En sólo un año, los llamados 'papeles de Bárcenas' han pasado de ser unas simples "fotocopias", como resaltaban los que querían restarles valor, a un sumario que acumula ya 20 tomos principales, 16 más con documentación anexa y 25 imputados, entre ellos algunos de los empresarios más conocidos de nuestro país. Han sido doce meses en los que los cimientos de Génova 13 se han estremecido en varias ocasiones. 365 días en los que el PP ha tenido ocasión de marcar en rojo cinco fechas claves de un escándalo que lejos de amainar, como auguraban algunos, va camino de crecer con cada nueva revelación que apunta a la supuesta existencia de una caja 'B' durante 20 años en el partido que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy.
31 de enero de 2013. Aparecen los papeles. Ese día, el diario El País abría su portada a cinco columnas con el titular 'Los papeles secretos de Bárcenas'. La información, en la que se reproducían unos apuntes contables que se adjudicaban al extesorero del PP, recogían básicamente una sucesión de ingresos y pagos ocultos al fisco durante 20 años gracias a una contabilidad paralela. Las anotaciones reflejaban decenas de donaciones prohibidas por la ley bien porque o bien procedían de directivos de grandes constructoras que acudían a los concursos de las administraciones públicas o bien porque recogían cantidades que superaban los 60.000 euros anuales que fijaba como máximo la ley que regula la financiación de las formación políticas. Además, aquellas hojas manuscritas apuntaban al pago de sobresueldos a los principales dirigentes de Génova 13, incluso cuando algunos de ellos ocupaban carteras ministeriales durante los Gobiernos de José María Aznar y, por tanto, tenían prohibida recibir ninguna otra retribución dineraria diferente a su sueldo oficial.
En un primer momento, tanto Bárcenas como su compañero Álvaro Lapuerta y el PP en bloque negaron la veracidad de los documentos. Sin embargo, ya nadie duda de que son reales
En un primer momento, tanto el PP como el propio Luis Bárcenas, entonces ya acosado judicialmente por el descubrimiento de sus primeras cuentas suizas, negaron la veracidad de los escritos. El extesorero y su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, emitieron un comunicado en el que negaban la existencia de pagos irregulares a la cúpula del PP. Minutos después salía en rueda de prensa la 'número 2' del partido, María Dolores de Cospedal, para anunciar la interposición de querellas contra todos aquellos medios que "reproduzcan o difundan" inrformaciones relacionada con la documentación. Aquel día, también se produjo una manifestación convocada a través de las redes sociales ante la puerta del PP.
Los primeros informes caligráficos de los expertos policiales sobre los textos vinieron a confirmar, en primer lugar, que aquella letra era la del extesorero, aunque éste intentó cambiarla cuando le tomaron un cuerpo de escritura en la Fiscalía Anticorrupción, y, en segundo lugar, que pese a lo que insinuaban desde Génova 13, los mismos no fueron realizados "en una tarde" sino en un largo periodo de tiempo que se ajustaba perfectamente a los veinte años que señalaban las fechas que aparecían en la contabilidad. La posterior publicación de los originales por el diario El Mundo terminó por desbaratar totalmente el argumento de las "fotocopias" tras el que se había parapetado el PP al comienzo del caso. La confesión del propio extesorero fue la puntilla final.
27 de marzo de 2013. Ruz asume el sumario. La apertura de la Fiscalía Anticorrupción de una investigación tras la publicación de los 'papeles de Bárcenas' llevó a que días después fueran a declarar ante los representantes del Ministerio Público al propio extesorero y a Lapuerta. Sin embargo, estas primeras y titubeantes pesquisas se vieron repentinamente impulsadas cuando IU y dos asociaciones presentaron el 4 de marzo una querella en la Audiencia Nacional para judicializar el caso. Aquella demanda pedía la imputación de numerosos empresarios y dirigentes del PP. La denuncia cayó en primera instancia en el Juzgado Central de Instrucción número 3, de Javier Gómez Bermúdez, quien la admitió y se dispuso a iniciar una investigación. Sin embargo, lo que realmente comenzaba en aquel momento fue una disputa entre magistrados por quedarse con el caso después de que su compañero Pablo Ruz reclamase para sí su instrucción al considerar, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que existían conexiones con el 'caso Gürtel' que él dirigía y en el que estaba imputado el propio Bárcenas.
