El gobierno ha recibido una comunicación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que le informa de la demanda que ha presentado el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont contra España por entender que se han "vulnerado" sus derechos políticos. La ONU da dos meses al Ejecutivo de Mariano Rajoy para responder antes de decidir si admite a trámite o no la denuncia, según informaron fuentes gubernamentales.
Puigdemont presentó un recurso ante ese Comité el pasado 1 de marzo contra lo que considera la "vulneración" de sus derechos políticos por parte de España. Ese organismo dio ayer un número de registro a la comunicación de Puigdemont, mientras el expresidente catalán comparecía ante las autoridades alemanas tras ser detenido el domingo cuando regresaba desde Finlandia, por carretera, hacia Bélgica.
Con la misma fecha de ayer, el Comité de la ONU emitió una comunicación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que expone que, conforme a la regla 97 de su funcionamiento, había enviado a España una copia del escrito de Puigdemont para que "haga llegar en el plazo de 6 meses cualquier información u observación respecto a la cuestión de admisibilidad o al mérito de la comunicación".
No obstante, según las fuentes del Gobierno consultadas por Eropa Press, en la comunicación recibida por el Gobierno de Mariano Rajoy, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU establece un plazo de dos meses, hasta el 28 de mayo, para que el Ejecutivo aporte las informaciones que considere oportunas al respecto en relación con la admisibilidad a trámite del asunto.
AÚN NO SE HA ADMITIDO A TRÁMITE
De hecho, en la citada solicitud de información se explica que ésta "no implica que se haya llegado a una decisión ni respecto de la admisibilidad ni del fondo de la comunicación".
Esta actuación está en consonancia con el punto dos de la norma 97 de esta Comisión de la ONU, en la que dice que "el Comité, el grupo de trabajo o el relator especial" puede solicitar "una respuesta escrita que se refiera solamente a la cuestión de admisibilidad" de una denuncia o comunicación.
Además, en el punto 3 establece también que el Estado interpelado podrá solicitar por escrito, en un plazo de dos meses, "que se declare inadmisible" la denuncia, indicando los motivos que alega para la inadmisibilidad. En cualquier caso, este plazo, no prorrogará el de seis meses para que el Estado presente alegaciones sobre el fondo.
En este sentido, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado este viernes en rueda de prensa que el Gobierno responderá "con mucho gusto" en el plazo que les han comunicado y dará cuenta de "cuál es la situación del señor Puigdemont".
Méndez de Vigo, tras aclarar que este Comité de la ONU "no es un órgano jurisdiccional", ha insistido en que la situación judicial del expresidente catalán es "enormemente clara".
"Es una persona huida de la Justicia, que se fue a otro país de la Unión Europea para eludir acudir a los tribunales de justicia y que, en virtud de una euroorden, está detenido en una prisión alemana a la espera de que las autoridades judiciales alemanas decidan sobre su entrega a España". Según ha indicado, el Gobierno "estará, sin interferir en ningún momento, a lo que digan las autoridades judiciales".
Por otro lado, fuentes del Ejecutivo, consultadas por Europa Press, han explicado que, aún en el caso de que se llegara a admitir a trámite la citada petición y hubiera un dictamen, éste no es "vinculante" para España sin perjuicio de que, como todo Estado de derecho y democrático tiene en cuenta los criterios del Comité para mejorar, si procediera, la protección de los derechos fundamentales.
LAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ NO SON VINCULANTES
Las mismas fuentes dejan claro que este Comité no es como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus decisiones "no obligan" a los Estados ni pueden afectar a resoluciones judiciales firmes.
Además, precisan que en España no se vulneran los derechos políticos de nadie y advierten de que la situación de Puigdemont la decide el Tribunal Supremo con todas las garantías procesales y en aplicación estricta de la Ley.
"Esto es un Estado de derecho y aquí hay separación de poderes", exclaman las fuentes consultadas, quienes recalcan que el Gobierno no interfiere en modo alguno en las resoluciones judiciales.
