La Delegación del Gobierno en Madrid estudia autorizar la primera manifestación contra la tramitación en el Congreso de la reforma educativa propuesta por la ministra Isabel Celaá.
La marcha contra el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) está prevista para el próximo 13 de junio -aún en estado de alarma- y ha sido convocada por la Federación de Ampas de Colegios Católicos de Madrid.
Se trataría además de una de las primeras protestas a pie autorizadas por el Gobierno en la capital desde que permitiese la multitudinaria manifestación del 8-M en pleno avance del coronavirus y que ha terminado con el delegado José Manuel Franco investigado por supuesta prevaricación.
La iniciativa se comunicó hace más de diez días, pero los organizadores aún no han recibido respuesta por parte de la Delegación. Fuentes de la autoridad gubernativa aseguran a Vozpópuli que los trámites ya se han iniciado y que han solicitado un informe de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid para tomar la decisión.
En todo caso, dicen, los participantes tendrán que cumplir con todas las medidas de seguridad sanitaria pertinentes para evitar la propagación del coronavirus.
El Ejecutivo sí ha dado ya el visto bueno a una concentración de pensionistas en Sol este miércoles. El pasado 23 de mayo el Gobierno autorizó las manifestaciones contra la gestión de la pandemia promovidas por Vox, pero los participantes protestaron desde el interior de sus automóviles.
Las familias de Colegios Católicos de Madrid reclaman la "paralización inmediata" de la tramitación parlamentaria de la llamada 'ley Celaá'. Piden al Ejecutivo "que no se aproveche la situación de restricción de derechos y libertades a las que estamos sometidos para tramitar una reforma socioeducativa como la que se plantea".
Los convocantes abogan por que "se busque un amplio consenso social" para adoptar cualquier medida relativa al "futuro educativo, de seguridad y de la formación integral como personas" de sus hijos. Acusan a Celaá de tratar de "imponer un criterio ideológico que no corresponde a la mayoría social a la que afectará esa normativa".
Manifiesto en la puerta del Ministerio de Educación
"Precisamente, por el riesgo para la salud de nuestros hijos y familias en las que se basa el Gobierno para restringir nuestros derechos, no se deben imponer medidas sin consenso y nacidas de la improvisación, para la vuelta a la actividad educativa presencial, sin garantizar previamente las mínimas medidas de seguridad para toda la comunidad educativa", señalan desde la Federación de Ampas de Colegios Católicos de Madrid.
La manifestación permitida por el Gobierno recorrerá la calle Alcalá y terminará en la puerta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde los organizadores leerán un manifiesto. Fuentes de la Delegación instan a los asistentes a respetar las normas de seguridad sanitaria establecidas para evitar la propagación del coronavirus.
La marcha se desarrollará andando y, según los padres que la convocan, cumplirán con las medidas de seguridad. "Si Madrid continúa en la fase 1 de la 'desescalada', se realizarán los recorridos en grupos de ocho personas y respetando la distancia social de dos metros entre cada uno. Cada asistente llevará mascarilla y guantes", adelantan.
"Si para esa fecha las medidas de movilidad derivadas de la fase en la que se encuentre Madrid fueran diferentes se adaptaría la comitiva de la manifestación al respeto de las mismas", garantizan. "Los organizadores dispondrán en todo momento de un servicio de orden y organización que se compromete a mantener las medidas reseñadas durante todo el tiempo que dure la concentración", añaden.
Solicitan a la autoridad gubernativa que "tome las medidas de seguridad oportunas, disponiendo presencia policial a lo largo del recorrido que pueda proteger a los asistentes de posibles agresiones".
Piden a Celaá una Mesa de Educación
Los padres y madres de la federación quieren que se convoque una Mesa de Educación en la que estén representados todos los miembros de la comunidad educativa -incluidas las familias- para acordar unas medidas pactadas en las que se base después la vuelta a los colegios que deberá regular el Gobierno.
Según los convocantes, esta misma Mesa debería abordar después "la necesidad de afrontar una reforma educativa para elevar sus conclusiones a los partidos políticos que serán los que deban legislar conforme a lo que los ciudadanos les expongan".
Esta misma federación envió una carta a la comisaria europea de Educación, Mariya Gabriel, para denunciar la tramitación "acelerada" en el Congreso de los Diputados de la reforma educativa en un contexto de estado de alarma.
La tramitación de la ley durante el estado de alarma ha provocado el recelo de gran parte de la comunidad educativa y de los partidos de la oposición. El sindicato Federación de Enseñanza de USO promovió recientemente una manifestación digital en Twitter que alcanzó cientos de miles de tuits.
