Los principales grupos del Congreso han decidido esperar para lanzar la comisión de investigación sobre la gestión de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. La dolencia hepática del diputado por Barcelona, de la que fue operado hace unos días, ha llevado a los partidos a acordar un paréntesis en la puesta en marcha del órgano, informan fuentes parlamentarias a Vozpópuli.
Su constitución se aprobó en el primer pleno ordinario de la legislatura, el 27 de septiembre, a iniciativa del PSOE y los independentistas catalanes. El objetivo de la misma es investigar el funcionamiento de Interior los últimos años y el presunto “uso partidista” de sus recursos. La oposición es muy crítica con Fernández Díaz, especialmente tras la difusión de unas conversaciones privadas en las que se escuchaba al ministro tratar con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña el modo de actuar contra los secesionistas. Este episodio es el que más soliviantó a sus adversarios, pero no el único: también han atacado con dureza la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsó, la gestión de los CIE’s o el hecho de que recibiera en su despacho al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, cuando ya estaba imputado por el caso Bankia.
Como consecuencia de ello, promovieron la reprobación de Fernández Díaz en la Comisión de Interior del Congreso. Fue el 18 de octubre, en una maniobra que unió a todos los grupos salvo el del PP y permitió aprobar una proposición no de ley del PDECat -antigua Convergència- para censurar al entonces titular de Interior en funciones por las citadas conversaciones grabadas en su despacho. La iniciativa no tenía efectos políticos, pero sí el valor simbólico de escenificar la animadversión que el político despertaba en sus rivales.
La oposición quiere llegar hasta el final en la investigación de la presunta "policía política" que opera en Interior
Pocos días después, Mariano Rajoy optó por sacarlo del Gobierno para este segundo mandato, sustituyéndolo por Juan Ignacio Zoido. En compensación, y siguiendo la tradición de que los exministros que son diputados asuman presidencias de comisión en el Congreso, trató de que se pusiera al frente de la de Exteriores. Unidos Podemos se negó en rotundo a aceptarlo, pese a que todos los grupos habían pactado al inicio de la legislatura que ese cargo fuera para quien decidiera el PP, y amagó con presentar su propio aspirante. El PSOE, que el día antes de la constitución del órgano había garantizado que permitiría el nombramiento de Fernández, se sumó in extremis a la rebelión y los populares tuvieron que retirar la candidatura.
Tras intentar auparlo a la Comisión de relaciones con el Tribunal de Cuentas y recibir la misma respuesta de la izquierda, optó por ubicarlo al frente de la Comisión de Peticiones, que corresponde al grupo parlamentario más numeroso sin necesidad de votación. Un carrusel de movimientos que provocó agrias disputas entre el PP y la oposición, que justificaba su veto al exministro porque había sido reprobado en el Congreso unas semanas antes.
Escrito del PSOE
La retirada de Jorge Fernández de la primera línea no ha menguado la intención de la oposición de investigarle. Unidos Podemos presionó para que la Mesa del Congreso acelerara el asunto y el PSOE registró un escrito el viernes en la Cámara baja con el mismo objetivo. Los partidos deben decidir la conformación de la Mesa que se pondrá al frente de la comisión, toda vez que ya han designado cada uno a sus representantes. El estado de salud de Fernández les ha llevado a tomarse un tiempo para ello. “Lo hemos decidido entre todos, no procede tratar ese asunto estando ingresado, ya se hará”, indican las fuentes consultadas. En contra de lo que solicitaron los socialistas hace unos días, el asunto quedó fuera del orden del día de la Mesa en su sesión del martes.
Esta paralización llega unos días después de que miembros del PP insinuaran o directamente aseguraran que la muerte de Rita Barberá era en parte consecuencia del acoso político, social y mediático que venía sufriendo los últimos meses. Los populares hablaron de “cacería” y llegaron a poner en tela de juicio el pacto anticorrupción que firmaron con Ciudadanos en agosto. Un texto que establece que cualquier cargo público imputado por presunta corrupción debe ser apartado del puesto hasta que se resuelva el caso. Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP, indicó que quizá habría “que darle una vuelta” tras lo sucedido con Barberá, a lo que C’s respondió diciendo que no era negociable el pacto y que no habían recibido comunicación oficial para revisarlo.
Las fuentes consultadas admiten que estos hechos han influido a la hora de ser prudentes con la configuración de la mencionada comisión de investigación, pues creen que conviene dejar “un tiempo de margen” hasta que se recupere el exministro. Y ello pese a que se proponen una investigación general sobre el funcionamiento del Departamento, no sobre la persona que estuvo al frente los últimos cinco años. En palabras de un destacado parlamentario de la oposición, quieren llegar “a lo más profundo de las cloacas del Estado” y descubrir si opera una “policía política” con orientación “partidista”.
Igualmente, informan de que la comisión estará dirigida por una Mesa de tres miembros -un presidente, un vicepresidente y un secretario- aún por consensuar. Nadie quiere hacer cábalas sobre cuándo estará en funcionamiento el órgano, que será la primera comisión de investigación en el Congreso desde la que se constituyó tras los atentados del 11-M.