Durante la disputa judicial entre Ruz y Gómez Bernúdez por quedarse con el caso, el PP mostró abiertamente su preferencia para que fuera el primero quien lo instruyera
La disputa judicial se inició el 15 de marzo, cuando el juez Ruz citó a declarar como imputados a los dos extesorero del PP por la supuesta contabilidad B del partido. Cuatro días después, su compañero Gómez Bermúdez le pedía que se inhibiera en la investigación para, días más tarde, presentar una cuestión de competencia ante la Audiencia Nacional en la que defendía que era él y no Ruz quien debía investigar los apuntes contables. Finalmente, el 27 de marzo la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal determinaba que fuera el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 quien se hiciera cargo del caso. La decisión no fue unánime, ya que una magistrada de los tres que componían el tribunal manifestó su oposición a quitar el caso a Gómez Bermúdez. Durante toda esta disputa, el PP había mostrado abiertamente su preferencia a que fuera Ruz el que instruyera la causa.
Esa decisión hizo que dos juzgados de Madrid donde se habían recibido sendas querellas similares a la de IU por los 'papeles de Bárcenas' remitieran las mismas a la Audiencia Nacional. Ruz tenía a partir de ese momento las manos libres para iniciar una investigación en la que una de sus primeras decisiones fue pedir a dos entidades bancarias -Banesto y Banco Santander- toda la documentación que tuvieran sobre las cuatros cuentas que desde 1990 habían servido al PP para ingresar las donaciones. Siete días después llegaba el informe caligráfico que adjudicaba la autoría de los papeles a Bárcenas. Finalmente, el 30 de abril, el juez Ruz citaba a declarar como imputados a nueve empresarios que figuraban como supuestos autores de entregas de dinero, así como a varios miembros del PP para que, como testigos, confirmaran si aquellas anotaciones en las que aparecían sus nombre como receptores de diferentes cantiades de dinero eran reales. Algunos de ellos lo hicieron.
15 de julio de 2013. Bárcenas confiesa. El 27 de junio, el juez Ruz ordenaba el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Luis Bárcenas por el 'caso Gürtel' al considerar que existía riesgo de fuga. La decisión la tomó después de que la documentación sobre las cuentas en Suiza del extesorero remitida por las autoridades helvéticas revelase que el político aún tenía cantidades millonarias de dinero ocultas en otros países, como EEUU y Uruguay, y que el político había intentado presuntamente presionar a una testigo argentina para evitar que ésta desmontase la coartada con la que pretendía exculpar a su mujer, Rosalía Iglesias, en la trama de corrupción. Bárcenas fue trasladado esa misma noche a la prisión madrileña de Soto del Real, donde hoy sigue ingresado. Días después, el equipo de abogados que hasta ese momento le habían defendido y que pagaba el PP abandonaba. El 11 de julio, el letrado Javier Gómez de Liano asumía su representación.
Durante más de cinco horas, Bárcenas desgranó ante el juez Ruz qué significaba cada uno de los apuntes de la contabilidad manuscrita cuya autoría reconocía por primera vez
Dieciocho días después de su ingreso en prisión, el extesorero acudía a declarar a la Audiencia Nacional por los apuntes contables. La publicación en los días anteriores en El Mundo del contenido de sus encuentros con el director de este diario auguraba que el extesorero estaba dispuesto a tirar de la manta. No defraudó. Bárcenas entregó los originales de los 'papeles', un 'pendrive' y siete carpetas de colores con nueva información. Tras casi cinco horas de declaración, el político encarcelado admitía que era el autor de la contabilidad manuscrita y que ésta reflejaba una caja 'B' del partido. Facilitaba también información pormenorizada sobre la identidad de la mayor parte de las personas y empresas que figuraban en las notas e, incluso, aseguró que en marzo de 2010 pagó 25.000 euros a Mariano Rajoy y otros 25.000 euros a María Dolores de Cospedal en sendos sobres marrones como parte de los supuestos sobresueldos que recibían.
