La Asociación de ex diputados y ex senadores españoles, que agrupa a cientos de ex parlamentarios desde las primeras Cortes democráticas de 1977, va a aprobar en su asamblea general ordinaria, a finales de enero, una propuesta instando al Gobierno y a los partidos a ilegalizar partidos y organizaciones independentistas que, como el caso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts pel Cat, las CUP o la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC), muestren contumacia en su ataque a la unidad de España.
No se trata de ilegalizar el independentismo como ideología, se señala desde la asociación que preside el ex senador del PP Juan Van Halen, cuyo secretario general es el ex senador socialista Fernando Sanz, sino de dotar al Estado de instrumentos de defensa legal frente a quienes, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de los condenados por el referéndum del 1-O, insisten en su "lo volveremos a hacer".
Es una más de las actividades de esa asociación, preocupada en los últimos meses por lo que considera un ataque decidido al régimen de 1978, y va en la linea del llamamiento que hicieron hace semanas diputados y senadores de las Cortes Constituyentes, entre ellos el ex dirigente socialista Alfonso Guerra, pidiendo un gobierno que no dependa de ERC.
Según la ponencia que van a debatir los exparlamentarios en esa asamblea, redactada por Pedro Bofill, ex diputado y eurodiputado del PSOE, quien fuera estrecho colaborador de Felipe González y Guerra en los años 80, se debería, primero, reformar el apartado 2 del artículo nueve de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos.
Solo se actuaría contra las formaciones independentistas que insistan en realizar "actividades ilegales de forma reiterada y grave" contra la Constitución y la unidad de España, y sería "revisable"
Porque se busca, dice el texto al que ha tenido acceso Vozpópuli, prohibir "a aquellas formaciones que realicen actividades ilegales de forma reiterada y grave desde las instituciones públicas para socavar los principios constitucionales, en especial, los contemplados en el artículo segundo, tales como la indisoluble unidad de la nación Española y la garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y el principio de soberanía nacional, así como el resto del ordenamiento que garantiza la sociedad democrática y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos".
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Como consecuencia de lo anterior, y esta es la segunda propuesta, se pide la "exclusión de todas las subvenciones públicas y exenciones tributarias a los partidos que impulsen o promuevan de forma reiterada desde las instituciones del Estado acciones que vulneren gravemente la Constitución y las leyes".
Además, en su tercer punto, se señala la necesidad de modificar la legislación para lograr el "reintegro" a las arcas del Estado de las subvenciones que hubieran recibido los que realizan "desórdenes públicos graves en contra de la Constitución, el ordenamiento jurídico y la sociedad democrática". Una clara alusión a los disturbios padecidos en Barcelona el pasado mes de octubre apadrinados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).
No obstante, esa ilegalización podrá ser "revisada" si los partidos y asociaciones afectadas "hacen pública y expresa declaración de renuncia a la realización de actividades ilegales contrarias a la Constitución, y de someter sus actuaciones a las leyes", recalca la asociación de exdiputados y exsenadores en la ponencia que va a ser aprobada a finales de mes.
En Alemania son ilegales
Redactada en septiembre para una asamblea general de exparlamentarios que se iba a haber celebrado en octubre -fue aplazada a finales de enero por la repetición de elecciones el 10-N- señala en su introducción que, por ejemplo, el apartado segundo del artículo 21 de la Ley Fundamental alemana (la llamada Ley de Bonn, que los aliados impusieron a la potencia germánica derrotada en la II Guerra Mundial), fija claramente que los partidos que tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertades, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales.
En una reforma de 2007 los legisladores alemanes añadieron que "los partidos que tengan como objetivo menoscabar o eliminar el orden básico democrático liberal o poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, se les excluirá de la financiación estatal".
Y la Constitución Francesa proclama en su artículo cuatro que los partidos y las agrupaciones políticas "se constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de la soberanía nacional y de la democracia".
El problema es que ambas, la alemana y la francesa, son constituciones de las denominadas militantes, estableciendo un límite a su reforma al incluir artículos intangibles, irreformables. La Constitución Española no responde a ese modelo, sino al de democracia abierta y neutral, que admite partidos políticos con todo tipo de ideologías, por muy radicales que sean. Pero esa apertura no es absoluta, ya que tiene un límite razonable.
La asociación de ex diputados y ex senadores recuerda que la sentencia 12/2008 del Tribunal Constitucional (TC) reconoce esa actividad partidaria siempre que sus procedimientos y actividades se ajusten a las leyes en vigor; y lo ampara en otro fallo suyo, el 48/2003, y en la sentencia de la Gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 13 de febrero de 2003, sobre la ilegalización en Turquía sobre el Refah Partisi.
