Publicado: 09/07/2024 10:35
Actualizado: 09/07/2024 11:44
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre no ve margen para amnistiar a Carles Puigdemont de traición y eleva el caso al Tribunal Supremo. En un auto fechado este lunes al que ha tenido acceso Vozpópuli, manda la causa de la trama rusa del procés, que afecta a 13 personas, al Alto Tribunal.
Junto a Puigdemont y Francesc Dalmases, aforados, están imputados Artur Mas, Elsa Artadi, Víctor Terradellas, Jordi Sardá, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta, Aleksander Dmitrenko, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye por traición, malversación y organización criminal. Considera que las actividades de estos "se encuentran inescindiblemente unidas con la actuación presuntamente punible de Puigdemont".
El juez atribuye ahora a los investigados, además de los delitos de traición y malversación, la pertenencia a organización criminal, que tipifica el artículo 570 del Código Penal como una agrupación de más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido y que se reparten tareas o funciones de manera concertada y coordinada para cometer delitos. Debe tener permanencia y estabilidad, con un esquema organizativo preestablecido y frecuentemente de carácter jerárquico, lo que aumenta su eficacia.
El pasado 21 de junio, el juez abrió una pieza separada en la que imputaba a Artur Mas y Elsa Artadi por traición y malversación y pedía al Tribunal Supremo que investigara a Carles Puigdemont.
Sobre este último delito, Aguirre defiende que hay indicios de que se produjo malversación de fondos públicos desviados para financiar actividades relacionadas con el procés.
Estas otras actividades que podrían haberse financiado utilizando fondos públicos estarían relacionadas con el desarrollo de relaciones internacionales que tendrían la finalidad de obtener apoyo internacional, ayuda económica, reconocimiento internacional y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana escindida del Reino de España, y, con ello, facilitar la injerencia de país extranjero en territorio español. Una red que se exploró con profundidad en el caso de Rusia, especialmente interesada en desestabilizar a un país de la OTAN y en último término, a toda la Unión Europea.
"Deficiencia técnica" en la Ley de Amnistía
En el caso de Puigdemont, se abre una nueva y compleja situación procesal. El delito de traición no está incluido en la Ley de la Amnistía si supone "una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España", por lo que, en caso de que el Supremo asuma la causa, Puigdemont podría ver abierto un nuevo frente judicial de inciertas consecuencias.
En el auto de este lunes, Aguirre argumenta que, como establece la Ley de Amnistía, los actos que imputa a Puigdemont susceptibles de traición no son amnistiables por haberse producido "una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".
El juez sostiene que "debido a una deficiente técnica legislativa se ha empleado la palabra amenaza como sinónimo de peligro" al transcribir de manera literal unos conceptos contenidos en la Resolución 265 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Concluye que la amenaza sería "la posibilidad de que el hecho constitutivo de traición se llevara a efecto y los calificativos de real y efectiva hacen referencia a la probabilidad de cumplimiento de tal posibilidad. Es decir, debe tratarse de una probabilidad alta".
Aguirre deduce que la amenaza fue real y efectiva "del torrente de datos expuestos en el auto de incoación de pieza separada de 21 de junio".
"La injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos", afirma. Si no llegó a hacerse efectiva el 27 de octubre de 2017 según la persona que estaba presente y la urdió, Víctor Terradellas, fue porque "el expresidente Puigdemont tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor, por lo que implicaba para Catalunya y él mismo continuar con la Declaración Unilateral de Independencia y la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso de carácter iliberal y antidemocrático, y contrario a la democracia liberal de la Unión Europea, abandonando definitivamente la pretendida aunque ilusoria protección de la Unión Europea".
El juez aporta a continuación el documento El camí cap a la República (El camino hacia la República), que en nueve pasos marcaba la senda, que empezaba con la renuncia de Puigdemont a la investidura, no al escaño, y la propuesta de otro candidato para un nuevo gobierno. Esto llevaría a vencer al Estado, que levantaría el 155, y culminaría con la vuelta de Puigdemont a la Presidencia.
Posteriormente al 27 de octubre de 2017, el juez detalla que Alay y Boye siguieron "profundizando las relaciones con las más altas esferas del Kremlin".
El mandato del Parlamento Europeo
El juez considera que resulta importante tomar en consideración las resoluciones del Parlamento Europeo dictadas con posterioridad al auto de 28 de enero de 2024, en la que pidió a los jueces que investigaran la injerencia rusa en el procés en Cataluña, como ya apuntó en su auto del 21 de junio.
El Parlamento Europeo aprobó el día 7 de febrero de 2024 la Propuesta de resolución común - RC-B90124/2024 sobre la trama rusa: acusaciones de injerencia rusa en los procesos democráticos de la Unión Europea, en la que expresó su "profunda preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso; observó que, de confirmarse, "la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE"; expresó su "profunda preocupación por las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista".
La Eurocámara pidió a las autoridades judiciales competentes que investigaran las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo supuestamente relacionados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la Unión Europea y sus Estados miembros y lamentó todos los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia.
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Que si, que si no. Total, este delincuente con olores a terrorista, vago y mentiroso de profesión de Carlos Puigdemont, se pega una vida a lo millonario griego, y, así, recibe pleitesía del resto de la banda y, todos a coro, provocando, insultando y faltando al decoro, se burlan de la justicia y de los jueces, mientras estos profesionales del orden, en un titubeo que más bien parece el baile de San Vitos, hablan de leyes, habla de detenciones a alguien que por ser amigo del golfo mentiras y felón de Pedro Sánchez, son los dueños de España y empiezan también a tener influencias en Moscú.
¡Manda Buebos!