Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE quieren ya un plan nacional que, por un lado, dé cobertura legal a sus decisiones. Y, por otro, armonice la creciente lista de medidas que se están adoptando en España para contener la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Los presidentes socialistas, al igual que los dirigentes del PP, están convencidos de que la solución no pasa por el estado de alarma, pero sí por una respuesta homogénea, según señalan varias fuentes de gobiernos regionales consultadas por Vozpópuli.
Nadie sabe a qué atenerse. Algunas comunidades han ordenado el cierre de la hostelería. Otras han decretado el regreso a las fases de la 'desescalada'. Hay municipios confinados y ciudades abiertas con distritos confinados. El último giro ha sido de la Comunidad de Madrid, que plantea la posibilidad de un toque de queda. La cogobernanza de Pedro Sánchez, que consiste en que el Gobierno deja la gestión sanitaria en manos de las comunidades, se ha convertido en un galimatías, tal y como lo ha definido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
"Al final vamos a terminar todos mareados sin saber a qué hora se puede estar en Burgos, a qué hora en Valencia o si podemos ir o no a Talavera de la Reina", ha dicho.
Europa marca el camino
La covid-19 sigue desbocada en España a las puertas del invierno. El Ministerio de Sanidad ha confirmado este martes 13.873 nuevos casos de coronavirus con 218 muertos notificados en las últimas 24 horas. La novedad es que la segunda ola afecta de lleno ya al resto de Europa. La respuesta de los países de nuestro entorno está siendo contundente. Cataluña y Navarra han empezado a imitar a Francia o Bélgica, que han decretado cierres drásticos de la hostelería y otros sectores.
La respuesta en España no es homogénea. Y algunas comunidades se están viendo desbordadas. En Aragón, por ejemplo, se ha producido un incremento de clientes catalanes en bares y restaurantes aragoneses de las zonas limítrofes entre las dos regiones. La paradoja es que este trasiego de personas se produce en un momento de repunte de contagios en la comunidad aragonesa, que ha decretado el regreso a la fase dos.
El toque de queda es la nueva restricción que dice estar valorando la Comunidad de Madrid o, al menos, su consejero de Sanidad. Ninguna otra autonomía conocía esta propuesta. El ministro, Salvador Illa, ha advertido de que necesitará el estado de alarma para darle cobertura. Illa ha dejado entrever que el apoyo del PP es imprescindible, porque un toque de queda requiere un horizonte temporal superior a los 15 días. El Gobierno puede decretar el estado de alarma por un periodo de dos semanas, pero necesita el respaldo del Parlamento si quiere prolongarlo en el tiempo.
García Page ha dicho este martes que es un "momento razonable" para que Gobierno y comunidades pacten una respuesta nacional homogénea ante la expansión del virus por todo el país. Page no ha querido poner un apellido a esa respuesta: estado de alarma, toque de queda, nueva normalidad.
"Hagamos una sola cosa, pactemos un solo mensaje", dicen desde el entorno del presidente castellanomanchego. "No le hemos puesto nombre a esa respuesta para evitar que se use políticamente".
Descartar el estado de alarma
La opinión es compartida por el resto de sus compañeros de partido en tareas de gobierno en comunidades como Asturias y Valencia. En palabras de Page, corresponde a las autonomías gestionar la Sanidad, pero las "decisiones de planificación estratégica sobrepasan a cualquier comunidad autónoma y le corresponden al Estado".
Eso no quiere decir que estén a favor del estado de alarma. Los barones del PSOE no lo ven como solución. Tampoco lo apoya el PP, aunque el toque de queda que ahora sugiere Madrid requiere el estado de alarma. El consejo interterritorial del jueves tiene previsto aprobar una guía común para todo el país para identificar zonas de riesgo: los semáforos.
Pero, según estas fuentes, esto sirve de poco por sí solo. Para mejorar el índice de contagios, y por lo tanto el color del semáforo, las autoridades deben acompasar esa guía común con medidas de control también comunes que pueden ser más o menos contundentes. El problema, dicen a este diario desde un ejecutivo autonómico, es que las comunidades son ahora mismo el "ejército de Pancho Villa".
Las "actuaciones coordinadas"
El Gobierno de Sánchez renunció al compromiso de reformar algunas leyes para facilitar el control de la pandemia sin el estado de alarma. Todas las comunidades sin distinción de color pidieron una actualización de la normativa. El rechazo del Ejecutivo ha provocado un guirigay de decisiones judiciales contradictorias a favor y en contra de los llamados confinamientos perimetrales, ya que son medidas que restringen derechos fundamentales.
La Moncloa se remite al decreto de nueva normalidad, que recoge las llamadas "actuaciones coordinadas en salud pública". Estas actuaciones permiten elaborar planes o estrategias a nivel nacional. La figura se utilizó por primera vez para imponer el cierre de las discotecas o la prohibición de fumar en espacios públicos.
Todas estas medidas, que se dictan al amparo de las leyes de salud pública ya existentes, deben ser aprobadas por los gobiernos autonómicos y necesitan autorización judicial. El Ejecutivo no tiene previsto retomar las reformas que prometió en su momento. Y sostiene que habría que modificar la Constitución porque afecta a derechos fundamentales.
