemas estructurales endémicos" que sufre el SEPE, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de ese organismo consideraba necesario renovar a todos los interinos para poder garantizar la tramitación, el reconocimiento y el pago de los ERTE y de las prestaciones de desempleo.
La decisión de no renovar en junio al 33% de los 1.500 interinos ha caído como una losa entre los sindicatos, que piden desde hace meses ampliar a un mínimo de 10.500 trabajadores la plantilla del SEPE, frente a los 8.600 actuales, para poder garantizar el pago de las prestaciones por desempleo y los ERTEs en verano. Sin embargo, el 31 de diciembre, cuando hayan cesado los interinos de la covid, el SEPE contará con poco más de 7.000 empleados.
“Si esto fuera un ERE en una empresa privada, este Gobierno estaría poniendo el grito en el cielo”, indica Pilar Seoane, de CCOO
Ahora, el gran temor entre los empleados del SEPE es que cuando acaben los ERTE (el 30 de septiembre, salvo que Gobierno, patronal y sindicatos aprueben una nueva prórroga) se podría provocar una oleada de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y con 1.000 interinos menos durante el último trimestre del año el servicio del SEPE podría colapsar como ocurrió durante la primera ola de la pandemia, en este caso por la tramitación de nuevas prestaciones por desempleo.
