El Gobierno ya empieza a deslizar la idea de que, "en este momento", la situación política en Cataluña todavía no ha llegado al supuesto anticonstitucional máximo, pero eso no quiere decir que Moncloa no tenga previstos los pasos legales para impedirlo. "Bastan cinco días" para aplicar el artículo 155 de la Constitución, y menos aún para aplicar la Ley de Seguridad Nacional, la cual permite al Ejecutivo mediante real decreto controlar los Mossos de Esquadra y otros resortes de poder de la Generalitat.
El punto primero del citado artículo 155, que en 40 años no ha sido desarrollado mediante ley orgánica -los constitucionalistas no se ponen de acuerdo sobre si es preceptivo-, dice lo siguiente: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Si la Moncloa se decide a aplicar ese artículo, el "previo requerimiento" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que deponga su actual actitud de rebeldía no tiene plazo; es decir, sería potestad del Gobierno fijarlo en "24 horas o 25 días", señalaban ayer gráficamente las mismas fuentes, añadiendo a continuación que, por la gravedad de los sucedido, lo acortará al máximo.
Y una vez que pase ese plazo sin que Puigdemont haya depuesto su actitud, el presidente del Senado, Pío García Escudero, convocará al Pleno de la Cámara Alta 48 horas más tarde para facultar al Gobierno a intervenir de facto la autonomía catalana -no suspenderla-. Ello supondrá desalojar al Govern de Junts pel Sí en su totalidad y nombrar una nueva Generalitat provisional que restituiría la legalidad constitucional.
Rajoy se resiste a aplicar el artículo 155 de la Constitución para no contribuir a la mala imagen de España
Nada se dice en la Carta Magna sobre cómo regular el orden del día de ese pleno histórico, pero algunas fuentes del Ejecutivo sostienen que la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado elaboraría de urgencia por la mañana un dictamen sobre la rebelión, que luego sería elevado al pleno de la Cámara Alta por la tarde para ser ratificado.
Hasta el momento, Mariano Rajoy se ha resistido a aplicar el artículo 155 por la mala imagen de España que se puede trasladar en el extranjero -de hecho, la prima de riesgo ha empezado a subir desde los sucesos del Parlamento de Cataluña la pasada semana- y para no alentar el victimismo de los independentistas. Además, Pedro Sánchez ya le advirtió hace semanas que el PSOE está por una solución "política" y no por medidas drásticas. Ambas partes prefieren, por ahora, centrarse en aplicar la Ley de Seguridad Nacional.
El Gobierno está vigilante a la actuación de los Mossos de Esquadra, cuyo jefe, el major José Luis Trapero, dispone de un plazo de 24 horas para comunicar a sus subordinados la orden de la Fiscalía de que se sometan a la legalidad constitucional y desoigan las órdenes en contra.
Los informes de inteligencia que obran en poder del Gobierno revelan división entre los 17.000 funcionarios policiales catalanes. Por eso la actuación de Trapero, sobre el que algunas fuentes populares tienen dudas de que acate "al cien por cien" esa orden del Ministerio Público, va a ser tan importante para que Rajoy se decida a intervenir en Cataluña a fin de impedir el referéndum independentista del uno de octubre.
Sáenz de Santamaría y Catalá se muestran "convencidos" de que Trapero y los Mossos de Esquadra acatarán la orden de requisar urnas y papeletas destinadas al referéndum ilegal del uno de octubre
Ayer, en el Senado, primero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y luego la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostraron "convencidos" de que los Mossos acatarán la orden que les había trasladado por la mañana la Fiscalía Superior de Cataluña, de que deben requisar las urnas y papeletas del referéndum del 1 de octubre.
"Creo que todo el mundo está sujeto a la ley y a las decisiones de los tribunales y de la Fiscalía y creo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no me cabe ninguna duda, estarán siempre del lado de la legalidad y de quienes velan por la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos", aseveró Sáenz de Santamaría.
