El PSOE de Castilla y León está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para impedir que Javier Maroto ejerza su cargo de senador designado por Castilla y León. Prueba de ello ha sido ya que, de forma inédita, el partido dijo 'no' al nombramiento conjunto de senadores designados, entre los que estaba el propio exalcalde de Vitoria, pero también dos socialistas (Teresa López y Fran Díaz).
Fuentes del PSOE de CyL avanzan de hecho que la intención del partido es esperar "una semana" a que el Ayuntamiento de Sotosalbos actúe de oficio, y, si no, forzarle a hacerlo mediante una solicitud administrativa.
El propio PSOE ha tenido entre sus filas a la política cuyo caso podría servir de precedente para agilizar diligencias respecto al 'Maroto gate'
"Es público y notorio que Maroto no vive en Sotosalbos y es fácil comprobarlo ya que se trata de un pueblo de 130 habitantes", asegura la portavoz socialista Virginia Barcones.
El precedente, en el PSOE
Resulta pues que el propio PSOE ha tenido entre sus filas a la política cuyo caso podría servir de precedente para agilizar diligencias respecto al 'Maroto gate': la actual presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega.
Entonces vicepresidenta de Gobierno socialista y residente de Madrid, Fernández de la Vega decidió concurrir a las elecciones generales de 2008 como cabeza de lista del PSOE por Valencia.
Lo hizo tras empadronarse en el pueblo valenciano de Beneixida, de los pocos entonces en los que el opositor Partido Popular valenciano no tenía representación.
Un "naranjal" en un pueblo socialista
El popular dirigente valenciano Esteban González Pons llegó a acusar a Fernández de la Vega de utilizar un "empadronamiento ilícito, trampa" en un "naranjal" abandonado en medio de un polígono industrial en Beneixida, una localidad con la que la socialista decía tener vínculos familiares.
De la Vega llegó así a demandar por un delito contra su honor a González Pons, lo que derivó en una batalla judicial que comenzó en 2009, con el primer revés para la socialista, del juzgado de primera instancia de 63 de Madrid en 2009, y llegó al Tribunal Supremo en el año 2014.
El Supremo, sin entrar en el fondo, consideró acreditado que el empadronamiento de De la Vega fue irregular
El Alto Tribunal, que no entró en el fondo de la cuestión, impuso finalmente a Fernández de la Vega el pago de las costas de los tres juicios que emprendió contra Pons al considerar acreditado que el empadronamiento de la exnúmero dos de José Luis Rodríguez Zapatero había sido "irregular".
Para ese entonces, en cualquier caso, la ahora presidenta del Consejo de Estado ya no era diputada del PSOE en representación de Valencia: renunció a su acta de diputada en el año 2010 precisamente para pasar a formar parte del Consejo de Estado.
