"El único plan del Gobierno es diálogo y ley, y nada más". El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha intentado zanjar este viernes la polémica generada por las hipotéticas "medidas coercitivas" que Moncloa tomaría en caso de que la Generalitat lleve su desafío hasta el final y convoque y organice un referéndum de independencia. De esas medidas, que incluirían desde el precinto de colegios públicos a la suspensión de la autonomía catalana, hablaron fuentes del Gobierno este miércoles, aunque el discurso oficial se desmarca de ello y vuelve a fiarlo todo a la operación diálogo que capitanea la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Una negociación que, como todas las materias relevantes, el Gabinete prefiere que desarrollar "de forma confidencial" y "no a la luz del día". De ahí que todavía no haya fecha para la prometida reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont ni trascienda agenda alguna de contactos al respecto. "Confiamos en que tenga frutos" el diálogo ha remarcado Méndez de Vigo en su comparecencia semanal tras el Consejo de Ministros.
Moncloa estima que "tendrán que ser los ciudadanos españoles y catalanes" los que valoren si esa vía "es la correcta o no" insiste en mostrar "mano tendida" e "invitación permanente" a sentarse a hablar con Puigemont y considera que la opinión pública apoya "mayoritariamente" esa apuesta.
"La posición del Gobierno es inequívoca, es firme y es siempre la misma: diálogo dentro de la ley", ha esgrimido al ser preguntado por las citadas "medidas coercitivas" que han marcado parte de la actualidad informativa de la semana. El mismo miércoles Moncloa ya matizó esas advertencias por boca del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, que al tiempo que garantizó que "no habrá referéndum" se limitó a afirmar que al desafío secesionista se responderá con proporcionalidad: "a cada paso" de la Generalitat fuera de la ley, se responderá con otro que la haga cumplir. Sin entrar en más detalles.
"Hay un espacio enorme para dialogar, para resolver los problemas de la gente", ha insisto el portavoz de un Gobierno que "se dirige a los catalanes" para buscar una salida al contencioso territorial. Sobre la operación contra la presunta financiación ilegal de Convergencia, que referentes independentistas califican de "montaje", ha recordado que "es consecuencia de una denuncia" de un concejal de ERC y poco "tiene que ver el Gobierno" ahí.
