Un terremoto financiero amenaza con sacudir Podemos, con dos consultoras que se encuentran en el ojo del ciclón. Se trata de Kinema, fundada por Rafa Mayoral, y Neurona Consulting, vinculada a Juan Carlos Monedero (es “director” de proyectos), a las que la coalición de Unidas Podemos hizo encargos durante las últimas campañas electorales de 2019. Cuadros y cargos de IU sospechan de que algunas facturas hubieran sido "infladas”, y que el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar los gastos de los partidos en campaña, las esté mirando.
“El Tribunal de Cuentas es el único que puede investigar si las facturas emitidas corresponden con el servicio prestado”. Con esta frase un cargo de IU explica los temores en su partido de que algunas facturas hayan sido infladas de manera irregular. “Se firmaron contratos con el CIF de Unidas Podemos”, se quejan otros para explicar la preocupación de que una supuesta infracción acabe afectando a IU, que compitió electoralmente en el marco de la coalición que se formalizó el pasado 15 de marzo.
“Están mirando las facturas a Neurona”, aseguran fuentes de IU. La empresa mexicana que hizo trabajos para Nicolás Maduro, Evo Morales y Manuel López Obrador está vinculada a Monedero, y se encargó, como desveló Vozpópuli, de asesorar a Podemos en vídeos de campañas electoral, el diseño del logo (morado, rojo y verde) y la propaganda en redes de Isa Serra e Irene Montero.
Dos millones para redes
Solo en la campaña electoral de mayo y abril, según miembros de Podemos, el gasto en redes ascendería a más de dos millones de euros. Y la sospecha de que varias facturas no corresponden al servicio prestado abren las puertas a más temores: entre otros, a una investigación más profunda sobre la financiación del partido morado a través de las donaciones y microcréditos y un presunto flujo de dinero proveniente de países de América Latina.
Neurona, por ejemplo, cobró del gobierno de Bolivia 1,5 millones de euros en ocho contratos. El nuevo Ejecutivo de Janine Áñez ha denunciado un posible caso de “corrupción” y ha pedido investigar a la ex ministra de Educación, que ha huido a Argentina.
De hecho, en Podemos hay figuras de alto nivel que aseguran que los encargos a algunas consultoras sirvieron para “blanquear” la entrada de fondos a través de otros países de América Latina. Son acusaciones fuertes, que de momento carecen de elementos probatorios, pero que en los círculos morados y entre los de IU despiertan la alerta sobre lo que pueda hacer la justicia o incluso la Policía Nacional y la Guardia Civil.
"Lo mismo que en todos los partidos"
Los más cautelosos confirman que el Tribunal de Cuentas está investigando el gasto de campaña de Unidas Podemos, pero añaden que lo está haciendo con todos los demás partidos. A día de hoy, argumentan, el organismo no se ha concentrado en fiscalizar los contratos a las consultoras. Aunque matizan: “Quizás algo pueda surgir”.
El caso de los contratos a las consultoras es el tercer filón que los exabogados de Podemos cesados estaban investigando (además de los presuntos sobresueldos y las obras en la sede del partido). Algunos temen que los encargos se hubieran “fraccionado” incluso antes de las elecciones, lo que podría incumplir la ley 9/2017 de contratación pública.
Dicha normativa fija que los contratos de servicios superiores a los 14.000 euros deben pasar por una licitación abierta, y es posible, según las fuentes consultadas, que la coalición de Unidas Podemos no haya sido del todo atenta a esta cuestión. “Aunque es lo mismo que pasa en todos los partidos”, se defienden miembros de Podemos.
Gerente bajo sospecha
En todo ese esquema sobresale un nombre: Rocío Val. Es la actual gerente del partido morado, además de persona muy afín a Rafa Mayoral, quien fundó Kinema. Ambos provienen de las juventudes comunistas de IU. Val fue presidenta entre 2001 y 2003 de la Unión de Juventudes Comunistas de España y según algunos conocedores de los movimientos de la actual gerente “casi desapareció después de ser nombrada gerente”.
Los abogados cesados, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, apuntaban en sus acusaciones a que Val y el tesorero Daniel de Frutos cobraban extras que incumplían las normas éticas internas de Podemos. Una cuestión que de momento no tendría una derivada de carácter judicial, pero que podría ocultar pagos para garantizarse el silencio en uno de los momentos más delicados de Podemos, en el que, cabe recordarlo, la formación se jugaba su supervivencia en las elecciones de mayo y abril.
