El Congreso debate hoy una proposición de ley del PDeCAT que reclama la reforma de la Ley de Memoria Histórica para que se anulen todos los juicios políticos, ideológicos o de creencia celebrados durante la dictadura franquista y que hasta ahora sólo se contemplan como ilegítimos.
Ya el pasado 12 de septiembre, el pleno de la Cámara Baja ya declaró nula la sentencia por la que fue ejecutado el presidente de la Generalitat Lluís Companys en octubre de 1940, gracias a una iniciativa del PSOE que salió adelante con el apoyo de Unidos Podemos y el PDeCat.
La iniciativa que se debate hoy pretende declarar nulos los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo y todas sus sentencias dictadas para así reparar jurídicamente a las víctimas, una cuestión que el grupo catalán considera que aún está "abierta" en el Estado porque la Ley de Memoria Histórica se "quedó corta".
Prueba de ello, según el PDeCAT, fue la aprobación unánime en el Parlamento de Cataluña el pasado mes de julio de la ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo que anuló las sentencias políticas del régimen franquista en dicha comunidad autónoma.
De igual modo, ve preciso ir "más allá" de la Ley de Memoria Histórica porque si las sentencias del franquismo "siguen vigentes" resulta "imposible", a su juicio, que la reparación de las víctimas se complete.
Y también destaca la "gran distancia" entre las instituciones del Estado y las asociaciones de víctimas del franquismo como refleja el último informe del Relator Especial del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre este asunto, publicado en 2014.
"Esta brecha es especialmente preocupante considerando que las expectativas expresadas por muchas víctimas no pueden caracterizarse, en general, de desmedidas", recoge dicho informe.
Medidas que incluyen la localización de fosas comunes, la recuperación de restos de desaparecidos, la anulación de sentencias emitidas por tribunales militares y el acceso a archivos y otras fuentes de documentación.
Según el PDeCAT, el Relator Especial de la ONU también reclamó evaluar la implementación de la Ley de Memoria Histórica una década después de su aprobación.
Para ello, el informe del Relator vería "sumamente provechoso" que España tomase como ejemplo a países del entorno europeo, como Alemania, que han afrontado retos similares.
