Ahora Madrid tiene previsto celebrar el acto del 17-S a favor del referéndum de independencia en Cataluña pese a la suspensión cautelar dictada este martes por el juez José Yusty Bastarreche a raíz de un recurso presentado por el PP. Fue el candidato número 41 de la lista de Ahora Madrid a las elecciones de 2015, Pedro Casas, quien solicitó al Ayuntamiento la cesión de un local municipal en el Matadero para la celebración de este evento. El Gobierno de Manuela Carmena, del mismo partido, accedió a dicha petición.
Además de Casas, miembro de la asociación La Comuna, también está detrás de este acto la plataforma 'Madrileños por el Derecho a Decidir', desde la cual sostienen que "frente a las amenazas a la libertad de reunión y expresión, reiteramos nuestra voluntad de manifestar el próximo domingo nuestro apoyo desde Madrid al derecho a decidir del pueblo catalán".
El juzgado contencioso-administrativo número 3 de Madrid suspendió cautelarmente el acto en la sala Terneras de Matadero que había sido autorizado por la Junta Municipal de Arganzuela, cuya presidenta es la concejal de Ahora Madrid Rommy Arce, militante de Anticapitalistas. Se da la circunstancia de que el auto es firme y contra el mismo no cabe recurso, aunque el juez da tres días al Consistorio para la presentación de alegaciones.
En declaraciones a la prensa, la portavoz del Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, lamentó este martes que "no hemos tenido la oportunidad de ser escuchados por el juez antes de dictar un auto tan importante". Además, avanzó que harán uso del plazo de alegaciones.
Si bien Maestre aseguró que el Consistorio acatará la decisión del juez, recalcó que "no compartimos" la resolución en tanto la autorización del acto por parte de la Junta Municipal de Arganzuela "tuvo lugar antes de las acciones políticas del Parlament y la Generalitat que el Tribunal Constitucional ha declarado como ilegales". En este sentido, subrayó que el "contenido del auto no tiene nada que ver con el decreto firmado por la concejala presidenta del distrito de Arganzuela, en el que no se hace ninguna referencia a la ley del referéndum en Cataluña aprobada por el Parlament el 6 de septiembre", ni tampoco a la convocatoria de la consulta por parte de la Generalitat.
Además, Maestre apuntó que "en ninguna de las providencias del TC se hace advertencia o requerimiento alguno, más que a las personas explícita y concretamente recogidas, que son miembros del Parlament y de la propia Generalitat". "Es decir, están directamente concernidas aquellas personas físicas o jurídicas a las que el TC hace referencia explícia. Y, pro si hubiera alguna duda, el Ayuntamiento de Madrid no se encuentra esa lista", enfatizó.
Junto a ello, la portavoz del Consistorio capitalino señaló que "tampoco quienes han sido destinatarios de esas advertencias por parte del TC, tienen limitados sus derechos fundamentales". "Lo que les ha requerido es abstenerse de iniciar cualquier actuación que dentro de sus competencias lleve a la celebración del referéndum que ha sido declarado ilegal. Pero (el fallo del TC) no limita sus derechos de reunión, expresión, de opinión y por tanto los derechos fundamentales que caracterizan la libertad en un país democrática como es el nuestro", manifestó Maestre. "En días de poca escucha queremos reiterar que la Constitución ampara la libertad de expresión", sentenció.
En los fundamentos de derecho del auto, facilitado a la prensa, se expone que la ley que regula el referéndum ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, por lo que la cesión del local de titularidad municipal "implica favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida" y que se dirige "claramente contra lo dispuesto en la Constitución española", concretamente en los artículos 1 y 2.
El juez también destaca que es "evidente que los bienes municipales tienen como función principal servir a los intereses generales, entre los cuales no puede incluirse, en modo alguno, la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional".
Además, añade que "atenta directa, clara y gravemente contra la unidad de España, proclamada en la Constitución, así como contra la soberanía del pueblo español. "No es posible que un acto que abiertamente se dirige contra lo dispuesto en la Constitución y las resoluciones del TC pueda contar con el apoyo de un municipio que tiene la obligación de cumplir las leyes vigentes"", señala.
Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se declaró "satisfecho" con este auto "contundente". "Basta ya de poner alfombra roja a los independentistas, basta ya de no pensar en la dignidad y de ponerse de lado de quien desafía las leyes y el Estado de Derecho y no de quien defiende la Constitución", afirmó.