El presidente del Gobierno negó dicho pago y dejó claro que su intención era agotar la legislatura pese a las "insinuaciones, rumores o informaciones interesadas" que abrían día sí y día también los principales medios de información. Quince días después, Ruz daba a conocer un auto en el que llamaba a declarar como testigos para mediados de agosto a la 'número 2' del PP y a dos exsecretarios generales, Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes. Todos ellos se escudaron en la supuesta autonomía del extesorero en la gestión de las cuentas del partido para negar cualquier conocimiento sobre movimientos irregulares de dinero. Sin embargo, la colaboración de Bárcenas con la Justicia no se iba a quedar ahí y en los meses siguientes ha seguido aportando documentación comprometedora para su excorreligionarios aunque, eso sí, con cuentagotas.
11 de octubre de 2013. El auto que define la investigación. El juez Pablo Ruz dictaba ese día tres autos que formalizaban un cambio en su estrategia de investigación de los 'papeles de Bárcenas'. A partir de ese momento, la instrucción del caso se centraba en aquellos apuntes concretos en los que las pesquisas habían encontrado indicios de un delito que, en opinión del magistrado, no hubieran prescrito aún. Es decir, los cometidos en 2007 o en ejercicios posteriores. Los apuntes contables del extesorero del PP dejaban a partir de ese momento de ser un fin en sí mismo -una vez que su credibilidad había dejado de estar en duda- para pasar a ser un elemento de prueba más a partir del cual destapar supuestas corruptelas concretas. En ese momento en el que el magistrado decidió centrar todos sus enfuerzos en cuatro de dichos apuntes: el supuesto pago con dinero negro de las obras de remodelación de la sede de Génova 13, la comisión presuntamente recibida por el partido en Toledo por la concesión en 2007 de un contrato de limpieza a una filial de Sacyr, la adquisición de un local para la formación política en La Rioja con fondos de origen no aclarado y la extraña devolución por parte de Pontevedra de una deuda con la dirección en Madrid.
El magistrado ha centrado las pesquisas en cuatro líneas: la reforma de Génova 13, una donación en Castilla-La Mancha, la compra de un local en La Rioja y una deuda del partido en Pontevedra
La primera de estas anotaciones fue la que provocó a finales de septiembre la imputación por el supuesto cobro irregular de 880.000 euros del arquitecto Gonzalo Urquijo, dueño de la empresa de interiorismo Unifica que realizó la remodelación de la sede central del PP en Madrid. Una cantidad que nunca fue declarada a Hacienda por esta sociedad y que llevó al juez Ruz a ordenar el registro de la sede de la compañía. En el escrito en el que autorizaba la entrada en las oficinas, el magistrado ya recalcaba la "veracidad" de las anotaciones de la contabilidad manuscrita de Bárcenas. Sobre la segunda línea de investigación, la referida a la supuesta comisión de 200.000 euros recibida en 2007 por el PP de Castilla-La Mancha para su campaña electoral de aquel año tras la concesión de la contrata de limpieza de Toledo a Sufi SA, una filial de Sacyr, el juez Ruz decidió meterse a fondo e imputó a un dirigente regional del PP, así como los dos empresarios señalados: Luis del Rivero, quien fuera máximo responsable de Sacyr y ya estaba imputado en la cusa, y Manuel Manrique, también directivo de esta compañía.
