La condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Polonia por realizar exhumaciones sin escuchar a las familias de dos de los 96 fallecidos en el accidente aéreo en la base aérea de Smolensk en 2010 ha servido al Tribunal Supremo (TS) para justificar su postura en torno a los restos de Franco en España.
Maria Solska y Ewa Rybicka, viudas de dos de estas víctimas, consideraban que la exhumación era "una injerencia injustificada en su derecho al respeto a la vida privada y familiar", prohibida en el apartado 2 del artículo 8 de la Convención Europea.
Así, la Sala III del Supremo hacía pública este lunes su decisión de no suspender cautelarmente los trámites del procedimiento de exhumación del cadáver del dictador del Valle de los Caídos tal y como solicitaban sus nietos. Pero, siguiendo la estela de Estrasburgo, apunta a la necesidad de escuchar a los familiares.
Los magistrados españoles dejan claro que su resolución se basa en el carácter precipitado de la medida cautelar reclamada por los Franco y que, en base a la sentencia del TEDH contra Polonia, los restos de este no se podrán trasladar hasta que el TS resuelva el más que previsible recurso de la familia contra el acuerdo final al que llegue el Gobierno de Pedro Sánchez.
Respeto de la vida privada
El pasado 20 de septiembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a Solska y Rybicka y condenó a Polonia por la exhumación de las víctimas del desastre aéreo -donde también viajaba el entonces presidente polaco Lech Kaczynski- sin el consentimiento de sus esposas, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso este diario.
Sus maridos, Leszek Solski y Arkadiusz Rybicki, un activista y un parlamentario europeo, respectivamente, murieron en el accidente aéreo de Smolensk que acabó con la vida de los miembros de una delegación estatal polaca que pretendía acudir al 70 aniversario de la masacre de Katyn y que conmocionó a Polonia hace ya ocho años.
Un activista y un parlamentario que iban en el vuelo del presidente polaco fueron exhumados en Polonia sin consultar a las familias
Las demandantes consideraron que no era necesario exhumar los cadáveres de todas las víctimas y lamentaron no haber sido consultadas sobre el procedimiento, que se inició en 2016, generando una gran división en el país.
Varsovia, que puede apelar la decisión de Estrasburgo, tendrá que pagar a las viudas 16.000 euros "por violación del derecho al respeto de la vida privada y familiar". Los esposos de las denunciantes fueron exhumados a solicitud de los tribunales polacos, que querían realizar autopsias para determinar si las lesiones de las víctimas habían sido causadas por el impacto de la aeronave en el suelo o por una explosión a bordo.
División en la sociedad polaca
Sin embargo, de acuerdo a los fiscales polacos, la decisión de exhumar los restos -incluido el de Kaczynski- estaba justificada en los "graves errores y omisiones" que habrían tenido lugar durante la investigación de 2010, así como en la inconsistencia de la documentación proporcionada por Rusia.
La exhumación en Polonia tuvo lugar durante el anterior Gobierno de la Plataforma Cívica (PO) y las autoridades polacas llegaron a la conclusión de que el siniestro fue un accidente.
El PiS, partido al que pertenecía el presidente fallecido en el siniestro, sugirió que podría haber habido una explosión a bordo del vuelo. La cuestión generó una profunda división en la sociedad polaca
Durante la investigación, una comisión liderada por el PiS, el partido de ideología católica, conservadora y de derecha al que pertenecía el presidente fallecido en el siniestro, sugirió que podría haber habido una explosión a bordo. La cuestión generó una profunda división en la sociedad polaca.
El PiS fue acusado de explotar el accidente durante la campaña electoral de 2015, pero este se defendió asegurando que solo quería conocer la verdad sobre el asunto. Ahora, España se debate entre si es legal o no exhumar los restos de Franco.
A la espera de que el Gobierno acuerde ordenar expresamente la exhumación de Francisco Franco, los magistrados consideran que hay que dar una oportunidad a la familia del dictador de impugnar este futuro acuerdo concreto y, de nuevo, será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra.
