El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes un mandato completo de cinco años en funciones, inmerso en una crisis institucional sin precedentes en nuestra democracia, sin que se contemple a corto y medio plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación.

Tras la investidura de Pedro Sánchez, el órgano de gobierno de los jueces arranca una nueva etapa sumido en la incertidumbre, sin capacidad de hacer nombramientos, con 16 vocales de 20, un presidente interino -el tercero en un año- y un mandato que comenzó en 2013 durante la X legislatura y continúa en 2023 en la XV.

Pero más allá de las cifras -entre ellas, las 85 vacantes en la cúpula judicial, 23 de ellas en el Supremo- la fotografía de la crisis se eterniza, puesto que ni socialistas ni populares son capaces de poner fin a la interinidad permanente que sufre el tercer poder del Estado, cuya renovación a los cinco años es un mandato que emana del artículo 122 de la Constitución.

El deseo del Gobierno y los intentos frustrados

Hace unos días, Félix Bolaños estrenó su cargo al frente de Justicia con una visita al presidente del Consejo, Vicente Guilarte, con el que coincidió en renovarlo "lo antes posible", un objetivo común ambicioso, puesto que en esa ecuación falta el PP y nada invita al optimismo para alcanzar un pacto tras el polémico acuerdo PSOE-Junts y la proposición de ley de amnistía.

Porque el PP ha duplicado la presión contra el PSOE en las instituciones y en la calle. Las relaciones están rotas y cualquier intento de renovación pasa por un acuerdo entre ambos partidos, que en 2018 saltó por los aires cuando estaba cerrado.

Lejos queda ya el célebre mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección del magistrado Manuel Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo porque se podría controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal y están en juego "centenares de nombramientos".

El acuerdo estuvo prácticamente cerrado de nuevo hace poco más de un año, pero de nuevo el PP lo rompió, en ese caso por la supresión del delito de sedición.

El último capítulo entre ambos partidos se dio esta semana cuando Sánchez anunció su intención de llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mientras espera, fuentes del PP insisten a EFE en que todo acuerdo de renovación pasa por reformar la ley para que sean los jueces los que se elijan a sí mismos, lo que no gusta al PSOE.

Sánchez cierra la puerta a la alternativa

La alternativa de reformar la ley para rebajar las mayorías de tres quintos a mayoría absoluta y nombrar a los 12 vocales procedentes de la carrera judicial, no gusta a nadie. Ni a los jueces ni a los partidos y menos aún a Bruselas, que ya advirtió a España en su día cuando el Gobierno lo planteó en el Parlamento.

Luego está el acuerdo entre PSOE y Sumar, que incluye renovar el CGPJ e "impedir la deslealtad institucional", pero no dice cómo lograrlo y muchos en el Poder Judicial temen que el Gobierno rescate su propuesta que rebajaba las mayorías. Sánchez lo descarta.

De optar por esta vía, se daría la circunstancia de un CGPJ con 12 vocales nuevos -jueces- y ocho del actual Consejo que seguirían -juristas- porque la Carta Magna exige tres quintos para este bloque.

La dimisión, otra vía sin consenso que puede estar sobre la mesa

La tercera vía pasa por la dimisión de los vocales, ya sea en bloque o en cascada, uno tras otro. Aquí el consenso se antoja imposible. Unos lo consideran un delito, otros solo lo ven sentido si lo hacen todos con todas las consecuencias que eso implique y los progresistas no lo ven posible porque creen que los conservadores no contemplan dimitir y al sumar diez el Consejo seguiría funcionado.

"No tenemos que dimitir para solucionar un problema de otros", zanja una vocal, si bien otras voces no descartan discutir esta cuestión a la vuelta de las Navidades si todo sigue igual.

Vocales de distintas sensibilidades consultados por EFE dibujan un panorama "espantoso" en el que no ven salida a este bloqueo porque "el acuerdo con el PP tras la amnistía es una quimera, un imposible", "el PSOE no va a aceptar un compromiso a futuro de reformar el sistema de elección para que los jueces se elijan a ellos mismos, y "cambiar las mayorías es una barbaridad".

Todos coinciden en que "es una completa anomalía", "algo tremendo", "lamentable" y "difícil de explicar". Un vocal lo escenifica así: "Los que nos hubieran sustituido ya tendrían que estar de salida. Esto es un error de los grandes partidos".

Las polémicas decisiones de un CGPJ dividido y caducado

Entre tanto, el Consejo sigue tomando decisiones y algunas de ellas de alto voltaje. Esta misma semana ha declarado no idóneo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para ser renovado en el cargo cuando el pasado año lo examinó y consideró que sí lo era.

Y recientemente se ha posicionado en contra de la ley de amnistía en una declaración impulsada por los vocales conservadores sin que ni siquiera haya arrancado la tramitación de la proposición de ley.

Los vocales progresistas se quejan de que la mayoría conservadora ha convertido el Consejo en "una tercera cámara" que se dedica a hacer "declaraciones políticas". "El PP no va a soltar el consejo porque lo utiliza políticamente, es lo único que les queda".

Los vocales conservadores consultados evitan el choque al considerar que estos "juicios de valor son inoportunos" y rebajan la tensión interna al decir que "el ambiente es muy educado y cordial" con "camaradería y mucha responsabilidad".

Una compañera lo resume así: "No estamos polarizados, estamos muy cansados porque cualquier cosa es un problema". 

Rafael Martínez / Efe

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