La socialista Isabel Celaá mantendrá la cartera de Educación y Formación Profesional en el nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, lo que se interpreta como una apuesta por la continuidad que permitirá acelerar las reformas pendientes, según coinciden diversas voces de la comunidad educativa consultadas por Europa Press, aunque muchas consideran insuficiente el objetivo de aumentar la inversión en educación hasta el 5% del PIB en 2025 tras los recortes de las última década.
La ministra de Educación asume compromisos del acuerdo de PSOE y Unidas Podemos como acabar con la "segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos" o asegurar que "todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo".
Propósitos que en el sector de la educación concertada generan "alerta", en palabras del presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos CONCAPA, Pedro Caballero. "No sabemos si se van a vulnerar derechos fundamentales como elegir la educación de nuestros hijos, porque en el acuerdo hablan de blindar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo", ha señalado a Europa Press.
En la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) también manifiesta su "preocupación" ante "la idea de blindar la educación pública pueda entenderse como discriminar a la concertada". Sin embargo, su presidente, Alfonso Aguiló, "desea lo mejor a la ministra en este nuevo mandato", aunque espera que la nueva ley de educación "no se haga contra nadie sino a favor de todos".
Del mismo modo, la patronal Escuela Católicas reclama a Celaá que "sea permeable a las peticiones" que la concertada planteó sobre su reforma educativa, porque siguen considerando que "limita gravemente los derechos de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos" al eliminar el concepto de demanda social como un criterio de la planificación escolar.
Todo lo que preocupa en los colegios concertados, de titularidad privada pero financiados con recursos públicos, se celebra en los privados sin fondos de la administración. La Asociación de Colegios Privados e Independientes CICAE la continuidad de Celaá ha sido recibida con "satisfacción" por "su vinculación y experiencia con el mundo educativo tanto a nivel autonómico como nacional".
Su directora general, Elena Cid, reitera su petición al nuevo Gobierno de acabar con la cesión de suelo público para nuevos colegios concertados. "Esperamos que la ministra Celaá mantenga una postura firme para que los colegios concertados deban ser entidades sin ánimo de lucro, y que garantice el derecho de las familias la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos", añade.
Recortes en la enseñanza
"El grueso de los recortes se produjo en sólo dos años, y recuperarlos en cuatro años no es descabellado", expone el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, que junto a otras organizaciones sindicales, como UGT, CSIF o STEs, reclaman alcanzar ese objetivo de inversión en la recién estrenada legislatura.
Los sindicatos docentes aplauden que Celaá abandone la Portavocía del Gobierno, responsabilidad que ahora asumirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "El Ministerio de Educación tiene suficiente entidad como para que su responsable no tenga que compartir su tiempo con la Portavocía", afirma a Europa Press el presidente del sindicato ANPE, Nicolás Gutiérrez.
Maribel Loranca, de UGT, coincide en que "va a favorecer que se haya descargado las labores de Portavocía", y apremia a Celaá a ponerse con los deberes pendientes. "Ya no hay excusas no tratar temas del profesorado", apunta aludiendo al estatuto docente, entre otras reivindicaciones del sector. Para Francisco García de CCOO, "esta debe ser la legislatura del profesorado".
Derogación de la LOMCE
La gran asignatura pendiente, sin embargo, es la reforma educativa que derogue la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular y cuestionada por gran parte de la comunidad educativa. El año pasado Celaá tenía preparado un proyecto de reforma que detuvo el adelanto electoral, y ahora se reanudará su rumbo al Congreso de los Diputados.
Aquel proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), la también conocida 'Ley Celaá', se quedó a las puertas de su tramitación parlamentaria al ser aprobada en Consejo de Ministros el mismo día que se convocaban las elecciones generales del 28 de abril. "Si se rescata este proyecto, vamos a trabajar a través de una batería de enmiendas para completarla y mejorarla", anuncia Francisco García de CCOO.
Para Nicolás Fernández, de ANPE, la 'Ley Celaá' es un proyecto que "se queda corto para lo que necesita el sistema educativo", y añade la necesidad de profundizar en el desarrollo de la Formación Profesional o un nuevo diseño de los contenidos curriculares "más sencillo y eficaz". Y lamenta que la "fragmentación" parlamentaria aleje la posibilidad de alcanzar un pacto educativo, demanda de su organización.
El sindicato docente STEs aplaude el propósito de derogar la LOMCE, pero también puntos del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos como la eliminación de conciertos a los centros que segregan por razón de sexo, la limitación de prácticas "abusivas" a los centros subvencionados con fondos públicos o que la nota de religión no compute a efectos académicos.
Por su parte, CSIF le pide a Celaá que "recupere el tiempo perdido e impulse cuanto antes la reformas en educación tras el parón de estos meses de Gobierno en funciones". También que la reforma educativa sea "estable" y "cuente con un amplio consenso" para "acabar con la inseguridad jurídica actual".
Más becas para estudiantes
Los estudiantes recuerdan a Celaá que también tiene pendiente "reformular el sistema de becas", porque el actual sigue generando incertidumbre. "Hoy, a 10 de enero, cuatro meses después de que empiece el curso siguen habiendo estudiantes que todavía no saben si van a recibir su beca o no, y mucho menos saben cuando la van a recibir", denuncia Andrea González Henry, presidenta de Confederación Estatal de Estudiantes (CANAE), en declaraciones a Europa Press.
CANAE pide además que la reforma educativa cuente con la aportación de los estudiantes e incorpore sus propuestas. El mismo llamamiento que el Frente de Estudiantes, aunque esta organización se muestra cautelosa ante los objetivos en educación del nuevo Gobierno.
"Nos preocupa que la derogación de la LOMCE se quede en los márgenes de la ya conocida LOMLOE. Nos preocupa que el compromiso de inversión educativa se limite a un 5%. Nos preocupan las propuestas para Formación Profesional, que pasan por profundizar en la configuración de la FP Dual como formador de mano de obra barata", enumera el Frente de Estudiantes en un comunicado.
Esta organización estudiantil reclama la eliminación de los conciertos educativos, en coincidencia con la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que reclama a Celaá que ponga "coto a los desmanes y abusos de los centros privados sostenidos con fondos públicos hasta su paulatina desaparición".
