El exviceministro venezolano Nervis Villalobos contraataca en la Audiencia Nacional. Este antiguo algo cargo del Gobierno de Hugo Chávez ha remitido un escrito a la causa en la que se investiga el presunto desfalco de PDVSA -la mayor petrolera de Venezuela- para desligarse de un supuesto pelotazo de más de 4.000 millones de dólares denunciado por la UDEF. Al respecto sostiene que las operaciones en las que él participó no fueron delito y que tampoco ha cometido blanqueo de capitales.
Así consta en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y que ha aportado ante el juzgado que investiga operaciones supuestamente irregulares para desviar dinero de PDVSA. El que fuera viceministro de Energía explica que lo denunciado por la UDEF es legal y que, además, el asunto se llevó ante la Justicia bolivariana que ratificó que los contratos de préstamos suscritos por el gigante no eran constitutivos de delito.
La Policía desgranó en un informe lo que sería el mayor pelotazo de la historia en PDVSA. Según apuntó, en 2012 se habrían conseguido desviar 4.000 millones de dólares mediante un contrato de línea de crédito que se firmó con la empresa Administradora Atlantic. Como resultado se canalizaron mordidas por 44 millones de dólares que fueron a parar a tres personas: el abogado Carmelo Urbaneta, el antiguo directivo de PDVSA Juan Carlos Márquez Cabrera y el que fuera jefe ejecutivo de finanzas Abraham Ortega.
"No tuvo intervención"
Los investigadores apuntaron además que Nervis Villalobos percibió 16 millones de manera irregular fruto de su mediación para conseguir que el contrato del gigante del petróleo fuera a parar a la firma beneficiada. Al respecto, alegaron que el fraude de la operación residía en que Atantlic entregaba su dinero en bolívares venezolanos (17.490 millones) y PDVSA lo retornaba en dólares, de manera que lo que parecía un préstamo entre sociedades era, en realidad, un "negocio cambiario encubierto". Lo lógico, según la UDEF, hubiera sido que el cambio de moneda lo efectuara el Banco Central de Venezuela.
Sobre todo esto se pronuncia ahora Villalobos. Sostiene que la actuación fue lícita y que hay un auto de noviembre de 2022 aportado al procedimiento que determina que no hubo ninguna actuación delictiva. Para empezar, dice que en la operación de 2012 "no tuvo la menor intervención" y que el contrato de préstamo suscrito es la forma mediante la cual PDVSA obtiene los bolívares que necesita para su actividad interna (ya que sea para pago de proveedores nacionales o del salario de los empleados).
Al hilo razona que la existencia de una tasa fija para aquellos que quisieran canjear divisas extranjeras en bolívares supuso un "quebradero de cabeza" para PDVSA ya que no tenía moneda nacional para pagar trabajadores y proveedores. "En un mercado interno fuertemente intervenido, PDVSA apenas ingresaba bolívares por la venta de carburantes, y el grueso de su facturación estaba referenciado en dólares. Si PDVSA cambiaba esos dólares en función de la tasa fija impuesta, recibiría una cantidad tan insuficiente como irreal de bolívares", expone.
Contratos de PDVSA auditados
Por ello, el gigante del petróleo acordó la firma de contratos de préstamo como el señalado por la UDEF ya que, según Villalobos, conllevaba unos tipos de cambio "mucho más ventajosos" para la petrolera que para la empresa externa. Sobre este asunto recalca que los contratos que ahora están en el foco de la Audiencia Nacional ya fueron auditados por KPMG. La firma concluyó que PDVSA estaba facultada para hacer uso de sus fondos en moneda extranjera.
En relación a los pronunciamientos de la Justicia venezolana, Villalobos hace alusión, por un lado, a un auto dictado por un tribunal de primera instancia de Venezuela el pasado noviembre por el que archivaba las diligencias abiertas y, por otro lado, a un informe pericial elaborado por un jurista bolivariano que avala el cambio de moneda. "En definitiva, la operación de préstamo o permuta fue completamente legítima y conforme a derecho", plasma.
Del mismo modo aporta también otro pronunciamiento de la Justicia venezolana de septiembre de 2020, en relación a un contrato suscrito seis años antes entre PDVSA y Rantor Capital, que también se ha investigado en España por presunta corrupción. Sobre este tema dice que la investigación seguida en el país bolivariano también acabó en archivo. En este procedimiento estuvo investigado Raúl Gorrín, el dueño del canal de Globovisión que también ha sido imputado en España por el saqueo de la petrolera.
La tesis de la UDEF
Pese a la tesis de Villalobos, la Policía sostiene que estos contratos encubrieron un presunto desfalco de fondos que pagaron los empresarios beneficiarios a funcionarios y a exaltos cargos del Gobierno de Hugo Chávez. Además, en uno de sus últimos informes precisó que la cúpula de PDVSA al completo -incluido el actual presidente Nicolás Maduro que entonces ejercía como directivo de la empresa estatal- fue informada de la millonaria operativa de 2012.
Ello ha propiciado que el exviceministro bolivariano Javier Alvarado Ochoa haya pedido a la Audiencia nacional que cite a declarar a Nicolás Maduro. Su objetivo es que dé explicaciones junto con el también otrora directivo de PDVSA César Rincón en relación a su intervención en la rúbrica de este contrato señalado por la Policía española.
