El Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 4 de Getafe ha citado a declarar el próximo 3 de octubre en calidad de investigado al exsenador del PP Juan Soler por su presunta participación en la licitación irregular de un teatro y de otros contratos cuando era alcalde de esa localidad madrileña.
Soler, que ocupaba el puesto 34 de la lista del PP para las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo encabezada por Isabel Díaz Ayuso, aunque finalmente no obtuvo escaño, tendrá que declarar el 3 de octubre a las 9.30 horas en la Sala de Bodas de los Juzgados de Getafe.
La citación llega después de que el Ministerio Fiscal, en una diligencia fechada el 15 de julio, confirmase que procede la toma de declaración del político del PP en calidad de investigado "por un presunto delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal", según argumenta el texto al que ha tenido acceso a Efe.
Soler será investigado tras la querella que fue presentada en abril de 2015 por Roberto Carlos Benítez de Lucas, editor de un medio local y fundador del partido Impulsa Getafe, por presuntas irregularidades en la licitación de ocho contratos entre los años 2011 y 2015, cuando Soler era el máximo responsable municipal.
En concreto, la causa apunta a la licitación irregular del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas de Getafe (CEPAAE) de la ciudad para construir un teatro en la localidad, pero que nunca vio la luz.
Pero también investiga los proyectos de dos escuelas infantiles en los barrios de Los Molinos y Buenavista, el Espacio Mercado, la Fábrica de Harinas y procedimientos menores.
En 2018, cuando Soler era senador y disfrutaba de la condición de aforado, la Fiscalía de Madrid pidió al Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe que elevara al Tribunal Supremo una exposición razonada para imputarlo.
La Fiscalía señalaba entonces que "en las primeras declaraciones en sede policial, varios de los testigos apuntaban a la concesión, antes de que se produjera su licitación oficial, de los trabajos relativos a la construcción del CEPAAE, infiriéndose de estas, que el alcalde de la localidad era conocedor de las adjudicaciones por parte de GISA a la mercantil Vegas Arquitectura", una de las dos empresas adjudicatarias del teatro junto a Dragados.
Según su administrador, Julián Vegas, "en principio, ese acuerdo era para construir un teatro con capacidad para 150 personas, pero posteriormente y por mandato directo del alcalde de la localidad, se cambio para 250 personas y sala de exposición en planta baja".
El Ministerio Público aludía a otra declaración que figura en la causa en la que una persona "escucha decir a Julián que la fachada tenía que ser como él había proyectado porque al alcalde le había encantado y que daba igual las medidas del edificio, porque el Plan General de Ordenación Urbana se cambiaría para que el edificio encajase en él".
Otro de los datos que hacían suponer que "este investigado (Juan Soler) era no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos sino que también era el impulsor, es el hecho de que las dos empresas adjudicatarias de los concursos relativos al CEPAAE, Vegas Arquitectura y Dragados, intercambiaran información de sus encargos llegando a tener influencia en ellos".
