Corría 2014 cuando Pilar Martínez dejó la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Gobierno de Mariano Rajoy. Ese mismo año, ella y sus dos hermanos heredaron la finca Las Lobosas; un complejo de siete edificios ubicado en Villaviciosa de Odón, ciudad de la que es natural y en la que fue alcaldesa entre 1991 y 1999. Ahora, la dirigente popular regresa como candidata del PP para repetir al frente del mismo Ayuntamiento. El anuncio llega escasos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid absolviera a Martínez de un delito contra la ordenación del territorio por realizar ampliaciones en el conjunto de chalés de la familia.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la Fiscalía denunció a los hijos Martínez López por ejecutar obras entre 2014 y 2016 en la "zona de protección y mejora" del "Parque Regional del curso medio del Río Guadarrama y su entorno". Construyeron en la parcela que cuenta con una calificación urbanística de "suelo no urbanizable de especial protección", en el que está "legalmente prohibida la construcción de nuevas edificaciones y la modificación de las existentes".
De acuerdo a la normativa, solo se permiten excepciones en caso de infraestructuras vinculadas a actividades agrícolas, ganaderas, forestales y análogas. Pero la propia sentencia especifica que al menos tres de los edificios de Las Lobosas están destinados a "uso residencial". Martínez y sus dos hermanos adquirieron en copropiedad la cuota de la finca "por título sucesorio" y se repartieron el complejo "usando exclusivamente y con acceso propio y separado las diversas edificaciones".
La Fiscalía denunció a los tres hermanos por ejecutar obras en la "zona de protección y mejora" del "Parque Regional del curso medio del Río Guadarrama"
El Ministerio Fiscal pedía cinco años de prisión para la que fuera máxima responsable de vivienda de Rajoy y para cada uno de sus hermanos. Requería, también, la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio en el sector de la construcción por el mismo periodo, a lo que se sumaba la demolición de las obras ejecutadas y la restauración del terreno a su estado original; todo a costa de los acusados. En la batería de peticiones incluía a su vez el pago de casi 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
El hermano, condenado
Tras tres años de investigaciones, el tribunal presidido por Justo Rodríguez ha dictado sentencia. Martínez se ha librado de la cárcel. Uno de sus hermanos, sin embargo, ha sido condenado.
A diferencia del resto de acusados, éste reconoció haber ejecutado obras, pero aseguró que lo hizo porque así lo había mandado su padre. Según el fallo, este matiz -sumado a la demolición voluntaria de la edificación señalada-, ha llevado a los magistrados a acordar una pena de nueve meses de prisión, así como el cumplimiento del resto de medidas solicitadas por el ministerio público.
En 2014, una vez heredados los inmuebles, el hombre promovió "sin previa autorización o licencia, la construcción de un porche" con estructuras ancladas al "suelo no urbanizable de especial protección".
La decisión de absolver a dos hermanos y condenar a uno responde, según ha detallado el propio tribunal en la sentencia, a la falta de pruebas que acrediten que los hermanos Martínez López además de ser "usuarios" de las viviendas, también eran "promotores o constructores" de las obras señaladas.
La época de Ruiz-Gallardón
En el período anterior también se realizaron modificaciones. En concreto, la Audiencia de Madrid concluye que la mayor parte de las construcciones, a excepción del revestimiento de uno de los edificios "datan de antes de 2011". Se hace referencia a obras entre 2001 y 2011. En ese lapso, Martínez fue diputada de la Asamblea de Madrid, consejera de Servicios Sociales de la Comunidad presidida por Alberto Ruiz-Gallardón y posteriormente concejal del Consistorio.
En aquel momento, la responsabilidad de las obras recaía en el entonces propietario, el padre de Martínez, fallecido en 2014. En la sentencia, el tribunal ha hecho hincapié en que el cabeza de familia "no solicitó autorización ni licencia alguna".
Los magistrados también han subrayado que no consta que se hubiera "realizado inspección, formulado denuncia o abierto expediente por la Gerencia Municipal de Urbanismo de los Ayuntamientos de Móstoles y Villaviciosa de Odón o por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid".
