El juez Eloy Velasco, el anterior instructor de la causa Púnica que ahora investiga Manuel García-Castellón, acorraló durante un interrogatorio a uno de los dos empresarios acusados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de financiar de forma ilegal al Partido Popular de Madrid de Esperanza Aguirre, según consta en la grabación de la declaración como imputado de Óscar Sánchez Moyano, administrador entre otras de la sociedad Braveheart Manegement SL, una de las que habría usado la formación conservadora para superar tres millones de euros el gasto electoral permitido.
El pasado viernes la Fiscalía anticorrupción reclamó la imputación de los expresidentes madrileños del PP Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, entre otros, por financiar de forma ilegal a este formación política en los comicios de 2007, 2008 y 2011. Y por eso el juez Manuel García-Castellón tendrá que decidir en los próximos días si les llama a declarar como investigados.
El audio del interrogatorio, que se llevó a cabo en marzo de 2017 y al que ha tenido acceso Vozpópuli, muestra cómo el instructor tenía pruebas de la financiación ilegal del PP, al mismo tiempo que acusó a Sánchez Moyano de ser "connivente" con el sistema de subvención del partido regional. "Ha hecho facturas falsas para enmascarar gastos electorales reales [...] y en connivencia con ciertas personas del PP de la Comunidad de Madrid", especificó Velasco, que aludió específicamente al gerente del PP de Aguirre, Beltrán Gutiérrez.
Reunión con Aguirre
La UCO encuadra a Sánchez Moyano en el mismo entramado de empresas de Juan Miguel Madoz de la empresa Swat, con quien Esperanza Aguirre se habría reunido en relación a la financiación irregular del PP madrileño. Su actuación era suficiente para imputar al empresario los delitos de fraude de subvenciones, cohecho, malversación, blanqueo de capitales, falsificación de documento público y organización criminal, según explicó Eloy Velasco durante el interrogatorio, aunque el imputado se negó a declarar.
Como el empresario no quiso responder ni a las preguntas de la Fiscalía anticorrupción ni a las del juez, el propio Velasco pasó a relatar los motivos por los que este había sido llamado de declarar como imputado. Como por ejemplo por la falsificación de gastos electorales, que según el magistrado se llevó a cabo mediante "tramas absolutamente prohibidas y contrarias a la ley, como es la de Fundescam", una fundación que recibía subvenciones públicas, muchas de ellas de Caja Madrid con Miguel Blesa de presidente de la entidad financiera.
El juez imputó al empresario varios delitos de cohecho porque el PP madrileño le pagó con una "caja B" algunos de los servicios que prestó: "Usted es connivente con el blanqueo de capitales"
Además, el juez explicó que al "tocar dinero público", la actuación del empresario podía ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos, para después destacar que también le imputaba varios delitos de cohecho ya que el PP madrileño le había sufragado sus servicios con el dinero de una caja B: "Usted coge un dinero que no tiene justificación y además lo enmascara, por lo tanto también es connivente con el blanqueo de capitales", reprochó el instructor.
Dinero B
En el interrogatorio Velasco también anunció que en ese momento, en marzo de 2017, ya se estaba estaba investigando si Sánchez Moyano tenía connivencia "con ciertos empresarios o donantes que en dinero B y al margen de la legalidad" daban cobertura a los actos electorales del PP.
En este sentido, un informe de 29 de mayo de la UCO de la Guardia Civil constata que uno de los métodos detectados que utilizó el PP de Madrid para la "elusión" de los controles del gasto electoral de la Cámara de Cuentas madrileña fue el de utilizar empresas intermediarias: "Entre ellas algunas de las vinculadas a Óscar Sánchez Moyano, para hacer llegar el dinero proveniente de diferentes métodos de recaudación hasta las empresas proveedoras, sin pasar por la cuenta de campaña y sin ser declarados como gastos".
Los agentes concluyen, además, que las evidencias indican que cuando el expresidente madrileño Ignacio González pidió financiación para el PP madrileño al responsable de la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, "esto se tradujo en que Indra Sistemas S.A soportara determinadas deudas del PP con empresas vinculadas con Sánchez Moyano mediante la facturación de servicios no realizados".
La Guardia Civil, al estudiar las cuentas de las empresas de Sánchez Moya y de Indra, ha logrado constatar que la tecnológica declaró en 2012 y 2013 compras a las sociedades controladas por Sánchez Moyano por un importe total de 687.497 euros.
"En cualquier caso, con la información de que se dispone, lo que se puede concluir, a juicio policial, es que lo que se retribuye con los fondos de Indra serían los servicios prestados por las propias empresas de Moyano/Madoz al Partido Popular", recuerdan los agentes en el informe, para finalmente concluir: "Recuérdese en este punto las agendas/calendarios coincidentes entre Ignacio González y Juancho Madoz; y la declaración de la directora general de Medios Isabel Gallego" sobre la supuesta participación de Esperanza Aguirre en reuniones con Madoz.
