El Ministerio de Transportes cerró el 21 de marzo la compra de ocho millones de mascarillas a través de Puertos del Estado para afrontar la crisis del coronavirus. Pero sigue sin revelar a quién y cuánto ha sido la cifra final de esta adjudicación pública. Ante las continúas preguntas de Vozpópuli, la cartera que lidera José Luis Ábalos confiesa que esta información se desvelará cuando finalice el contrato, aunque destacan que "no es exigible legalmente".
"En aras a conciliar la urgencia en la provisión de las mascarillas y por tanto en el procedimiento de contratación utilizado, con la máxima transparencia posible, a la finalización de la ejecución del contrato y, pese a que no sea exigible legalmente, las entidades contratantes procederán a dar la oportuna publicidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público", explican desde el Ministerio de Transportes ante la consulta de este medio.
El contrato terminará, según matizan desde el equipo de Ábalos, cuando finalice el suministro. En ese momento, tanto Puertos del Estado como Adif -que añadió a esta compra otro lote de dos millones de mascarillas- revelará a la ciudadanía el nombre de sus socios comerciales en esta operación pública y el precio total de esta compra de material sanitario. Una transparencia de contratos que sí realizó la semana pasada la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), una entidad dependiente del Ministerio de Sanidad.
Los únicos detalles que se han conocido de los contratos del Ministerio de Transportes han sido a través de la prensa. Vozpópuli hizo público el acuerdo entre Puertos del Estado y la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa para la compra de "un máximo" de ocho millones de mascarillas. Una empresa con sede en Zaragoza que en su web no informa de actividad desde 2017, con buena parte de su actividad concentrada en Angola y que, según las últimas cifras publicadas en el Registro Mercantil, está en números rojos.
Más de 25 millones de euros
La empresa, el Ministerio y Puertos del Estado optaron por el silencio ante la pregunta sobre este contrato. Tampoco se revelaron los datos del fabricante, el modelo y la cuantía total de esta adjudicación. El diario El Mundo aseguraba que este contrato superaría los 20 millones de euros. Si se tiene en cuenta la compra total de Puertos y Adif de 10 millones de mascarillas, la adjudicación de la cartera de José Luis Ábalos superaría los 25 millones de euros, una estimación que surge por los 2,5 euros (2,7 dolares) por mascarillas de uso sanitario que ha pagado INGESA en sus acuerdos.
Transportes, en cambio, sí ha ido informando de la llegada de cada lote de esta compra a suelo español. "La suma total de mascarillas recibidas, de adquisición centralizada a través de Puertos del Estado y Adif, asciende ya, con esta nueva remesa, a más de 10 millones de mascarillas", informaban a través de un comunicado oficial el pasado 17 de abril. Pero no contestaba a estas dos preguntas: a quién y cuánto.
¿Conforme a la ley?
Los comunicados del Ministerio aseguraban que la adquisición de estas mascarillas se hacía "por el procedimiento de emergencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".
¿Están obligados las administraciones y los organismos del Estado a publicar todos estos contratos? El abogado y catedrático Eduardo Gamero ya alertaba en Vozpópuli de que la situación excepcional de contratación que se vive en el estado de alarma no es un “cheque en blanco” para que dejen de publicar las licitaciones en los respectivos portales habilitados.
La situación excepcional de contratación que se vive en el estado de alarma no es un “cheque en blanco” para que dejen de publicar las licitaciones
A su juicio, el artículo 9/2017 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) -que aborda las contrataciones en emergencia- agiliza los trámites de preparación, adjudicación y licitación, pero no marca excepciones para la publicación de su contenido. El portal de contrataciones es el espacio idóneo para hacerlo: el Ministerio de Sanidad o el de Defensa, por ejemplo, ya han hecho públicas sus respectivas licitaciones relacionadas con el coronavirus.
Gamero añade que, en virtud del artículo 154.1 de la misma ley, la formalización de los contratos deberá publicitarse en un plazo máximo de quince días; las licitaciones menores podrán remitirse de forma trimestral. En ningún caso establece excepciones para los contratos de emergencia. Ni siquiera cuando se firma una gran cantidad de ellos en un breve periodo de tiempo, como se está viviendo en la actual crisis sanitaria.
