Mayor será la subida de este impuesto en los casos de bebidas y postres lácteos, concentrados de zumos y patatas fritas ya peladas, que pasarán del tipo mínimo (6 %) al máximo (23 %). El mismo incremento se aplicará a los "espectáculos, pruebas y manifestaciones deportivas, así como otras atracciones públicas". En el caso del tabaco, el 50% de su coste irá dirigido a las arcas públicas, cinco puntos porcentuales más que hasta ahora. También se propone elevar las contribuciones a los automovilistas, con aumentos en el impuesto sobre vehículos (7,6 al 12,4%).
El Gobierno portugués promueve, asimismo, limitar las deducciones fiscales por gastos en vivienda (que pasaría de desgravar el 30 a hacerlo en un 15 %), salud (hasta el 10 %) y educación. Las medidas afectan igualmente a la factura de la electricidad, que se encarecerá un 4 por ciento para la mayor parte de las familias lusas.
Para los inversores, las plusvalías serán gravadas con un tipo del 21,5 por ciento, lo que representa una subida del 1,5 por ciento.
Otra de las novedades del proyecto presupuestario es la suspensión de las transferencias previstas por parte del Estado a la región autónoma de Madeira, debido al desvío encontrado en sus finanzas a finales de agosto, superior a los mil millones de euros. Precisamente este desvío, sumado a los 2.800 millones detectados por el Gobierno conservador cuando asumió el poder en junio, ha llevado al Ejecutivo a endurecer sus reformas económicas más de lo pactado con la UE y el FMI, que prestan al país 78.000 millones de euros.
Antes de su presentación pública el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, adelantó las medidas más polémicas, entre ellas la supresión de la paga de verano y de navidad a funcionarios, empleados públicos y pensionistas con retribuciones mensuales superiores a los 1.000 euros. Dentro de este amplio segmento y para quienes tengan un salario de entre 485 euros mensuales -el mínimo en Portugal- y 1.000, habrá además recortes proporcionales que equivaldrán de media a una paga extra.
También se anunció que el Ejecutivo permitirá a las empresas privadas que lo deseen ampliar la jornada laboral de sus trabajadores en media hora, sin modificar su retribución, además de reducir los festivos del calendario laboral. El proyecto recoge una reducción presupuestaria de cada ministerio cercana al 8 por ciento, que en Sanidad y Educación equivaldrán a cerca de 1.400 millones de euros menos entre las dos. También se propone restringir las transferencias a los gobiernos locales, que recibirán un 145 millones de euros menos (en torno a un 6,5 %) que hace un año.
