La propuesta llegó directamente desde el Congreso: renunciar al Ministerio de Trabajo para controlar las políticas activas de empleo. Pablo Iglesias intentó así poner las manos en un tesoro de 6.000 millones de euros, que desde el Estado llega cada año a las Comunidades Autónomas para fomentar el empleo y ayudar a los parados a través de cursos de formaciones y otros programas. Se trata de un activo estratégico que permitiría al partido morado relevar al PSOE como protagonista del diálogo social.
"Le hemos hecho una nueva propuesta, aún estamos a tiempo de salvar esta sesión de investidura y tener un gobierno de coalición", dijo el pasado jueves Iglesias a Pedro Sánchez, presentado su propuesta como una cesión, cuando escondía el gran botín del gasto público para el empleo.
Para los sindicatos los fondos de las políticas activas para el empleo representan un activo importantísimo. Se trata de dinero que reciben las centrales y la patronal a través del Estado para aplicar programas de reinserción y orientación laboral, a los que hay que añadir las bonificaciones y deducciones a las empresas en el ámbito de la contratación. De haber aceptado Sánchez, los sindicalistas y empresarios interesados en gestionar dichos fondos habrían tenido que tocar directamente a la puerta del líder morado.
Poca externalización
Desde el gallinero del hemiciclo, Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales respectivamente de CCOO y UGT, se reían cómplices. “No se puede mercadear algo así, y menos desde el Congreso”, protestaban minutos después los dirigentes socialistas, que ahora cierran las puertas a una coalición con los morados.
España es un país en la que las políticas activas de empleo están dirigidas casi en su totalidad por el Estado. En lugar que externalizar, a través de empresas privadas, supeditando los fondos al resultado en el mercado laboral, en España esos fondos representan una gallina de los huevos de oro. Es decir, gasto ingente y poco control. Para quien los gestiona, evidentemente, logra un poder fáctico impresionante sobre los agentes sociales.
En el tablero de las relaciones económicas y sociales, para Podemos esa conquista hubiera representando un paso fundamental hacia la hegemonía de la izquierda. Los sindicatos no solo tienen bajo su paraguas a miles de afiliados, sino que cuentan con una notable capacidad de movilización e influencia. Convertirse en sus principales interlocutores en la mesa del diálogo social habría convertido a Iglesias en el verdadero amo del mundo laboral.
Sindicatos y CEOE
Es más. Para los morados, ese canje les habría permitido justificar con facilitad la renuncia a la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Conscientes de que ese era el gran escollo económico para lograr el ministerio del Trabajo, como avanzó Vozpópuli, pusieron toda la carne en el asador en la joya de la corona de ese departamento.
El propio Iglesias desveló en parte sus cartas el jueves cuando, desde el atril del Congreso, evitó hablar de derogación integral de la reforma laboral, para referirse solo a los “aspectos más lesivos”. La UGT, que presionó para que los morados entraran en el Ejecutivo, aunque oficialmente lo niegan, hace de la derogación de la reforma laboral una de sus banderas. La coincidencia con Podemos en este asunto fue sellada en una reunión hace pocas semanas, y retroceder implicaba buscar una salida de emergencia: las políticas activas para el empleo.
Podemos aspiró el jueves a conquistar la acción de oro en las relaciones privilegiadas de los socialistas con el mundo del trabajo, gran correa de transmisión del PSOE con los actores sociales. Lo que podía parecer algo menor, era, por lo tanto, la madre del cordero. Una ingente cantidad de dinero a la que aspiran tanto los sindicatos como la CEOE, responsables a través de los gobiernos regionales de frenar el paro y fomentar la reinserción laboral.
