Las elecciones vascas y catalanas, los períodos de reflexión que se toma el presidente del Gobierno y el bloqueo de la ley de amnistía en el Senado por parte del Partido Popular han provocado que esta última medida estrella de la factoría Sánchez haya pasado a un segundo plano por un tiempo. Sin embargo, los efectos de esta proposición de ley son ya ostensibles antes de haberse aprobado, y un claro elemento que se ha visto perturbado por su tramitación son las relaciones diplomáticas de España. El cuerpo diplomático español ha tenido que cambiar su versión del procés por obra y gracia de Sánchez, cuyo emir de Exteriores, José Manuel Albares, se ha encargado de enviar nuevas directrices a las embajadas para que defiendan la ley de amnistía.

Vozpópuli, a través del Consejo de Transparencia, lleva meses batiéndose el cobre para que el Ministerio de Asuntos Exteriores desvele estas directrices después de que los diplomáticos tuvieran que justificar el giro de 180 grados de la política de Pedro Sánchez, que ha pasado de asegurar que traería esposado a Carles Puigemont a ponerle la alfombra roja. Ahora, el Departamento de Albares encuentra una nueva salida para evitar aportar esta información: se trata de "información reservada".

Como ya informó este periódico, Exteriores inadmitió la solicitud de este diario echando mano del artículo 14.1 apartado C de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al considerar que facilitar las directrices dadas a los embajadores sobre el proceso independentista desde 2017 supondría “un perjuicio para las relaciones exteriores de España”.

Esta respuesta del Ejecutivo fue recurrida ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en aras del derecho constitucional al acceso a la información pública que obra en poder de la Administración. Sin embargo, según consta en un documento firmado por Sergio Francisco Cuesta, director del Gabinete del ministro Albares y al que ha accedido en exclusiva Vozpópuli, Exteriores suma una nueva excusa para evitar hacer frente a dos preguntas. En concreto, se solicitaba copia de los “documentos, estudios, informes o cualquier otra documentación en poder del ministro de Asuntos Exteriores que reflejen la postura a adoptar en el futuro por las Embajadas de España y la postura que han de mantener los diplomáticos ante la Unión Europea tras el cambio de postura del Gobierno reflejado en la ley de amnistía.”

Las alegaciones de Albares añaden ahora un nuevo argumento legal para un Gobierno que de cara al exterior ha ido cambiando en función de las necesidades electorales de Pedro Sánchez. Así, Albares califica ahora todo lo relacionado con las instrucciones impartidas a las embajadas españolas como documentos de “carácter reservado”. Para lo cual, se escuda en el artículo 14.1 apartado K) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, que regula la denegación de esta clase de información para evitar un potencial perjuicio al Estado y garantizar “la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”. Una forma de sortear, igualmente, la manida Ley de Secretos Oficiales de 1968, diseñada en el régimen franquista.

Según Exteriores, “el carácter reservado de estos documentos se justifica por la necesidad de evitar el perjuicio en las relaciones exteriores y la confidencialidad en la toma de decisiones políticas”. Un argumento difícil de sostener, dado que la decisión de sacar adelante la amnistía es algo que el Gobierno no ha escondido desde que se hicieron necesarios los apoyos parlamentarios de Junts.

El director de Gabinete del ministro insiste en que “en este tipo de documentos se formulan posiciones cuya publicidad conlleva reacciones en terceros países y organizaciones internacionales, lo que supondría un menoscabo en nuestra política exterior”, aunque no detalla de qué forma pueden perjudicar, teniendo en cuenta que la posición del Ejecutivo ha sido verbalizada en el Congreso de los Diputados respaldando con sus votos la ley de amnistía.

Gasto en 'embajadas catalanas'

Los acuerdos del Gobierno con el separatismo han sido parejos a la proliferación de delegaciones catalanas en el exterior y al anuncio por parte de la Generalitat de la creación de un cuerpo diplomático propio. Vozpópuli ha publicado en exclusiva cómo las autoridades separatistas catalanas han incrementado un 45% el gasto de sus embajadas en los últimos dos años para relanzar el proceso separatista en el exterior. Los delegados catalanes, que manejan sus propias agendas y mensajes, centran su labor en cuestionar la calidad democrática de España y en defender un referéndum de independencia en Cataluña.

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