En un mes tradicionalmente inhábil, el Congreso ha tenido que habilitar un pleno extraordinario para convalidar este martes los ocho reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas de diciembre y que incluyen medidas en materia de vivienda y alquiler, la subida del sueldo de los funcionarios, o la revalorización de las pensiones.
El jefe del Ejecutivo llega sin los apoyos cerrados para varios de ellos y podría recibir un serio revés de su principal socio parlamentario (Unidos Podemos), que ya ha anunciado su voto en contra del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda.
Los morados se opondrán por no incluir las medidas pactadas por Pablo Iglesias para que los ayuntamientos puedan limitar los precios de los alquileres en las ciudades. "Pacta sunt servanda", avisó el secretario general de Podemos, en referencia al acuerdo donde se indicaba que este último punto se desarrollaría normativamente "a lo largo de 2019".
Los socialistas se enfrentan -si Fomento no decide retirarlo a última hora- a recibir un varapalo en la Cámara Baja en la antesala de la tramitación de los Presupuestos. El previsible revés pondría de manifiesto una vez más la extrema debilidad parlamentaria con la que gobierna Sánchez, con el único apoyo garantizado de los 84 diputados del PSOE.
En apenas siete meses, el jefe del Ejecutivo ha recurrido 25 veces a este instrumento legislativo, reservado por la Constitución para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". De esta forma, bate el récord de Mariano Rajoy, que aprobó 23 en el mismo período de tiempo. Y podría agarrarse a ello para estirar la legislatura al menos hasta octubre si los independentistas catalanes finalmente no apoyan las cuentas públicas.
En caso de no prosperar, sería el quinto decreto en la historia de la democracia que no logra superar el trámite, como ocurrió con la reforma del sector de la estiba, en marzo de 2017. El pasado 20 de diciembre, el Gobierno socialista logró salvar 'in extremis' el decreto ómnibums de medidas urgentes para el impulso del sector de la industria y el comercio, gracias a la abstención de última hora del PP.
Los morados llevaban meses avisando de que no iban a dar un cheque en blanco al Ejecutivo de Sánchez y se decantaron por la abstención lanzando un serio aviso al Gobierno. Ahora, tampoco aceptan que el Gobierno posponga una de las medidas estrella que pueden vender en los ayuntamientos de las grandes ciudades donde gobiernan, a las puertas de los comicios locales de mayo. Tampoco aceptan que dichas medidas para limitar los precios se puedan incluir en el desarrollo del decreto como proyecto de Ley, pues cuentan con el previsible bloqueo que pueden ejercer PP y Ciudadanos ampliando eternamente el período de enmiendas.
El de los alquileres no es el único decreto que llegará al Hemiciclo sin los apoyos cerrados. Los morados también se plantean votar en contra del que recoge la actualización de las pensiones, aunque podría ser salvado de nuevo con una abstención del PP y el voto favorable del PDeCAT. El decreto contempla revalorizar un 1,6% las generales y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas.
Los de Iglesias esgrimen que la norma aprobada por el Ejecutivo incluye un recorte a las pensiones por invalidez permanente que estaba fuera de sus negociaciones. El Gobierno desvincula del SMI la cuantía mínima de la pensión por incapacidad permanente total y establece que sea fijada cada año en la Ley de Presupuestos, con lo que con la subida del salario mínimo acaba provocando una merma en la prestación.
Asimismo, los morados votarán en contra del decreto que traspone directivas europeas en materia de marcas y ferrocarriles. Esta norma incluye la liberalización del transporte ferroviario de viajeros a la que obliga Europa y contra la que claman los diputados del partido de Iglesias. Esto obligará al Ejecutivo a buscar el apoyo en el PP o entre los de Albert Rivera, que a pesar de las críticas por el uso de los decretos, han respaldado gran parte de ellos a lo largo de estos últimos siete meses.
Asimismo, los de Iglesias también negocian con el Ministerio de Industria medidas adicionales a cambio de dar su visto bueno al decreto sobre medidas para la transición de las comarcas mineras tras el reciente cierre de la mayoría de las explotaciones.
Sánchez no tendrá mayores problemas para sacar adelante el decreto para la creación de una autoridad macroprudencial para prevenir futuras crisis económicas que amplía las competencias del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); otro de medidas tributarias y actualización del catastro; y un último sobre medidas urgentes en materia de creación artística y cinematografía.
