La primera señal que ha querido emitir el responsable de coordinar la ponencia económica que el PSOE presentará a su congreso de junio es clara: subir impuestos no es de izquierdas. A juicio de José Carlos Díez, principal asesor económico de Susana Díaz, el IRPF en España ya es bastante progresivo y lo que se necesita para aumentar la recaudación son salarios más altos. Este economista propone también establecer un tipo mínimo en el Impuesto sobre Patrimonio en el conjunto de las comunidades autónomas. A su juicio, puede aumentarse la presión fiscal un punto sin necesidad de subir los impuestos.
El portavoz de Hacienda del PSOE ha llegado a decir que si el Gobierno sube los impuestos no habrá apoyo a los Presupuestos
No comparte estos criterios el portavoz de Economía del Grupo Socialista, Pedro Saura, para quien la presión fiscal española, en el entorno del 34,6% del PIB, debe acercarse a la media de la eurozona, situada en el 41,4%. Saura propone un aumento de impuestos para destinar recursos crecientes “a los perdedores de la globalización”. Sus recetas se detallan en el último número de la revista Temas, cuyo consejo de redacción preside Alfonso Guerra. En primer lugar, ve necesario recomponer las bases imponibles eliminando exenciones, deducciones y regímenes especiales para acabar gravando “de manera efectiva” la riqueza del sistema impositivo, en especial a las grandes fortunas y patrimonios que eluden el Impuesto sobre la Renta.
El responsable de Economía en el Grupo Socialista defiende la revisión conjunta de la imposición sobre el trabajo, el capital, el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, de forma que se grave la capacidad económica de los contribuyentes y no únicamente sus rentas. En el caso de Patrimonio, coincide con Díez en poner un tipo mínimo común en todo el Estado que afectaría también a Sucesiones.
Saura propone también eliminar todo tipo de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y establecer una imposición mínima para los grandes grupos empresariales, además de aumentar los impuestos medioambientales y crear en el Parlamento una comisión especial centrada en la lucha contra el fraude fiscal. La reforma fiscal que propone está encaminada al objetivo de conseguir que los ingresos públicos aumenten cinco puntos de PIB, desde el 38,2 hasta el 43,5%.
Amenaza sobre los Presupuestos
No existe una señal clara en estos momentos, reconocen fuentes del Partido Socialista, sobre si conviene o no defender la subida de impuestos ni tampoco sobre el coste que cualquiera de estas propuestas puede tener en términos electorales. El pasado miércoles, durante la comparecencia de Cristóbal Montoro en el Congreso, el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Julián López, deslizaba las líneas rojas que pondría su partido para facilitar la aprobación de los Presupuestos estatales de este año: “Quiero decirle, en nombre del Grupo Socialista, señor Montoro, que no apoyaremos ninguna medida, y usted lo sabe, que suponga un recorte social, no apoyaremos subidas de impuestos, no apoyaremos subidas de impuestos que afecten específicamente a rentas bajas y a clases medias, rechazaremos nuevos copagos y frenaremos cualquier medida que pretenda someter a más presión a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas”.
En el PSOE, esta etapa de ambigüedades e imprecisiones recuerda a la que atravesó el partido en los primeros momentos de la carrera política de José Luis Rodríguez Zapatero. Después de acuñar la frase célebre “bajar impuestos es de izquierdas” y, posteriormente, suprimir el de Patrimonio, acabó subiéndolos con el objetivo de ingresar 15.000 millones más en las arcas públicas, sobre todo a través del IVA.
En el Partido Socialista se reconoce la necesidad de ordenar las ideas sobre la política fiscal que se defenderá en el 39º Congreso
Por otra parte, la presidenta andaluza, que tiene ahora en Zapatero a uno de sus principales apoyos, ha pedido en la reciente Conferencia de Presidentes una armonización fiscal en todas las comunidades para evitar que territorios como el de Madrid puedan competir con otros reduciendo los impuestos. Susana Díaz reconoció que ella misma ha tenido que subirlos para financiar la dependencia. Baleares y la Comunidad Valenciana, presididas por los socialistas Francina Armengol y Ximo Puig, se oponen a esta armonización fiscal y optan por utilizar la corresponsabilidad fiscal a conveniencia. La diversidad de criterios sobre política fiscal en las autonomías gobernadas por el PSOE también es evidente.
