El Tribunal Constitucional ha aprobado la solicitud del exministro y juez Juan Carlos Campo para apartarse de todos los asuntos relacionados con la amnistía, que suman cerca de veinte, aunque la decisión ha sido tomada por un margen mínimo, con una votación de 6 a 5, lo que anticipa un complicado escenario de recusaciones que se avecina en octubre.
Fuentes jurídicas informan a EFE que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, presentó la petición de Campo ante el pleno, la cual se consideraba un "mero trámite", dado que en la sesión anterior ya se había aprobado por unanimidad su abstención en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo contra la amnistía.
Sin embargo, lo que inicialmente parecía un trámite sencillo, resultó no serlo, como demuestra el resultado de la votación. Seis votos a favor y cinco en contra, con tres votos particulares de los magistrados Enrique Arnaldo y José María Macías, y la magistrada Concepción Espejel, según las mismas fuentes.
Campo solicitó apartarse de este tema ya que, en su rol de ministro, firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas, en un documento en el que señalaba que una futura amnistía sería inconstitucional. Este argumento ha sido utilizado para justificar su abstención en otros casos similares, lo que desde el tribunal se consideraba como un "paso lógico y previsible".
Aunque en esta sesión aún no se han tratado las recusaciones, la controversia ya está en marcha, pues hay 54 recusaciones pendientes, una situación sin precedentes en el tribunal, cuyo resultado será crucial para alterar o mantener el actual equilibrio de poder entre los bloques progresista y conservador. Tras la salida de Campo, la balanza queda en un 6 a 5.
El debate ahora gira en torno a cómo gestionar y resolver las recusaciones, con posturas enfrentadas entre los bloques progresista y conservador, lo que podría paralizar el tribunal.
Algunos magistrados proponen que todos los recusados queden excluidos del debate, lo que dejaría al tribunal en una situación de empate (4 a 4) para resolver las recusaciones. Otros consideran que el recusado solo debería apartarse de la votación en la que está implicado, pero podría participar en las de sus colegas.
La Abogacía del Estado, la Fiscalía y el expresidente catalán Carles Puigdemont han solicitado la recusación del magistrado conservador José María Macías en el debate sobre la ley de amnistía, mientras que el Partido Popular y varias comunidades autónomas han pedido apartar a Conde-Pumpido y a la magistrada progresista Laura Díez.
