La batalla legal abierta por el Gobierno con una argucia para cambiar la Ley de Estabilidad y evitar el veto del PP en el Senado a la senda de déficit tendrá el martes su próximo capítulo. La Mesa de la Comisión de Justicia -donde los socialistas y ERC suman tres votos frente a dos del PP- decidía este martes calificar la polémica enmienda presentada por el PSOE a la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear una especialización de jueces en materia de violencia de género.
Pero PP y Ciudadanos tachan la maniobra de "fraude democrático" y han elevado a la Mesa del Congreso -el órgano de gobierno de la Cámara- sendos recursos de amparo ante lo que consideran un "atropello" por parte del PSOE. Ambos partidos controlan con su mayoría el órgano rector del Parlamento.
En su reunión del próximo martes, la presidenta del Congreso Ana Pastor tendrá que decidir si solicita un informe a los letrados en el que pueda apoyar la decisión de actuar en contra de lo ya acordado por la Mesa de la Comisión de Justicia. Algo que, a ojos de los socialistas, supondría una invasión de competencias del órgano superior sobre otro que es soberano.
Tras recibir ese informe -que puede tardar días- Pastor tendrá en su mano permitir que la enmienda siga el procedimiento que quieren los socialistas o tumbar la calificación de la enmienda, paralizando por tanto su tramitación y, por ende, retrasando una hipotética aprobación de los PGE. Al PSOE sólo le quedaría la vía ordinaria para modificar la Ley de Estabilidad para eliminar el veto de los populares en la Cámara Alta.
En realidad, el Reglamento del Congreso poco dice sobre este asunto y son los partidos políticos los que tienen un amplio margen de maniobra a la hora de interpretar y tomar decisiones. Fuentes del Grupo Socialista aseguran que Pastor "no se atreverá" a enmendar la plana a la Comisión que controlan. Desde el entorno de la Presidenta no quieren aventurar posibles escenarios hasta estudiar el fundamento jurídico de los recursos de PP y Ciudadanos.
Los dos partidos basan su reclamación en dos aspectos. Por un lado, varias sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que las enmiendas a un proyecto de ley deben tener conexión material y homogeneidad con el contenido del mismo. Y, segundo: que es inédito que una misma iniciativa se tramite por duplicado y en paralelo. De ahí que la Mesa del Congreso -en su función de ordenar los trabajos de la Cámara- pueda pronunciarse para reconducir la enmienda a la proposición de Ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado martes.
En contra de esta tesis y para avalar su postura, Moncloa difundió este jueves un acuerdo de la Mesa del Congreso del 24 de junio de 2014. "No procede que la Mesa de la Cámara revise la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia en relación con la calificación y admisión a trámite de las citadas enmiendas. Se acuerda, en consecuencia, desestimar la solicitud de reconsideración presentada", decía.
Pero fuentes de ambas formaciones de centro-derecha aseguran que no es la primera vez, ni mucho menos, que la Mesa que controlan anula el criterio de una Mesa de Comisión. Fuentes parlamentarias recuerdan que, en contra de ese precedente, existe una resolución de la Presidencia, de 12 de enero de 1983, firmada por Gregorio Peces-Barba que dice lo siguiente: "Contra el acuerdo de calificación de la Mesa de la Comisión el Diputado o Grupo Parlamentario enmendantes podrán interponer reclamación ante la Mesa de la Cámara".
Se da la circunstancia de que los enmendantes aquí son los socialistas. Pero fuentes parlamentarias creen que este artículo da pie a interpretar que, al margen de esa concreción, el texto reconoce el principio general de que desde una Mesa de Comisión se puede recurrir a la Mesa 'grande'.
A efectos jurídicos, estas resoluciones de la Presidencia están vigentes y son perfectamente válidas, puesto que se utilizan para rellenar los huecos vacíos que deja el Reglamento del Congreso. En cualquier caso, entre los letrados de la Cámara Baja tampoco hay consenso y sus informes no son vinculantes para la decisión final de la Presidenta.
