Gobierno y PP confrontarán dos modelos antagónicos este jueves, durante la conferencia sectorial de Vivienda que encabezará la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y que continuará con los trabajos del próximo Plan Estatal de Vivienda y del llamado Bono Alquiler Joven. Pero la reunión servirá, sobre todo, para constatar la existencia de dos recetarios completamente diferentes para afrontar un desafío con idéntico diagnóstico: el acceso a la vivienda como uno de los grandes males sociales. Según el CIS, el segundo problema que más preocupa a la población española.
El caldo de cultivo lleva años cocinándose. Fue por ello que Pedro Sánchez, poco después de ser investido por última vez como presidente del Gobierno, en noviembre de 2023, proclamó que esta sería la "legislatura de la vivienda". Y que convertiría este derecho constitucional en "el quinto pilar del Estado del Bienestar". Una afirmación bumerán a ojos del PP, que expone al Gobierno como el "principal culpable" de la falta de oferta y, en suma, de la situación de encarecimiento brutal que viven con pasmosa virulencia los núcleos urbanos más poblados. Según los últimos datos que maneja el Banco de España, tomando la media española, hacen falta más de siete años de salario bruto para comprar una casa.
"Es una de las pruebas más palpable del fracaso y la incapacidad de este Gobierno", dicen a Vozpópuli desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo. Según los datos aportados este miércoles por la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, desde la puesta en marcha hace 16 meses de la Ley de Vivienda, "la oferta de alquiler se ha reducido un 15%" y "los precios se han disparado un 13%". Martín, exconsejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, achacó los resultados a las "políticas intervencionistas" impulsadas por el Gobierno junto a Bildu, ERC y Podemos.
A esos tres partidos en concreto, y no a otros, citó la vicesecretaria popular. No sólo porque votaran a favor de la norma en abril del año pasado. Sino porque, además, buscan achacar el fracaso en políticas de Vivienda a la izquierda política para tejer una alternativa junto a eso que Iván Redondo ha llamado "derecha plural". La hipotética capacidad creciente que tendría Feijóo para aunar en el Congreso a Vox, Junts y PNV en determinadas votaciones. "Siempre es más fácil coincidir en el voto para ir contra algo que para votar a favor de algo, y menos de una ley, salvo que sea difícil de explicar", discrepa un diputado popular con trienios en política.
El debate encallará con casi total seguridad en la mesa de negociación de este jueves, habida cuenta de que los 11 consejeros de Vivienda populares defenderán ante la ministra que el problema está en la falta de oferta mientras esta, a su vez, focalizará el problema en la demanda. Además, fuentes de Génova adelantan en conversación con este periódico que sus consejeros dejarán clara su queja a Isabel Rodríguez tras la amenaza vertida por la ministra el pasado jueves en una entrevista en TVE.
"Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley", dijo sobre la posibilidad de retirar fondos a aquellas regiones –todas– que sean "insumisas" a la actual Ley de Vivienda. Es decir, que no declaren las zonas tensionadas por el alquiler. En Génova defienden que es la misma norma la que clarifica que son las comunidades autónomas quienes tienen la potestad de declararlas y, por tanto, si no lo consideran así, no hay incumplimiento de la ley. Una muestra más de las divergencias entre una y otra trinchera en esta cuestión.
Porque mientras el Gobierno insiste en poner topes al alquiler, el PP propone rebajar el umbral de vulnerabilidad para incentivar que los arrendadores alquilen sus pisos a jóvenes con salarios más bajos. Porque mientras el Gobierno habla de bonos de 250 euros para los arrendatarios, el PP propone incentivos fiscales. Son sólo dos muestras del importantes trasfondo ideológico del asunto.
La reunión en el Ministerio de Vivienda servirá, además, como aperitivo de la Conferencia de Presidentes convocada para diciembre en Santander. Una cumbre diseñada por el Gobierno con la vivienda como plato estrella, pero que será salpimentada por los barones autonómicos del PP con temas con la financiación autonómica, la inmigración o la conciliación, ya que tienen potestad para introducir puntos en el orden del día. "Introduciremos los temas de los que Sánchez no quiere que hablemos, claro: es el momento y el lugar", adelantan desde una baronía popular.
