La reforma de la ley de seguridad ciudadana -conocida popularmente como ley mordaza- ha suscitado unanimidad entre todos los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil con representación: sin fisuras, todos manifiestan su oposición a los cambios que pretende introducir el Ejecutivo. Pero dentro del propio Gobierno también hay grietas, teniendo en cuenta que la parte representada por Unidas Podemos no se conforma con los aspectos en debate y plantea la incorporación de nuevas medidas, como el uso de las pelotas de goma. Pese a todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pisan el acelerador. Fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli afirman que el trámite avanza rápido y verá la luz en los próximos meses.

Este miércoles tuvo lugar una ponencia en el Congreso de los Diputados en la que se avanzó en la articulación de la norma. La reunión no arrancó hasta pasadas las seis de la tarde -una vez concluido el Pleno- y se prolongó hasta entrada la noche. Según las fuentes consultadas por este diario, se avanzó en los diferentes puntos que incorporará la ley: "No habrá grandes cambios respecto a lo ya anunciado".

Policías y agentes denuncian que la nueva ley permitirá la difusión de imágenes de operativos en las que se les pueda identificar, un aspecto que consideran "crítico" en escenarios calientes, como País Vasco, Cataluña o Algeciras: "Pone en riesgo a nuestras familias", señalan fuentes policiales a este diario. También habrá una mayor flexibilidad con la celebración de manifestaciones espontáneas -los agentes consideran que puede afectar de forma directa a la seguridad ciudadana- y obliga a las fuerzas de seguridad a identificar al detenido en dos horas, en lugar de seis, además de dejarlo en el misma lugar donde se le capturó: "Nos convierte en taxistas".

Sindicatos y asociaciones representativas han manifestado al Ministerio del Interior sus quejas respecto a la nueva formulación de la ley. Sin embargo, el Gobierno no está en disposición de atender las cuestiones presentadas por los agentes; la gran movilización en la que participaron miles de policías y guardias civiles hace más de un año no ha modificado el espíritu de la reforma. Así lo aseguran fuentes parlamentarias a este diario tras la celebración de la ponencia de este miércoles. Tampoco parece que se puedan incluir la mayoría de las pretensiones planteadas por Unidas Podemos o por otros socios habituales del Gobierno.

Unidad de acción sindical

Policías y guardias civiles consideran que la reforma de la ley de seguridad ciudadana obedece a los acuerdos políticos del Ejecutivo con partidos independentistas o Unidas Podemos, a pesar de que éstos pretenden profundizar aún más en las reformas. "Denunciamos el total oscurantismo en torno a los acuerdos alcanzados por el grupo de trabajo y exigimos al ministro del Interior que de manera urgente informe a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los detalles de las reformas que se van a llevar a cabo en la citada Ley de Seguridad Ciudadana", afirma Aarón Rivero, secretario general del sindicato policial Jupol.

Ernesto Vilariño, secretario general de la asociación Jucil de la Guardia Civil, asegura que "si se menoscaban las funciones de los guardias civiles y de los policías difícilmente podremos garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger su libertad y dar el auxilio y el apoyo que necesitan los jueces y los tribunales de Justicia en defensa de la Ley". Desde la asociación añaden que hay "un aumento de las agresiones a guardia civiles y policías, en forma de
delitos de atentado con lesiones" y que esta propuesta "limita las actuaciones policiales, lo que provocará un aumento de la violencia hacia los agentes".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) también han manifestado sus inquietudes sobre las consecuencias de las reformas que se pretenden aplicar a la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde la Guardia Civil, también la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC). Todos ellos se movilizaron en unidad de acción en las protestas que tuvieron lugar hace un año.

En esferas parlamentarias, la reforma también se encuentra con la oposición de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno acelera para sacar adelante los cambios "a la mayor brevedad posible", indican fuentes políticas. Tras las ponencias, se debe reunir a la Comisión de Interior del Congreso para que se debata el nuevo contenido de la norma.

Por el momento no hay fecha para esa reunión, pero atendiendo al tiempo que le queda a la legislatura -finales de 2023-, el Gobierno debe acelerar los asuntos que aún tiene en cartera. Entre otros, la polémica reforma de la Ley Mordaza, que previsiblemente se encuentre con una nueva protesta en las calles de policías y guardias civiles.