El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha reunido este miércoles a los consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP para coordinar acciones conjuntas contra la reforma educativa promovida por el Gobierno, bautizada como 'Ley Celaá'. Según ha recalcado, las autonomías del PP serán "la salvaguarda de la libertad educativa".
El propio líder del PP, Pablo Casado, ya avanzó a finales de noviembre que sus autonomías legislarán vía decreto para evitar la Ley Celáa "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa". "El Estado autonómico es para estas situaciones", avisó entonces.
Durante ese encuentro telemático, García Egea ha repasado las iniciativas llevadas a cabo en contra de esta ley, como la recogida de firmas o las protestas en la calle --sumándose a la plataforma 'Más Plurales'--, y ha dicho que esas acciones han contribuido a generar una conciencia social en la ciudadanía.
En este sentido, el 'número dos' de los populares ha resaltado que esas actuaciones ponen de manifiesto que el PP, junto con las plataformas educativas, "ha sido y es la única oposición a esta ley". Solo en la Comunidad de Madrid, el partido ya ha recogido más de 55.000 firmas.
Casado recurrirá ante el Constitucional
García Egea ha señalado que el PP derogará esta ley educativa en cuanto Pablo Casado sea presidente del Gobierno y llegue al Palacio de la Moncloa. Además, ha confirmado que recurrirá esta norma ante el Tribunal Constitucional cuando esté definitivamente aprobada.
Tras asegurar que el PP también denunciará los "perjuicios" de esta ley en las instituciones europeas, ha dejado claro que su partido seguirá "dando la batalla por la libertad educativa, ante un Gobierno que ni siquiera se ha dignado a reunirse con profesores, padres, alumnos o expertos, dando la espalda a la comunidad educativa", según ha informado en un comunicado.
A esta reunión telemática con los consejeros y portavoces de Educación se han sumado también los vicesecretarios de Territorial y Política Social del Partido Popular, Antonio González Terol y Ana Pastor, así como la portavoz adjunta en el Congreso, Sandra Moneo.
