Pedro Sánchez se guarda el as en la manga de acudir a la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat de Cataluña, como le exige su presidente, Pere Aragonès, si con ello logra evitar que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tumbe el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, admiten a Vozpópuli fuentes del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.
El jefe del Ejecutivo ha sacado de la agenda parlamentaria la carpeta catalana porque es “muy consciente” de que le desgasta políticamente en el resto de España, pero al mismo tiempo, matizan estas fuentes, sabe que los independentistas le están “esperando” en el Congreso tras el incumplimiento por parte del PSOE de su compromiso de proponer junto a Podemos una Ley de Vivienda que corrija la sentencia del Tribunal Constitucional contra el decreto ley aprobado por el Govern.
“Este es el típico tema que, aun sin ser deseo de ERC, se puede enconar porque Junts pel Cat le presiona para vincular mesa y presupuestos; y eso haría que embarranquen los presupuestos y la legislatura”, señala una fuente socialista conocedora de los contactos entre los dos gobiernos
Por eso La Moncloa no se atreve a descartar la presencia de Sánchez en la mesa, como demostró este jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en la cadena SER en la que, para explicar por qué no se va a modificar el Código Penal para reformar el delito de sedición, dijo que “la prioridad” para el Gobierno ahora es la “recuperación económica justa” y una creación de empleo robusta que haga olvidar la pandemia.
Si Sánchez no va a la mesa con Aragonès es probable que este tampoco acuda y la interlocución independentista quedaría en manos del vicepresidente Puigneró; es decir, de Puigdemont, cuyo interés es la unilateralidad y hacer descarrilar el diálogo
Pero, además, hay otra razón de fondo que lleva a Sánchez a sopesar esa cita con Pere Aragonès -“aunque sea para decir no al mantra de la autodeterminación y la amnistía”, señala un miembro del gabinete-: si la representación se rebaja con la ausencia del inquilino de la Moncloa, lo más probable será que el propio Aragonès tampoco vaya.
Palabras mayores porque, entonces, el peso de la interlocución independentista recaería en el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, de Junts pel Cat, que tiene hilo directo en Waterloo con Carles Puigdemont; y el ex president es el más interesado en que descarrile ese diálogo institucional en el que están empeñados ERC y en particular su líder, Oriol Junqueras.
En la parte socialista del Gobierno, en particular el PSC, se argumenta que la foto con Aragonès “nunca será la misma” que aquella otra con Quim Torra en Barcelona. Torra, en la misma línea que su mentor Puigdemont, no creía en el diálogo institucional y “autonomista”, mientras que ERC ya ha abandonado la vía unilateral hacia la independencia y aboga por normalizar las relaciones entre la Generalitat y el Estado, dicen los socialistas catalanes.
Los de Salvador Illa acaban de ofrecer a ERC apoyar sus presupuestos a cambio de que ellos hagan lo propio con las cuentas de Pedro Sánchez; en ese espíritu de normalización que rechazan tanto JxCat como las CUP, el otro socio del Govern, se enmarca la participación del Conseller de Economía, Jaume Giró, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
A la presión del independentismo catalán en el debate presupuestario se va a sumar la de Podemos para que el Gobierno tope el precio de la electricidad generada por las centrales nucleares y las hidroeléctricas
Lo cierto es que la aprobación de los presupuestos, que hace dos meses se antojaba casi segura, se ha ido complicando durante el verano y no solo por la agenda catalana. Unidas Podemos, en pleno tránsito de liderazgo de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, está radicalizando su discurso a lomos del malestar social por la subida del recibo de la luz o la falta de esa Ley de Vivienda que reclaman no solo ERC y Junts pel Cat desde hace meses.
Los morados lanzaron este jueves su, hasta el momento, mayor órdago al PSOE en esta materia: registraron en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía; algo que tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como la de reto tecnológico, Teresa Ribera, rechazan abiertamente. Podemos tiene a Ribera en su punto de mira tras haber dicho que las empresas eléctricas tienen que “empatizar” con la ciudadanía. A juicio de Podemos, solo metiendo presión a esas empresas se conseguirá que bajen el precio de un bien básico como es la electricidad.
Es más, en sintonía con el resto de grupos que apoyan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Podemos tiene intención de “condicionar” su apoyo final a los presupuestos a que estos contengan medidas concretas como el establecimiento de un precio máximo a la energía nuclear y un precio fijo a la electricidad procedente de hidroeléctricas amortizadas desde hace muchos años.
