Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que el procedimiento creado por el Gobierno para actuar contra la "desinformación" es una amenaza potencial contra la libertad de prensa. Así lo ha asegurado la organización en un comunicado en el que solicitan al Ejecutivo que contrete el plan, "pues su excesiva ambigüedad supone un peligro potencial contra la libertad de prensa".
"Según la norma, el Ejecutivo monitorizará las redes sociales en busca de noticias falsas y adoptará “medidas de represalia” cuando compruebe que, tras una campaña de desinformación contra España, se encuentra un país extranjero", detalla RSF.
Comunicado completo de Reporteros Sin Fronteras
La norma contempla la puesta en marcha de campañas de comunicación para contrarrestar maniobras de desinformación, pero deja en manos de una comisión formada por miembros del Gobierno-cuyas atribuciones tampoco están claras- la decisión sobre qué es y qué no es desinformación; una prerrogativa que Reporteros Sin Fronteras condena tajantemente.
La organización lleva años denunciando en todo el mundo la amenaza a la libertad de prensa que supone la aprobación de legislaciones con dos de las principales características presentes en el procedimiento que acaba de aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez: la ambigüedad e imprecisión de sus medidas, ámbito de aplicación y actores involucrados, así como la potestad gubernamental de decidir qué es desinformación.
Aunque, tras el alud de críticas que ha recibido la norma, el Gobierno ha recalcado que el texto solo está dirigido contra injerencias de países terceros, especialmente cuando afectan a la seguridad nacional y a los procesos electorales, estas amenazas solo aparecen de forma explícita en uno de los niveles de actuación que enumera la norma, por tanto no se puede excluir que supuestas campañas de desinformación españolas pudieran verse afectadas.
El texto contempla la involucración en la lucha contra la desinformación de agentes de la sociedad civil, como medios de comunicación, plataformas digitales, sector académico u ONG, pero tampoco concreta de qué modo.
Reporteros Sin Fronteras no solo considera que acciones contra las injerencias de países terceros deberían circunscribirse al ámbito de la Seguridad Nacional y no involucrar a la Secretaria de Estado de Comunicación, sino que echa de menos que en una iniciativa de lucha contra la desinformación no hayan sido consultados los actores de la sociedad civil antes de su redacción. La organización cree, además, que la participación del Ministerio de Educación -no contemplada en la norma- es clave en el caso de que se quiera abordar la desinformación más allá de la Seguridad Nacional, pues solo una sociedad formada en el discernimiento de lo que es información fiable y veraz es capaz de combatir un fenómeno tan complejo y sutil.
RSF también pide al Gobierno que demuestre su compromiso con la transparencia y publique datos sobre las campañas de desinformación que ha detectado contra España, respetando los límites de la seguridad nacional, pero cumpliendo con su deber informativo para con la sociedad y los medios de comunicación.
Aunque la Comisión Europea ha dado su respaldo al procedimiento aprobado por el Gobierno y lo enmarca dentro del plan de acción de la UE contra la Desinformación, Reporteros Sin Fronteras cree la norma sigue siendo imprecisa y potencialmente peligrosa para libertades fundamentales como la de información y expresión.
“La lucha contra la desinformación es un terreno lo suficientemente resbaladizo como para apoyarse en una norma tan sumamente difusa y ambigua. Llevamos demasiado tiempo denunciando en todo el mundo leyes que se amparan en la desinformación para atentar contra la libertad de prensa, como para no preocuparnos. El Gobierno no solo debe concretar todas las lagunas presentes en este procedimiento, sino corregir a la mayor brevedad esa visión según la cual la potestad para decidir qué es desinformación es suya. Vigilaremos muy de cerca la implementación de esta norma”, afirma Alfonso Armada, presidente de RSF España.