Las dos últimas líneas de investigación se reactivaron hace escasos días con una providencia en la que ordenaba la práctica de nuevas diligencias que se realizarán durante los próximos días. Así, sobre "la adquisición de los locales para la sede del Partido Popular en La Rioja", el juez ha citado a declarar como testigos a los miembros del PP riojano que firmaron la escritura de compraventa del local de Logroño con dinero que sospechosamente viajó de La Rioja a Madrid en metálico y volvió a aquella comunidad autónoma por transferencia bancaria. El magistrado sospecha que ese trayecto de ida y vuelta sirvió para 'blanquear' una donación irregular. Sobre el segundo apunte sospechoso, el juez Ruz ha reclamado a los 'populares' que le remitan la contabilidad de dos años del partido en Pontevedra para intentar confirmar si los dirigentes regionales llevaron en 2010 a Madrid 50.000 euros como devolución de parte de un dinero embargado a las cuentas centrales del partido por una deuda en Galicia. Ese dinero sirvió, según aclaró el propio Bárcenas, para que él pudiera pagar dos sobresueldos de 25.000 euros que tenía pendientes por falta de efectivo. Los destinatarios fueron supuestamente Mariano Rajoy yMaría Dolores de Cospedal.
19 de diciembre de 2013. El registro 'de facto' de la sede del PP. Un error del equipo jurídico del PP, que remitió al juez Ruz un escrito autoexculpatorio con una docena de facturas sobre la reforma de su sede que había ocultado al magistrado, llevó al instructor a dictar un auto por el que ordenaba a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acudir a Génova 13 a reclamar al partido la entrega de toda la documentación contable que tuviera de aquellas obras y, en su defecto, registrar el edificio. En el escrito en el que autorizaba la actuación policial, Ruz recalcaba que era una diligencia "proporcional, necesaria e idónea a los fines de la investigación". El registro 'de facto' duró catorce horas y durante todo este tiempo los agentes también volcaron de los servidores informáticos abundante información, incluidos los buzones de los correos electrónicos de los que fueron responsables de las finanzas del partido y otros trabajadores del área económica del partido. Sorprendentemente, los investigadores se encontraron varios vacíos. Era la quinta prueba 'desaparecida' en Génova 13 después de los discos duros de los ordenadores del extesorero, los libros de visita a la sede, las grabaciones de seguridad del edificio y las agendas que llevaban las secretarias de Bárcenas y Lapuerta.
Ruz ordenó el registro de Génova 13 cuando constató en un escrito que le había remitido el propio PP que el partido le había ocultado 12 facturas sobre las obras del reforma del edificio
A la espera de que la Policía y Hacienda elaboren los correspondientes informes sobre toda la documentación incautada en este registro y en el que se había hecho con anterioridad en las oficinas del estudio de arquitectura que realizó la remodelación, el magistrado dictó el pasado 24 de enero otro auto clave para conocer hacia dónde se dirigen las pesquisas del magistrado. En este escrito, el juez instrucor pedía a la Agencia Tributaria que le remitiese las declaraciones del impuesto de sociedades que el Partido Popular debería haber presentar en los ejercicios 2007 y 2008, y que Ruz sospecha que no se presentaron ante Hacienda. Busca con ello poder imputar al partido y, más en concreto, a quien entonces era el responsable financiero de la formación un supuesto delito fiscal.
Mientras tanto, la instrucción sigue avanzando. De hecho, mañana lunes acudirá a declarar a la Audiencia Nacional el presidente de Mercadona, Juan Roig. El magistrado le preguntará por el apunte de los 'papeles de Bárcenas' fechado el 27 de febrero de 2008 que señalaba a su empresa como presunta autora de una entrega irregular de dinero de 150.000 euros. No será el único. Dos días después deben pasar por el Juzgado Central de Instrución número 5 otros tres empresarios que supuestamente también realizaron donaciones aquel mismo año así como varios dirigentes del PP en La Rioja para ser interrogados por la compra de un local en Logroño en ese mismo ejercicio. Un año, el 2008, que amenaza con convertirse en clave para una investigación que arrancó con unas"fotocopias" puestas en dudas por muchos y que, sin embargo, doce meses después acumula cada vez más indicios que apuntan a la supuesta existencia de una caja 'B' en Génova 13.
