La política de moderación de Pedro Sánchez en Cataluña se ha saldado con casi una semana de protestas violentas, que han alcanzado su clímax la noche del viernes. La sentencia condenatoria a los líderes separatistas ha derivado en una creciente sensación de caos y desgobierno en las calles, que el Ejecutivo confía en que remita después del fin de semana.
La incógnita es si bajará la marea. Y cuando lo haga, cómo quedará el panorama. El presidente de la Generalitat, por muy aislado que esté, sigue siendo Quim Torra. Es decir, Carles Puigdemont.
Nada hace presagiar que Torra vaya a renunciar a su desafío al Estado. Tras la disolución de las llamadas marchas por la libertad de los condenados, la protesta del viernes en las calles de Barcelona ha sido la más violenta de toda la semana. Casi 100 heridos -unos 15 de ellos agentes- y más de 25 detenidos.
MIentras, la otra mitad de la población catalana, la constitucionalista, se siente cada vez más desamparada. Y todo este caldo de cultivo se produce a 20 días de las elecciones generales del 10-N.
Apaciguamiento y "moderación"
Sánchez convirtió Cataluña en su principal eje de la precampaña. Amenazó con aplicar la Ley de Seguridad Nacional o el 155 a las primeras de cambio. Pero, después de varios días de disturbios, el Gobierno ha optado por el apaciguamiento.
"La fortaleza de un Estado democrático se expresa precisamente en su firmeza y también en su proporcionalidad en la respuesta y, en consecuencia, en la moderación", ha dicho Sánchez en Bruselas.
"La regla es muy clara, quienes cometen una ilegalidad responden por ello más pronto que tarde, pero responden. Y que nadie tenga la menor duda, no habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña", ha añadido.
Es la línea que ha tomado el Gobierno. Lo que ocurre en Cataluña es vandalismo; no política. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo ha etiquetado como una crisis de orden público. Marlaska habla de grupos muy organizados. El titular de Interior ha dicho que todo el peso del Código Penal caerá sobre ellos, y que habrá detenciones en los próximos días.
Sánchez está en la encrucijada de aguantar y que amaine el temporal o aplicar medidas excepcionales en Cataluña. Es una decisión muy complicada, que además dificulta el calendario electoral. La presión de PP y Ciudadanos para que se actúe de alguna manera es grande y el desasosiego que se ha instalado en gran parte de la población por las imágenes que se ven en televisión amenaza con dar un vuelco a los resultados del 10-N.
Iceta impone las tesis del PSC
Pero, de momento, el jefe del Ejecutivo se mantiene firme en la estrategia que inició de la mano del PSC tras ganar la moción de censura en junio del 2018. El planteamiento del PSC, asumido por Moncloa, es tender la mano a ERC como socio preferente y que la formación republicana rompa definitivamente con Puigdemont.
La condición indispensable para Miquel Iceta y Sánchez es la renuncia a la unilateralidad de ERC. Y en eso están, al menos en apariencia. Pero este juego de equilibrios está ahora en el aire por la tensión que se vive en Cataluña. Si el presidente del Gobierno toma alguna medida tipo 155 o Ley de Seguridad Nacional, la entente saltaría por los aires.
"Cataluña no es un solo pueblo, Cataluña tiene muchos pueblos. Es una sociedad diversa, es una sociedad plural. Por tanto, no se puede homogenizar aquello que es diverso", ha asegurado el presidente del Gobierno.
Esta declaración de Sánchez no es exactamente la tesis del PSC, que siempre ha defendido que Cataluña es una nación. Es la línea política que se quiere marcar si un tripartito de izquierdas regresa a la Generalitat. Y se han planteado algunas iniciativas como la reforma del Estatut o el famoso pacto fiscal a la vasca. Con todo ello, cree el PSOE, el independentismo se desinflará.
