El Tribunal Supremo sentará en el banquillo a partir de este martes a 12 dirigentes separatistas, que serán juzgados por hechos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Pero el juicio contará con ausencia notables en el bando de los acusados. Son aquellos que tomaron la decisión de huir del país tras la celebración de la consulta ilegal para evitar la cárcel. En este momento, no pesa orden de detención internacional sobre ninguno de ellos, pero serían detenidos si vuelven a España.
Puigdemont y exconsejeros
Al frente de este grupo se encuentra el expresidente del Govern, Carles Puigdemont, fugado desde el 29 de octubre de 2017, dos días después de la declaración de independencia votada en el Parlament y de la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución. Huyó a Bruselas. Pesaba una orden internacional de detención contra él, pero el juez Pablo Llarena optó por retirarla tras la decisión de la justicia alemana de entregarlo sólo por el delito de malversación, y no por rebelión y sedición.
A parte de Puigdemont, engrosan esta lista cuatro miembros de su Gobierno. La exconsejera de Educación Clara Ponsatí es una de ellas. Huyó a Bruselas a finales de octubre, y actualmente reside en Escocia. Como responsable de Enseñanza en ese momento, suya fue, en última instancia, la responsabilidad de abrir los colegios electorales durante el 1-O. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó una orden de detención internacional sobre ella por permanecer en Bruselas y desoír la citación judicial para que declarase por rebelión y malversación de fondos. Se mudó posteriormente a Reino Unido, donde un tribunal escocés dictó en julio su puesta en libertad sin condiciones, después de que la Justicia española retirara la euroorden contra ella.
Antoni Comín, exconsejero de Salud, es otro de los huidos. Se fugó de España también a finales de octubre de 2017. Pesaba sobre él, asimismo, una orden de detención internacional tras no declarar como imputado por rebelión, sedición y malversación de fondos. El juez Llarena retiró también sobre él la orden europea de detención.
Integra también esta lista de fugados la exconsejera de Agricultura, Pesca y Ganadería, Meritxell Serret. Su situación es similar a la de los otros exdirigentes del Govern. Fugada en octubre, y acusada de desobediencia y malversación por el juez Llarena, pesaba sobre ella una orden europea de detención retirada más tarde. Lluís Puig i Gordi, exconsejero de Cultura, acompañó también a sus compañeros en su fuga a Bruselas. Acusado de desobediencia y malversación por Llarena, su orden de europea de detención fue, asimismo, retirada.
Marta Rovira y Anna Gabriel
Los exconsejeros no son los únicos huidos de la Justicia española. Otra figura relevante es Marta Rovira, portavoz del grupo parlamento Junts Pel Sí. Rovira sigue ocupando su puesto de secretaria general de ERC. En su caso, huyó a Suiza a finales de marzo de 2018 tras no declarar en el Supremo, que le había imputado un delito de rebelión tras las elecciones catalanas del 21-D. Tuvo una participación muy activa en la definición del marco legislativo del referéndum del 1-O.
Y, por último, integra esta lista Anna Gabriel, presidenta del grupo parlamentario de la CUP. Huyó a Suiza a finales de febrero, tras su decisión de no comparecer ante Llarena y asegurarar que no tenía "garantías de la celebración de un proceso justo".
